LOS DESAFIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL FRENTE A LA COMPLEJIDAD DEL TERRITORIO PESQUERO FLUVIAL. EL CASO DE LOS PESCADORES DEL GRAN ROSARIO, SANTA FE

LISANDRO ARELOVICH

Paraná

Jornada; XIII Bienal del Coloquio Transformaciones Territoriales; 2021

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Entre Ríos (Uner)

Este trabajo persigue por objetivo evaluar las limitaciones de las actuales políticas públicas de ordenamiento territorial (OT) para el caso del territorio pesquero fluvial de la provincia de Santa Fe, Argentina. Para abordar ese objetivo primeramente se realiza una descripción analítica de la aparición en la historia reciente de las políticas públicas de ordenamiento territorial para el caso de Argentina y la provincia de Santa Fe y se indaga sobre la adecuación de los debates respecto al concepto de territorio. Posteriormente se desarrollan las principales características del territorio pesquero fluvial para comprender la complejidad particular del mismo, analizando a su vez sus dimensiones multiterritoriales, para ello y se describen las trasformaciones a las que este multiterritorio está sometido en los últimos 30 años y se evalúan sus afectaciones sobre las pesquerías. Para concluir se desarrolla una pormenorizada descripción del sector de la pesca artesanal en clave territorial para reflexionar sobre los desafíos futuros pendientes para el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho al territorio pesquero fluvial.El OT como cualquier ?herramienta de gestión?, en este caso de gestión sobre los ?territorios?, tiene sus metodologías aplicadas, sus bondades y sus insuficiencias a perfeccionar. La creación de organismos públicos que nuclean y coordinan el mapeo de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), comenzó en 1999 en Argentina con la posterior creación de IDERA (Infraestructura de datos espaciales de la república Argentina) y en 2006 en la provincia de Santa Fe, con la creación del IDESF (Infraestructura de datos espaciales de Santa Fe. Las IDE son un insumo fundamental para las políticas de ordenamiento territorial. En Santa Fe, siguiendo este hilo histórico, en el año 2017 se crea el Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (CIOT). Es un organismo incipiente que viene dando sus primeros pasos y en este artículo mostraremos las limitaciones y desafíos que tiene por delante la gestión pública para abordar la complejidad de territorio pesquero. Su expresión a nivel nacional de similares características es la ?Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En argentina las leyes de presupuestos mínimos, incluida la ley de preservación ambiental de bosques nativos (N° 26.331), la ley para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar (N° 26.639) sancionadas en el 2007 y 2010 respectivamente son un antecedente de importancia. Para este caso en particular los proyectos de ley de humedales, ampliamente debatidos pero aún no aprobados junto con otros proyectos de la ley de presupuestos mínimos como la que refiere a los Territorios Perirurbanos Productivos conforman una cuerpo de importancia en las políticas públicas de OT.El creciente auge teórico vinculado a lo que se denomina el giro espacial en ciencias sociales o giro cultural en la geografía dan cuenta de la centralidad e importancia que el concepto de territorio viene teniendo. Así es que autores provenientes de la geografía crítica como Harvey (1996), o filósofos volcados al abordaje de la espacialidad como Lafebvre (1991) se han convertido en los más citados en amplios campos de las ciencias sociales. El concepto de territorio tiene una enorme potencia analítica-interpretativa, por ello la conceptualización del término es tan rica y diversa. Pero detrás de esa diversidad hay asimetrías de poder, jerarquías de escalas y estrategias de visibilización e invisibilización de diversas dimensiones de análisis. Es por ello que las prácticas espaciales en torno al control y las apropiaciones, incluyendo los procesos de desarraigo y desmantelamiento de relaciones territoriales han sido definidas por Haesbaert (2004 y 2018) empleando las nociones de territorialización, desterritorialización, reterritorialización y multiterritorialidad. Para no agregar más definiciones a las ya extensas publicaciones y teorizaciones que existen y vienen proliferando sobre el concepto de territorio, para este caso se decide definir simplemente el territorio como multiterritorio, con su multidimensionalidad y multiescalaridad. Es justamente esta totalidad multiterritorial que le da al territorio una potencia analítica novedosa respecto a otros análisis y abordajes tanto de las ciencias sociales como de las ciencias físico-naturales que recortan y aíslan sus objetos de estudios de manera que invisibilizan una cantidad de relaciones interdependientes no menores, así como de puntos de vista e imaginarios diversos. Esta idea central nos posibilitará entender el concepto de multiterritorialidad. Las multiterritorialidad une a todos los territorios a través de la multidimensionalidad y por medio de las escalas geográficas, que pueden ser representadas como capas sobrepuestas en que una acción política se desdobla en varios niveles y escalas: local, regional, nacional e internacional. (Fernandes, 2006). El estudio sobre la diversidad de los territorios no es una novedad. Varios otros estudiosos del territorio ya escribieron sobre este tema como Gottmann (1973), Lefebvre (1991) Santos (1996 y 2002) y muchos más. Según Fernandes (2008), las políticas de dominación y resistencia utilizan el concepto de territorio, para definir tanto las áreas geográficas en disputa como para delimitar las disputadas, en donde el sentido de la disputa está en la esencia del concepto de territorio, que contiene como principios la soberanía, la totalidad, la multidimensionalidad, la pluriescalaridad, la intencionalidad y la conflictualidad. Desde esta perspectiva existe entonces un pluralismo territorial, en el sentido de territorios en disputa dentro del territorio. La manifestación de las intervenciones espaciales es por lo tanto producto de la intersección y confrontación de proyectos territoriales divergentes, y de la materialización de imaginarios político-económicos y socio-ambientales de determinados actores sociales. Son las construcciones sociales a través de las cuales los actores definen e intentan configurar su territorio deseado. Los proyectos se superponen, generando un pluralismo territorial con configuraciones que se solapan, interactúan y, en muchos casos, se disputan el mismo espacio bajo diferentes contenidos simbólicos, sociales y materiales.Antes que nada debemos destacar que en los últimos 30 años el sector costero-ribereño del Gran Rosario ha experimentado grandes transformaciones. Transformaciones políticas, económicas y socioculturales que se expresan materialmente en los territorios. En este marco la ausencia de legislación y políticas públicas que preserven el territorio pesquero es un hecho que se destaca. Las ciudades, como es el caso de Rosario, se ofrecieron como lugares atractivos para la inversión directa de los capitales y surgió un urbanismo de diseño proyectual acorde a las nuevas tendencias de las políticas públicas que evidenciaban el lucro inmobiliario-empresarial por sobre otras dimensiones proyectuales. Así las transformaciones espaciales de la ciudad combinaban la planificación pública con la inversión privada y concebían a la gestión urbana bajo una matriz empresarial. Frente a esto, los pescadores artesanales, eran parte de los actores que habitaban la zona que se revalorizó. Y por lo tanto las pesquerías artesanales, han sido un actor invisibilizado por muchos sectores, estigmatizado para otros y cuyo futuro desenvolvimiento corre importantes riesgos de desaparición parcial o total. La pesca artesanal en el Gran Rosario, así como en el resto de los ríos de llanuras argentinos, se enmarca en su fase de captura y en algunas cadenas de comercialización dentro de la economía popular o informal. Y si bien existen marcos legislativos provinciales (para el caso de Santa Fe y Entre Ríos), la legislación se centra en los procesos de control y regulación (veda, talla, licencias) de la actividad en lo que respecta al inicio de la cadena de valor. La legislación nacional por su parte pone el foco en el otro extremo de la cadena de valor, limitándose a regular los ?cupos de exportación? para los frigoríficos. Y si bien la ley Nacional ?de reparación histórica de la agricultura familiar? (Ley 27.118) amplia derechos entre los pescadores artesanales, lo hace de forma genérica sin tener en cuenta las particularidades de este sector. Por este motivo es de destacar que no existe, hasta la fecha de esta publicación, ninguna legislación Municipal, provincial o nacional respecto al resguardo y promoción de los derechos territoriales pesqueros fluviales. No hay garantías de derechos sobre el uso del espacio para la pesca. Cuando se habla de territorio pesquero, se refiere al territorio necesario y multidimensional que la actividad requiere desde su concepción más compleja y abarcativa. Así pues, el espacio que precisan las pesquerías artesanales si se lo analiza en su complejidad socio-ecológica excede ampliamente las áreas de captura propiamente dichas. La actividad pesquera requiere de áreas de pesca, denominadas ?Canchas? para la pesca con trasmallo, pero también precisa de lugares de embarque y desembarque seguros, permanentes y ocasionales. Las áreas de embarque son muy importantes como interface fluvial-terrestre ya que allí se guardan las embarcaciones, se comercializa, se espera largas horas entre lances o a la espera de la mejoría del clima cuando las condiciones son adversas. La distancia entre lugar de embarque y áreas de pesca es clave, ya que el gasto en combustible es un factor importante en la ecuación económica del pescador. A su vez existen lugares de embarque transitorios para cuando las jornadas de pesca requieren de más horas de traslado o incluso pernoctar en las islas si se trata de jornadas de más de un día. Las migraciones transitorias de los pescadores artesanales en busca de los lugares de mayor pique, como ser la migración de Rosario a Puerto San Martin, en la época de la boga, precisa de disponer de lugares para ?ranchear? en la isla durante las jornadas de pesca y lugares de acceso a costa en las cercanías para entregar los pescados a los intermediarios, con los riesgos que implica la demora en la entrega si no se respeta la cadena de frío y la conservación, una particularidad no menor de esta actividad. A su vez el agua como territorio para la pesca fluvial puede segmentarse en áreas de pesca como mencionamos (Ejemplo canchas para la pesca de arrastre con trasmallo). Y estas áreas han sido estudiadas como bien común o comunitario (Ferrero 1998, 2012 y; Ferrero y Arizpe Ramos 2015), ya que la gestión de uso, mantenimiento y turnos se gestiona de formas comunitarias-informales entre los propios grupos de pescadores. Sin embargo el recurso pesquero (el fruto de la pesca), para el caso del Delta del Paraná es un bien de los Estado Provinciales a partir de la reforma constitucional de 1994. En paralelo, las costas y los ríos navegables quedan supeditadas para el caso del canal principal del río Paraná bajo la administración de la Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante (dependiente del ministerio de transporte de la Nación). Esta superposición jurisdiccional y de competencias legislativas son un elemento relevante en lo que se refiere al acceso de un territorio hibrido-anfibio en disputa entre el sector público, privado y comunitario-pesquero. Con una interacción de potestades jurisdiccionales de los Estados Municipales, Provinciales y Nacional. Los estudios sobre los conflictos territoriales de la pesca artesanal en el Paraná merecen ser desarrollados aún más, aquí se dan algunos aportes iniciales. El hecho de que los límites político-territoriales de municipios y provinciales están inmersos dentro de otros límites socio-ecosistémicos desafía las estrategias de articulación política interjurisdiccional.Hay una serie de preguntas y repreguntas sobre las que vale la pena indagar respecto a la democratización de los planes de OT. Estás preguntas y re-preguntas son: ¿Quién centraliza o tiene la autoridad para la decisión final a la hora de implementar un plan de ordenamiento territorial?, ¿Es el Estado?, ¿En cuál de sus tres niveles?, ¿Qué ministerio tiene más peso a la hora de definir?, ¿cómo se articulan los diversos niveles del Estado?, en el caso que un Estado articule, en algún tipo de multisectorial o institución participativa ¿Cuáles voces, cosmovisiones e intereses se ven representados en esa instancia y cuáles no?, ¿Qué conflictos de intereses no resueltos existen invisibilizados en las propuestas definitivas? A estas preguntas se responderá en base al análisis de una dimensión, ?la pesca artesanal?, en un ?territorio especifico?, el sector costero-ribereño del gran Rosario.