IIGHI   05432
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS
Unidad Ejecutora
congresos y reuniones científicas
Título:
Dos conflictivos procesos formoseños: la organización del peronismo local y la autonomía provincial
Autor/es:
HUGO HUMBERTO BECK
Lugar:
Santa Fe
Reunión:
Congreso; Noveno Congreso Nacional de Ciencia Política; 2009
Institución organizadora:
Sociedad Argentina de Análisis Político
Resumen:
Dos conflictivos procesos formoseños: la organización del peronismo local y la autonomía provincial Hugo Humberto Beck La evolución jurídica-política que condujo a los Territorios Nacionales, creados en el último cuarto del siglo XIX y organizados mediante la Ley 1532 en 1884, es tema que desde algunos años ha suscitado un renovado interés historiográfico, tanto por estudiosos de la historia patagónica como de investigadores del norte de la República. Se han planteado diversas observaciones a la citada norma legal, la que con el transcurso del tiempo y la evolución económica y demográfica de estos enormes espacios geográficos, mostraba falencias cada vez mayores para la administración de los mismos; se puso de manifiesto la demora del gobierno nacional en otorgar la autonomía política a territorios que hacía décadas reunían las condiciones para lograrla; se estudiaron los frustrados intentos por otorgar la autonomía; se debatió acerca de las movilizaciones a favor de la provincialización y de los intereses políticos acerca de la misma, y se escribieron numerosos artículos sobre la actitud del peronismo al respecto, en virtud de que fue durante su hegemonía cuando tal proceso se llevó a cabo. El presente trabajo refiere el origen del peronismo formoseño, que a poco de nacer sufrió el enfrentamiento de dos grupos internos por cuestiones ideológicas, y explica el difícil camino –con avances y retrocesos- hacia la plenitud de los derechos de los formoseños. La participación política de los ciudadanos y de los extranjeros estuvo limitada –como en todos los territorios- a las elecciones municipales de la localidad de Formosa, capital del territorio y única ciudad que gozó de municipio electivo desde fines del siglo XIX hasta 1933, año en que fue decretada la creación de la municipalidad de Pozo del Tigre, localidad del oeste formoseño. Recién en 1950, cuando restaba un año para la provincialización, fueron creados los municipios de Clorinda, Pirané y Las Lomitas manteniéndose el número de cinco municipalidades hasta el año de la autonomía. Los orígenes del peronismo formoseño han sido estudiados por historiadores locales, quienes destacaron la labor de los fundadores del movimiento y de la difusión del ideario justicialista por medio de varios periódicos locales. Las disputas internas dieron lugar a interesantes análisis. Especialmente el enfrentamiento entre los autodenominados “peronistas históricos” y el gobernador Rolando Hertelendy designado por el presidente Perón en 1946. Estos primeros peronistas habían asumido las consignas políticas pregonadas por Perón y las difundían en todo el territorio formoseño. Entendían al peronismo como “revolucionario y antioligárquico”, al tiempo que levantaban las consignas de la “justicia social”, reivindicando así los derechos de los trabajadores. En sus notas periodísticas utilizaban frecuentemente términos y frases tales como “revolución nacional”, “reforma agraria” a favor de los sectores populares y de la “masa descamisada de Formosa”. Hertelendy fue cuestionado por su condición de rico ganadero y acusado de escasa popularidad y de carecer de formación peronista. Otra polémica entre los historiadores locales surgió a partir de diferentes interpretaciones sobre el proceso de provincialización. Dos cuestiones fueron objetos de debates: en primer lugar si se trató de una movilización masiva o sólo de un pequeño grupo interesado; y en segundo lugar si fue espontánea o provocada por el gobierno nacional encabezado por Perón. El historiador Alejandro Cecotto contemporáneo de los sucesos expuso, a pocos años de la autonomía, su impresión de que la misma se logró en contra de la opinión de los antiguos residentes, fundando esta posición en el temor por mayores impuestos que habría invadido a los productores rurales y comerciantes. Fernando Casals, ex comisionado municipal de Formosa, miembro de la comisión pro-provincialización e historiador sostiene la tesis –luego continuada por la mayoría de los estudiosos locales- de que se trató de una manifestación espontánea, jubilosa y homogénea, pues el pueblo relegado hasta entonces veía en ello la posibilidad de ser dueño de su destino y de tener por fin a un gobernador formoseño elegido popularmente. El periodista y estudioso del pasado formoseño Juan José Filippa sostiene que esa voluntad popular comenzó a tomar forma por el acompañamiento de un militar formoseño, el coronel Martín Carlos Martínez, quien se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno nacional, y asesoró a los vecinos a formar la junta pro-provincialización y realizó las gestiones necesarias para hacer viable su solicitud. Orlando Raúl Aguirre, historiador vocacional, dirigente peronista y ministro de educación de la provincia en la década de 1990, adhiere a la idea expuesta por Filippa y relata detalladamente el proceso que culminó en la autonomía. Por último, un exhaustivo estudio de Gabriela Alucin expone la tesis de que la provincialización de Formosa fue producto de la decisión del gobierno nacional, no de la intervención mayoritaria de la población territoriana; que en ese proceso sólo intervinieron los sectores ligados al peronismo, sin participación de otras expresiones políticas, y que la movilización popular a favor de la provincialización no fue voluntaria sino organizada por el gobernador del territorio. Conclusiones: la Ley 1532 que organizó a los Territorios Nacionales creó divisiones administrativas provisorias –“provincias en embrión”- destinadas a lograr su autonomía cuando cumplieran con el requisito demográfico establecido. El paso gradual hacia la autonomía provincial, previó la práctica política de los ciudadanos en el limitado marco de los concejos municipales en las localidades que superaran los mil habitantes, y más tarde, en la elección de sus legislaturas locales en territorios que contaran con más de 30.000 pobladores. Esta última disposición nunca se cumplió en ninguna gobernación, y el gobierno nacional demoró por décadas la provincialización de varios de ellos después que los mismos superaran los 60.000 habitantes exigidos para poder tomar tal decisión. Aunque a partir de 1920 diputados y senadores radicales, socialistas y conservadores presentaron al Congreso varios proyectos de ley tendientes a otorgar autonomía a determinados territorios nacionales, los mismos fueron escasamente considerados y no lograron sanción. Fue recién durante la época peronista cuando ocho territorios nacionales se incorporaron al concierto de las divisiones políticas del mapa argentino. Sin embargo, el proceso de concesión de autonomías presentó marchas y contramarchas o actitudes en apariencias ambiguas o confusas por parte del oficialismo. Así, la provincialización del Chaco y de La Pampa (1951), largamente solicitada por diversas organizaciones de los mismos, fue acelerada y otorgada abruptamente a partir de una solicitud de Eva Perón a la presidencia del Senado. Aunque en la oportunidad los legisladores radicales propusieron que la medida se hiciera extensiva a todos los territorios en condiciones –Misiones, Río Negro, Formosa, Neuquén y Chubut- el oficialismo prefirió actuar gradualmente. De todas maneras, poco antes se habían ampliado los derechos políticos de los territorianos concediéndoles la facultad de elegir al presidente y al vicepresidente de la República –prevista en la Constitución de 1949- y a los delegados territoriales a la Cámara de Diputados instituidos en la Ley Electoral Nº 14.032 sancionada el 11 de julio de 1951. Curiosamente, en pleno proceso de provincialización, el Congreso Nacional sancionó una nueva ley de Territorios -14.315 promulgada el 31 de agosto de 1954- modificatoria de la Ley 1532 de 1884, cuyo proyecto fue impulsado  -entre otros- por los delegados de Formosa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Misiones,  Tierra del Fuego y Comodoro Rivadavia. Por fin se otorgaba a los territorianos el derecho a elegir a su gobernador y a sus legisladores locales, aunque el presidente de la Nación se reservaba la facultad de remover al gobernador cuando éste desempeñara sus funciones contraviniendo a la Constitución Nacional, o a esta ley y por notoria inconducta. Al mismo tiempo, la norma estableció como exigencias para la autonomía provincial, contar con medios económicos y condiciones sociales que permitieran sostenerla y atender a las necesidades de su población. Nuevamente la minoría radical solicitó la provincialización de los territorios que reunían las condiciones, pero se impuso el criterio diferente de la mayoría oficialista. Igualmente, en varios territorios –Formosa, Río Negro y Neuquén- el peronismo –bajo el supuesto de que el gobierno ya había interpretado lo que el pueblo quería- promovió la movilización de los pobladores para que fueran éstos quienes solicitaran la autonomía. En realidad, esta supuesta marcha masiva, espontánea y popular tuvo más caracteres de acción conducida desde los sectores vinculados al gobierno y contó con activa participación de la dirigencia peronista. De este modo, las comisiones pro-provincialización de Formosa y Río Negro fueron recibidas por el presidente Perón, quien luego de escuchar sus solicitudes, tomó la medida –que seguramente ya tenía decidida- de enviar el proyecto de provincialización de estos dos territorios y también los de Neuquén, Chubut y Santa Cruz (1955). La organización del partido peronista en Formosa se inició tempranamente por un grupo de militantes entusiasmados por la justicia social promovida por Perón. Sin embargo, la heterogeneidad del nuevo movimiento político provocó en Formosa similares conflictos que en otros distritos. Estos “peronistas de la primera hora” vieron defraudadas sus expectativas cuando el presidente Perón designó gobernador a un miembro de la burguesía terrateniente ganadera, Rolando de Hertelendy. Los medios periodísticos que propalaban el ideario peronista cuestionaron en duros términos la condición “oligarca” del mandatario y su escasa formación peronista. Llegaron incluso a solicitar el nombramiento de un gobernador peronista, relegando a un segundo lugar la vieja bandera de un gobernador nacido en Formosa. Una tregua en este enfrentamiento significó la designación de Arturo Iglesias Paiz, un entrerriano que supo aplicar en Formosa la política social del justicialismo y que condujo al territorio hacia su autonomía provincial.