LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE SAN JUAN:

EDUARDO ALEJANDRO GARCIA

Río Cuarto

Congreso; VI Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste Argentino.; 2005

Facultad de Filosofía y Humanidades

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE SAN JUAN: UNA EVALUACIÓN GENERAL                                                                                               Alejandro García San Juan tiene un patrimonio arqueológico de valor excepcional. Pero estos recursos han estado relativamente desprotegidos y han sido objeto permanente de actividades no profesionales. Generalmente, las críticas han recaído de manera exclusiva sobre los coleccionistas de bienes arqueológicos. Sin embargo, una mirada más amplia permite abordar el problema de una manera integral, evaluar la responsabilidad de otros agentes involucrados en el manejo, estudio y protección del patrimonio arqueológico, y elaborar un diagnóstico de situación más real. En el ámbito de la normativa legal, el mayor avance de los últimos tiempos consistió en la promulgación de una ley provincial (Nº 6.801) destinada a regular la protección del patrimonio arqueológico y natural. Más allá de los errores e inconvenientes de esta norma debe rescatarse fundamentalmente el intento de implementar acciones organizadas con el objetivo de salvaguardar el patrimonio local. Entre otras disposiciones, esta ley exigía la inscripción e inventario de las colecciones privadas. Esta obligación fue parcialmente cumplida y en cierto modo pudo servir como elemento de evaluación de la predisposición de los coleccionistas a respetar la nueva legislación. Además, rápidamente se pusieron al descubierto otros aspectos del problema: la falta de mecanismos coercitivos para lograr el cumplimiento de la ley y la conveniencia de no considerar “en bloque” a los coleccionistas, sino de manera personalizada. Pero más allá del “encauce” de las conductas de algunos particulares, es importante no perder de vista a los otros agentes principales involucrados en el problema: el Estado y la Universidad. Gran parte del avance del accionar de personas no especializadas sobre el patrimonio arqueológico se debe al ausentismo y permisividad de estos organismos. Los gobiernos provinciales y municipales han colaborado de varias maneras a la situación actual, a veces dictando normas sin una discusión previa abierta y suficiente, y sobre todo desentendiéndose de su obligación de educar a la sociedad sobre el valor y características del patrimonio arqueológico y sobre la responsabilidad social de su protección. En general, tampoco se han realizado las acciones y controles adecuados en casos de emprendimientos económicos de gran envergadura. Afortunadamente, también se han registrado algunas excepciones interesantes. Finalmente, el ámbito universitario sanjuanino, a través de sus dependencias específicas, no ha sabido encontrar los caminos apropiados para contribuir a la protección del patrimonio arqueológico. A la falta de formación de recursos especializados y de oferta de vías institucionales idóneas se ha sumado ocasionalmente la falta de colaboración con el poder político, un accionar muy discutible en algunos casos vinculados con el registro y protección de recursos arqueológicos y un aval a ciertas actitudes erróneas de algunos de sus miembros. A fin de contribuir a la identificación de los principales obstáculos para la protección patrimonial y a la elaboración de propuestas encaminadas a trascenderlos, en esta comunicación se analizarán ejemplos específicos relacionados con la actividad de los sectores sociales mencionados y se realizará una evaluación general del tema.