INVESTIGADORES
SEGURA Maria soledad
libros
Título:
¿Cómo evitar que las políticas de comunicación sean capturadas por las élites? Las instituciones estatales participativas de políticas de comunicación creadas en América Latina entre 2000 y 2015
Autor/es:
SEGURA MARIA SOLEDAD; LINARES ALEJANDRO
Editorial:
EDUVIM
ISSN:
978-987-707-047-7
Resumen:
Históricamente, las políticas de comunicación en todos los países latinoamericanos han sido capturadas por élites económicas y políticas (Fox y Waisbord, 2002; Márquez y Guerrero, 2014; entre otros/as). Se puso en evidencia, asimismo, que esto implica una enorme desigualdad durante el proceso de formulación de políticas públicas porque no participan organizaciones cívicas (Segura y Waisbord, 2016). Estas políticas han dado por resultado sistemas mediáticos hiper-concentrados y comerciales, con la producción centralizada en pocos centros urbanos y sostenidos por publicidad y beneficios gubernamentales; medios públicos inexistentes o pobres, con escasa audiencia y credibilidad; y medios populares que subsisten en muchos casos en la ilegalidad o restringidos en su desarrollo. (Becerra y Mastrini, 2017) Otras características históricas de la comunicación pública en América Latina son las llamadas leyes mordaza que penalizan las figuras de desacato, difamación, calumnias e injurias, y fomentan la censura previa; las prácticas secretistas de gobiernos y empresas en el manejo de la información pública; y los ataques a trabajadores de prensa. (Loreti y Lozano, 2014)Por lo tanto, se comprobó que los resultados de estas políticas capturadas por elites también incrementaron y consolidaron la desigualdad en las posibilidades de acceso y participación de la comunicación pública (Graziano, 1988; Linares, Segura y otras, 2016). Por el contrario, configuran una esfera pública que reproduce las desigualdades existentes (sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, de género, de orientación sexual, de generación) al interior de cada país y entre las diferentes naciones. En tanto, los derechos a acceder a información y expresarse libremente en el espacio público son condición necesaria para el goce, ejercicio y ampliación de otros derechos civiles, políticos y sociales. Por eso, la democratización de la comunicación es imprescindible para la democratización social y para un estado y gobierno democráticos. (Mata, 2006; Fraser, 2006; y otros/as)Los primeros 15 años del siglo XXI mostraron en la región procesos inéditos de activismo estatal y social en materia comunicacional contrarios a la tendencia histórica. Se reformularon leyes de comunicación (se sancionaron 17 leyes de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, 11 de acceso a la información y 9 de libertad de expresión ?eliminación del desacato, despenalización de calumnias e injurias, etc.-) y, en la mayoría de los casos, eso se realizó con participación ciudadana. Estos procesos implicaron, en cierta medida, el paso de las políticas de comunicación capturadas por élites a políticas participativas. (Segura y Waisbord, 2016)En estas nuevas leyes de comunicación las organizaciones sociales lograron la creación de instituciones estatales con participación ciudadana para el debate, definición, e implementación y control de las políticas de comunicación. Así, pretendían institucionalizar y hacer perdurar en el tiempo la práctica de participación e incidencia social en estas políticas, y evitar o limitar su captura por parte de élites gubernamentales y empresariales.En México, Ecuador, Argentina y Uruguay, países con características diversas y que atravesaron diferentes procesos políticos en esos años, la mayoría de las nuevas normas creó instituciones estatales de participación ciudadana para la propuesta y el seguimiento de políticas del sector.En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció en 2009 un Consejo Federal deComunicación Audiovisual, un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, un ConsejoHonorario de Medios Públicos y una Defensoría del Público; y la Ley Argentina Digital sumó en 2014 el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación creó en 2013 un consejo consultivo multisectorial dentro de la autoridad de aplicación. En 2014, la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, Radio y Televisión de México estipuló un consejo consultivo dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones y creó un consejo similar de los medios públicos federales.La Ley de Comunicación Comunitaria de Uruguay creó en 2007 el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y la Comisión Honoraria Asesora Independiente; la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció en 2014 la Comisión Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, otra comisión para los medios públicos, y una Defensoría del Público; y en 2008, la Ley de Acceso a la Información Pública creó un consejo consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública.Algunas de estas instituciones no llegaron a implementarse, otras fueron puestas en marcha tarde oparcialmente; de las que funcionaron, algunas lo hicieron con regularidad, y otras fueron desfinanciadas,derogadas o reemplazadas. El tiempo transcurrido desde su creación permite evaluar su aplicación. Si bien se registran algunos análisis preliminares de su funcionamiento (Linares, 2014 y 2017; Segura, 2015 y 2018; Retegui, 2017) y de su impacto en los sistemas mediáticos (Segura, Linares y otras/o, 2018), aún no se realizaron estudios integrales ni comparativos como el propuesto.Problema: ¿En qué medida las instituciones estatales participativas creadas por las leyes de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y acceso a la información sancionadas con participación social entre 2000 y 2015 en México, Ecuador, Argentina y Uruguay, lograron (o no) instalar la incidencia efectiva de organizaciones cívicas en la formulación de políticas para evitar o limitar su captura por las élites políticas y económicas?Proponemos un análisis comparativo de alcance regional con los siguientes objetivos:1) Verificar la captura de las políticas de comunicación pre-existentes y sus efectos en la desigualdad de acceso y expresión en la comunicación pública;2) Evaluar el diseño normativo, implementación y funcionamiento efectivo de las instituciones participativas creadas entre 2000 y 2015 por las leyes de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y acceso a la información en México, Ecuador, Argentina y Uruguay; y3) Formular recomendaciones de diseño normativo, modalidades de implementación y acciones a desarrollar por instituciones estatales participativas de políticas de comunicación analógica y digital.Hipótesis: Las instituciones estatales participativas creadas por leyes de comunicación sancionadas con participación social en México, Ecuador, Argentina y Uruguay entre 2000 y 2015 no lograron asegurar la incidencia ciudadana en políticas de comunicación, sino que quedaron subsumidas dentro de la negociación partidaria y/o las alianzas políticas dependientes de disputas generales. Esto impidió que desarrollen, con cierta autonomía, una dinámica propositiva que enfrente la resistencia de las élites gubernamentales y empresariales a la implementación de reformas. Sin embargo, sí consiguieron realizar algunas iniciativas que limitaron o suspendieron circunstancialmente la captura de las políticas de comunicación por las élites.Se esperan los siguientes resultados del proyecto: Una sistematización a nivel regional de los modos en que las élites políticas y económicas realizan lacaptura de las políticas de comunicación, y de sus efectos en las desiguales posibilidades de participación en la esfera pública de diversos sectores sociales. Una mayor comprensión, empíricamente fundada, de la medida en que los diseños normativos, los modos de implementación y el accionar de las instituciones estatales participativas, en determinados contextos socio-políticos e históricos, permiten efectivamente (o no) evitar, atenuar o equilibrar la captura de las políticas de comunicación por las élites. Un listado de recomendaciones sobre maneras de potenciar y mejorar los resultados de estas instituciones estatales participativas de políticas de comunicación, en base a la investigación desarrollada. Mayor conocimiento y propuestas aplicables también a instituciones estatales participativas de otras áreas de políticas públicas.Asimismo, se espera con esto, contribuir a la producción del siguiente impacto: Participación ciudadana fortalecida en políticas de comunicación y, por lo tanto, captura reducida de las políticas de comunicación por parte de las élites. Políticas de comunicación que garanticen el derecho a la comunicación y, por ende, sistemas de comunicación pública más equitativos y democráticos.LIBRO EN EVALUACIÓN - ISBN REAL PENDIENTE