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En el año 2006 se sancionó la ley 26160 que declaró la emergencia en materia de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país (art.1) y suspendió la ejecución de los desalojos en un plazo estipulado (art. 3). Su implementación requirió de una serie de medidas jurídicas e institucionales, entre ellas, la creación de un registro de comunidades a nivel nacional, el relevamiento técnico jurídico catrastal de la situación dominial y un presupuesto para llevarlo a cabo. Por diversas razones, estas disposiciones no llegaron a completarse y en el año 2017 se prorrogó su ejecución por cuatro años más (hasta noviembre de 2021).Este trabajo presenta un análisis preliminar sobre los efectos prácticos de dicha legislación. Es decir, su implementación en los territorios indígenas (relevamientos realizados, adjudicaciones, titularizaciones) y las dificultades que acontecieron, fundamentalmente, en el alcance territorial y el derecho a autoconsulta y autodeterminación de los pueblos (Convenio N° 168 de la Organización Internacional del Trabajo). En efecto, se han registrado numerosos conflictos etnopolíticos entre las comunidades indígenas y el Estado que tienen como eje las distintas prácticas y reproducción de la vida en los territorios y la lógica racional burocrática de esta norma.Para lograr estos objetivos se utilizaron informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) e instituciones locales y legislaciones disponibles para pueblos indígenas. También se recurrió a fuentes periodísticas y entrevistas a representantes estatales.