Argentina: país receptor?. Aproximación a un fenómeno migratorio reciente

SUSANA NOVICK

STUDI EMIGRAZIONE

Centro Studi Emigrazione

Lugar: Roma; Año: 2004 vol. XLI p. 377 - 397

0039-2936

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la reciente emigración de argentinos - especialmente a Europa-, en el marco de la grave crisis económica y política que ha vivido nuestro país y que en diciembre de 2001 mostrara toda su dramaticidad. Si a la multiplicidad de las dimensiones mencionadas que constituyen el fenómeno, le sumamos el carácter de emergente de la actual crisis social, podremos visualizar las dificultades encontradas en la tarea de explicarlo. El estudio de todo fenómeno contemporáneo plantea retos mayores a los que normalmente angustian al investigador. El hecho de estar inmerso en la misma realidad que se pretende observar, analizar y explicar condiciona a priori los posibles hallazgos y aciertos del trabajo. Los obstáculos aumentan si a esta circunstancia le sumamos el hecho de que el conocimiento científico surge por análisis comparativo, y nuestro objeto de estudio es “novedoso”, y por lo tanto “incomparable”. Nuestra hipótesis global de trabajo sostiene que los fenómenos demográficos –en este caso las migraciones- son una variable dependiente de los procesos políticos. Nos preguntamos si será posible explicar y comprender un fenómeno – el demográfico- que por su propia naturaleza posee una gran inercia y muestra sus efectos en el largo plazo, a partir de la dimensión política que esencialmente es coyuntural, conflictiva y cambiante. Todos estos reparos, sin embargo, no impiden intentar una exploración descriptiva de las actuales tendencias migratorias en la Argentina. Si bien la temática opone ciertas resistencias a la investigación, involucra por otro lado, condiciones materiales y cotidianas de miles de seres humanos; condiciones de vida que el conocimiento científico tiene como una de sus responsabilidades mejorar. La historia de la evolución de la dinámica demográfica -desde fines del siglo XIX hasta nuestros días- y su relación con los cambios políticos analizados a través de la dimensión socio-jurídica del Estado han constituido el centro de nuestras preocupaciones y se han transformado en un fértil campo de estudio. Fertilidad no exenta de dificultades, en particular si se intenta realizar un análisis a través de largos períodos históricos relacionando la dinámica poblacional con las acciones concretas que los diferentes gobiernos formularon, así como los efectos de estas acciones sobre las variables poblacionales. Los expertos en el estudio de las políticas de población conectan la temática con diversos conceptos, entre otros: soberanía nacional, cooperación internacional, sistema de valores sociales, derechos humanos, modelos de sociedad y nuevo orden internacional (Miró, 1979, 1998, 1999; Macció, 1991; Villa, 1995; Bajraj, 1994; Reboratti, 1994). Las políticas migratorias tampoco escapan a la complejidad de la temática, no sólo derivada de los diferentes y múltiples factores que intervienen en la conformación del fenómeno migratorio (sociales, geopolíticos, laborales, culturales, económicos, religiosos, éticos, raciales, ecológicos, políticos, psicológicos y jurídicos), sino también de las diferentes instancias públicas que suelen involucrar dichas políticas. Los intereses concretos de los distintos actores sociales, las cambiantes situaciones internacionales, las dispares dimensiones ideológicas asociadas al ingreso de personas extranjeras y el egreso de compatriotas; nos permiten afirmar cuán difícil resulta aprehender la totalidad del hecho migratorio. Más aún, en relación con las políticas es preciso diferenciar entre políticas de admisión, políticas de control y regulación de flujos, políticas de integración y políticas hacia el retorno y la reinserción (Castillo, 2000). El clásico concepto de migrante (traslado definitivo o de largo plazo, cambio de actividad y recorrido de largas distancias) basado en el modelo de las migraciones transoceánicas de fines del siglo XIX, da paso hoy a un concepto mucho más dinámico y complejo que incluye un universo de diferentes movimientos territoriales. El más reciente panorama sociopolítico latinoamericano de fin del siglo XX, fuertemente afectado por la deuda externa, la inestabilidad política y las altas tasas de desocupación, conduce a relegar a un plano secundario los temas de población y a escasear los fondos de ayuda internacionales. Por otra parte, el surgimiento de las posturas antiestatistas llevó a que las políticas de población -tradicionalmente asociadas a los planes de desarrollo y a la planificación económico-social- dejaran de formar parte de la agenda política. Así, la aplicación de políticas económicas neoliberales ahondó la brecha entre países y también profundizó las enormes desigualdades entre clases sociales, entre regiones, e inclusive entre barrios de una misma ciudad. A modo de balance: si bien disminuye el ritmo de crecimiento de la población latinoamericana, no disminuye la pobreza (Macció, 1993; Villa, 1995; Benítez Centeno, 1999). Por su parte, Martínez Pizarro describe los escasos logros obtenidos en la aplicación de las políticas poblacionales, caracterizadas por indefiniciones, debilidad en sus contenidos y excesiva retórica. El autor resume los hallazgos obtenidos por la Octava Encuesta de las Naciones Unidas de 1999 sobre la posición y visión de los gobiernos de América Latina frente a la política de población. Si bien la mayoría de ellos declara que no existe una política explícita, reconocen la incorporación de la temática -incluida la perspectiva de género- en las tareas del desarrollo. Llama la atención el escaso rol desplegado por los parlamentos y las débiles iniciativas para elevar la capacitación de recursos humanos en el campo de la población (Martínez Pizarro, 2001). Dentro de este contexto debemos mirar las transformaciones acaecidas en los flujos migratorios latinoamericanos. Los especialistas describen tres patrones migratorios: a) la inmigración transoceánica, que muestra un agotamiento indeclinable; b) la migración intrarregional, que muestra una moderada intensidad y predominio femenino, y c) la emigración hacia los países desarrollados. Si bien Estados Unidos concentra las tres cuartas partes de los migrantes de la región, se percibe un nuevo patrón de carácter extrarregional, constituyendo España y Japón los destinos más dinámicos. Así, en la actualidad la región está exportando capital humano en condiciones de gran vulnerabilidad, con una creciente participación femenina y generando un importante flujo económico proveniente de las remesas. En síntesis, el fenómeno migratorio internacional exhibe una mayor complejidad por sus dimensiones, sus visiones y actores (Martínez Pizarro, 2003). En efecto, los estudios demográficos demuestran que el volumen del flujo desde América Latina hacia los países desarrollados ha ido creciendo y que la región se ha convertido en expulsora de población durante los últimos 30 años (Pellegrino, 2000, 2004; Martínez Pizarro, 2000). Este fenómeno adquiere mayor trascendencia si se lo complementa con la disminución observada en las corrientes inmigratorias de ultramar, la estabilización de los traslados interregionales y la decreciente fecundidad. Es decir, esta emigración conlleva un factor de erosión de recursos humanos con consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los países de la región (Bajraj, 2003). Las estadísticas y las proyecciones nos presentan un horizonte poco alentador. La cantidad de individuos que migran en el mundo ha ido en aumento, y es justamente el continente europeo el que se presenta como el destino más atractivo. El hecho demográfico se transforma en un hecho político, en negociaciones entre Estados soberanos donde surge claramente la asimetría entre el país expulsor y el país de recepción. El caso de Argentina y España es un ejemplo. Esta circunstancia ha hecho que la temática –tradicionalmente a cargo del Ministerio del Interior- tenga ahora en el Ministerio de Relaciones Exteriores su más fuerte interlocutor. También se ha convertido en un objetivo de lucha por parte de los emigrados, incluidos precariamente en el goce de los beneficios de un capitalismo desarrollado. A principios de la década del sesenta, el flujo de emigrantes aparecía fundamentalmente relacionado a los avatares políticos de nuestro país –sucesivos golpes de Estado- y, por lo tanto, podía considerarse como un fenómeno meramente coyuntural. En la actualidad, los movimientos migratorios de argentinos hacia el exterior están revestidos de un carácter mucho más constante y heterogéneo, asociados generalmente con la crisis económica y las altas tasas de desempleo. En relación con el crecimiento, la fecundidad ha bajado en forma permanente y los demógrafos sostienen que será muy difícil aumentarla a través de políticas pronatalistas. Así, el crecimiento poblacional argentino es década a década menor, cercano al reemplazo generacional. Por otra parte, un porcentaje alto de quienes emigran pertenece a la clase media y fue educado por el Estado argentino. Son emigrantes jóvenes –y por lo tanto con mayor potencia productiva y reproductiva- cuyas capacidades serán usufructuadas por los países desarrollados. Estas tendencias conducen a aumentar la brecha entre países pobres y países ricos. Ya en la Conferencia Mundial de Población de 1974, en Bucarest, se reclamaba un orden internacional más justo, y la Argentina planteaba que la solución de los problemas poblacionales debía realizarse a través del desarrollo económico y social. Frente a la imposición de metas cuantitativas, la posición argentina sostuvo que las migraciones debían ser consideradas como una política alternativa a la de control de la natalidad (Novick, 1999). Pero no sólo los aspectos demográficos resultan relevantes. Para los argentinos “gobernar es poblar”, frase que sintetiza el pensamiento de la elite que conformó nuestra nación hacia 1870, y aún hoy resuena como ideología asociada al progreso y la identidad nacional. Nuestra sociedad prosperó gracias a la inmigración y, si bien existieron a nivel gubernamental políticas migratorias coyunturalmente restrictivas hacia los inmigrantes limítrofes, también es verdad que la sociedad nunca fue más allá de los discursos retóricos o algunas acciones aisladas durante los gobiernos militares. Y la paradoja consiste en que habiendo sido un país de recepción, hoy es un país expulsor. Según los demógrafos, las sociedades van hacia un envejecimiento. Los países más desarrollados poseen una población más envejecida que el resto, pero los menos desarrollados harán su proceso de envejecimiento en un período mucho más rápido. La población europea está envejecida e Italia es el ejemplo más claro de dicho proceso. En este contexto las migraciones cumplirían un doble objetivo. Por un lado aliviarían las tensiones sociales y demandas contenidas en los países menos desarrollados, que hoy poseen un mayor volumen de población joven. Por otro lado, los países europeos recibirían un hálito de rejuvenecimiento que la composición de dicho flujo acarrearía. En esta doble función, las migraciones desde Latinoamérica hacia el continente europeo aparecen como funcionales al desarrollo de la economía mundial. Cómo explicar entonces la tendencia restrictiva de las políticas migratorias europeas. Ellas deben ser interpretadas como una estrategia para mantener precarizados a los inmigrantes; colocándolos siempre al borde de la ilegalidad, se constituyen en mano de obra vulnerable, dependiente y cuyos derechos sociales y recursos de protesta son disminuidos. A modo de balance podemos agregar que los trabajos estudiados coinciden en la inexistencia de información cuantitativa confiable, en la influencia de los acontecimientos políticos internos como factor determinante de la intensidad del flujo emigratorio, y en las profundas y negativas consecuencias que esta emigración produce en términos de capital humano valioso, capacitado por el país, que es luego aprovechado por los países desarrollados. Volviendo a nuestra hipótesis original que sostiene que los fenómenos demográficos son una variable dependiente de los procesos políticos, la historia de la evolución de los flujos emigratorios argentinos es una confirmación de dicha suposición. Así durante las décadas pasadas, el flujo de intelectuales, científicos y personas altamente calificadas se fueron del país en ocasión de los golpes de Estado militares. Asimismo, la emigración reciente de argentinos a partir de la década del noventa y más intensamente a partir de la grave crisis del 2001, también puede ser considerada una ratificación. Es que el modelo vigente impulsado por los sectores económicamente concentrados y transnacionalizados necesita expulsar población para reducir el consumo interno y aliviar las demandas sociales, en algunos casos protestas de alto contenido crítico y cuestionadoras de las bondades del modelo neoliberal. Los flujos migratorios desde Latinoamérica hacia el continente europeo deben analizarse en el contexto de una nueva división internacional del trabajo y un cada vez más injusto orden internacional. Por un lado se aplican reformas y ajuste económicos que traen como consecuencias profundas crisis sociales de empobrecimiento, elevadas tasas de desocupación, fragmentación y exclusión. Estas mismas consecuencias promueven el contexto de expulsión. Las personas recurren a la migración como una estrategia de supervivencia ante la crisis. Pero los países industrializados, poderosos económicamente y responsables de las medidas de ajuste y reforma, ante la llegada de los migrantes de los países en crisis pretenden cerrar sus fronteras y considerar al fenómeno como un problema policial al que hay que resolver con meros controles legales. En el caso de la Argentina resulta sorprendente la ambivalencia del Estado: muchos años diseñó políticas restrictivas en relación a los migrantes originarios de países limítrofes con resultados poco satisfactorios y a la hora de “solucionar” el fenómeno de la emigración de argentinos, intenta mediante acciones de la diplomacia “proteger” a sus ciudadanos en el exterior, también con resultados poco satisfactorios. La sociedad civil sufre el hecho traumático de perder su identidad de país rico y generoso, abierto a todos los hombres del mundo que quieran habitar su suelo. Por el contrario, se ha transformado en expulsor de jóvenes que procuran en otros países las oportunidades laborales que la Argentina no ofrece. Migrar es un derecho humano esencial y así lo garantiza la nueva ley migratoria argentina sancionada en diciembre de 2003. Pero también constituye un derecho humano la posibilidad de vivir en el lugar en el que hemos nacido y en el que se encuentran nuestras raíces culturales. El Estado debe asegurar que los ciudadanos no sean excluidos o expulsados de su propia sociedad por adversas e injustas condiciones sociales, políticas o económicas. Y por otra parte, no resulta alentador que los gobiernos conciban a la emigración como una “solución” que descomprime protestas y demandas sociales frente a situaciones críticas. La emigración de personas jóvenes y algunos de ellos con elevada capacitación educativa desde Latinoamérica hacia los países desarrollados profundiza el grado de inequidad del orden internacional vigente y consolida las desigualdades en términos de calidad de vida y nivel de desarrollo.