Las políticas de control y sanción a los docentes durante la última dictadura militar”.

LAURA GRACIELA RODRÍGUEZ

Tucumán

Jornada; XI Jornadas Interescuelas- Departamento de Historia; 2007

Universidad Nacional de Tucumán

En este artículo hicimos foco en las políticas de sanción y control que diseñó el primer ministro de educación de la provincia de Buenos Aires, señalando los mecanismos que se utilizaron para alejar de los cargos a los docentes “indeseables” a través de la “prescindibilidad”, la “baja” y la “disponibilidad”. Mostramos cómo la dictadura suspendió el derecho de los trabajadores a ser separados del cargo previa substanciación de un sumario a partir de dos instrumentos: la ley de Prescindibilidad y la suspensión del derecho a la estabilidad contemplado en el Estatuto del Magisterio y en la ley provincial de educación. Al igual que a nivel nacional, en abril de 1976 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de “Racionalización Administrativa” que daba “de baja” al personal de la Administración Pública Provincial de “planta permanente, temporario, transitorio, suplente, provisional, contratado o regulado por convenios colectivos de trabajo”. El objetivo era lograr un “real y concreto proceso depurativo” sin “connotaciones partidistas o sectoriales”. En el ámbito educativo esto se traducía en que los docentes eran eliminados de los “Registros de Aspirantes a Ingresar a la docencia” por el término de 5 años y no podían desempeñarse en los establecimientos de enseñanza oficial. En el Boletín Oficial, entre 1976 y 1980 se sucedieron mes a mes durante todos esos años una serie de decretos que sólo decían “Dése de baja en los términos del artículo 1 de la ley 8596 a....”; “Declárese cesante a....”. Respecto a los “disponibles”, la gestión de Solari introdujo “transformaciones curriculares” en todos los niveles y modalidades del sistema que terminaban declarando en disponibilidad a cientos de docentes. Por ejemplo, la Dirección de Enseñanza Media de la provincia dispuso “supresiones de especialidades”, “cierres de cursos”, “fusiones de divisiones” y “cambios en los planes de estudio”, como así también “integraciones de escuelas” que derivaron en un “continuo movimiento y ajuste de horas cátedra en la mayoría de los establecimientos dependientes de esta rama de enseñanza”. A raíz de esta “reorganización” el Tribunal de Clasificación producía largos listados de profesores que se habían quedado sin trabajo. En la mayoría de los casos estos docentes en disponibilidad terminaron renunciando, bien porque no aceptaron las condiciones laborales en otros establecimientos o porque no pudieron reubicarse por falta de cursos.