El sector sin fines de lucro del sistema de medios. Primeras aproximaciones al escenario local?

MILLÁN MARÍA DEL ROSARIO; CASALES MARINA

Posadas

Jornada; Jornadas de Investigadores. Fronteras y liminaridades. Espacio de diálogo, confrontación y discubrimiento; 2015

Secretaria de Investigación y Postgrado. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNaM

Esta ponencia intenta describir brevemente el estado actual del sector de los medios audiovisuales sin fines de lucro según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como puntualizar sobre ciertos desafíos en su implementación a partir de una perspectiva de análisis que incorpora en la discusión los usos y prácticas comunicativas en esta frontera jurídica y territorial de Misaiones. Con la vigencia de la ley 26.522 el sector denominado sin fines de lucro ?que incluye tanto a servicios comunitarios, confesionales, sindicales y todas aquellas figuras encuadradas en organismos no gubernamentales ?adquirió legalmente un lugar en el sistema de medios. A partir de 2009 comenzó la ardua tarea de reordenamiento y adecuación a la nueva normativa. Para este sector ese proceso significa la aceptación e internalización de las nuevas reglas de juego ?con los cuestionamientos y conflictos inherentes a todo cambio-. En la provincia de Misiones, para muchos medios y actores el paso de la ?informalidad? a la ?formalidad? implica procesos de aprendizajes y desafíos sobre todo al considerar las especificidades que plantea a la normativa un espacio periférico y fronterizo. La ley regula el uso del espectro a partir del tipo de propiedad, pero como toda figura jurídica parte de una definición ?estática? y ?atemporal?. Los desafíos se plantean principalmente a muchos actores que habían desarrollado cierta tradición de usos comunitarios en los medios de tipo comercial bajo el viejo marco normativo, muchos operando en la ilegalidad pero con legitimidad, tendiendo relaciones con la comunidad en los márgenes que aquel contexto habilitaba. Los encuadramientos vigentes y las líneas de financiamiento implementadas a partir de la nueva ley resultan ambiguos, y a veces presentan grandes dificultades para el reconocimiento de esas prácticas y usos.