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En América Latina, fruto de décadas de hegemonía de gobiernos neoliberales y políticas impuestas por instituciones multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, los ajustes en las normativas hacia la baja de las capacidades de intervención y control y los sucesivos ciclos de devaluación de las monedas nacionales tornaron a la región muy atractiva para la radicación de inversiones extractivas y la valorización financiera de recursos naturales. El actual escenario mundial se caracteriza por una convergencia de pautas de consumo material y aumento de demanda de recursos de la naturaleza asociados a la emergencia de China (Kempf, H 2013) y por el mantenimiento, con oscilaciones, de procesos de valorización financiera de los recursos naturales en vigencia desde inicios de la década de 1990, en el denominado ?consenso de los commodities?(Svampa, M. 2012). Algunos autores caracterizan a esta combinación de valorización financiera y alta demanda de recursos naturales por ascenso de China como el nuevo ?consenso de Pekin? (Ramo, J. 2004). Es así que en espacios periféricos como la Argentina y América del Sur en general, desde mediados de la década pasada se avizora la implantación de un nuevo orden, motorizado por la expansión de grandes capitales trasnacionales orientados a aprovechar las tendencias señaladas. Las políticas nacionales adoptan modelos neodesarrollistas, exportadores y reprimarizadores en sus dos versiones neoliberales o nacionales y populares, los estados nacionales y subnacionales disputan con estos grandes capitales por la participación en la renta de explotación de los recursos naturales aplicando políticas pro-cíclicas, promoviendo el extractivismo (Gudynas, E. 2012). Se gesta así un escenario propicio para el redespliegue espacial de procesos de expansión del capital hacia espacios donde las condiciones de explotación de mano de obra y de la naturaleza son cada vez más favorables, por disponibilidad y accesibilidad y en algunos casos, pocas resistencias. Los resultados de casi veinte años de vigencia permiten caracterizar al escenario general como afectado por la ?maldición de la abundancia?(Acosta, A. 2009). La Patagonia es desde mediados del Siglo XIX espacio de ocupación para la puesta en valor de la riqueza de sus bienes comunes naturales de su suelo, del subsuelo y del litoral. Desde el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907 y poco después el avance de la actividad sobre los en ese entonces territorios nacionales de Neuquén, Chubut y Santa Cruz y desde la década de 1960 en Tierra del Fuego, los espacios se configurarán, en su equipamiento, provisión de infraestructuras y organización de la vida de manera de proveer condiciones para la realización de la extracción de petróleo y gas. En principio y hasta la década de 1960 dependiente del Estado nacional, en 1992 se concluye un largo proceso de privatización y concesión en la explotación del recurso. A fines de la década de 2000 ya fueron superados los picos de máxima extracción y los principales yacimientos se sitúan en la Cuenca San Jorge (Sur de la Provincia de Chubut y Norte de la Provincia de Santa Cruz). En Cuenca Neuquina (provincias de Neuquén y Río Negro) por su parte se expande la extracción por fracturación hidráulica, con algunos ensayos también en San Jorge. La tercera cuenca, Austral-Magallanes-Malvinas (compartida con Chile), más orientada al gas.La meseta central es la región geológica más extendida de la Patagonia, abarcando desde el centro de la Provincia de Santa Cruz hasta la ?línea Sur? de la Provincia de Río Negro. En esta región se sitúan los mayores yacimientos de minerales metalíferos y uranio de la Argentina. Existen también importantes yacimientos sobre la Cordillera de Los Andes, en particular en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Con sucesivas reformas en el marco regulatorio aplicadas desde 1993 y serias devaluaciones del peso, en 1997 se inicia la explotación de uno de los principales yacimientos de oro y cobre del país, en Cerro Vanguardia, Provincia de Santa Cruz. Esta es la provincia es la que cuenta con la mayor cantidad de proyectos mineros, llegando actualmente a 800, de los cuales solamente cinco se encuentran en explotación y otros tantos en construcción (Schweitzer, A. 2014).Desde 2003 con el inicio de las resistencias al extractivismo surgen las asambleas ambientales, cuestionando los impactos ambientales pero también en términos de saqueo y alcanzando el cuestionamiento global del modelo surgen las primeras iniciativas para prohibir la minería. La Provincia de Chubut prohíbe ese año la actividad y cada vez que desde su gobierno se la intenta reactivar se reavivan las resistencias. En 2006 con delegaciones de más de cien organizaciones se funda en Esquel la Unión de Asambleas Ciudadanas y poco después la Unión de Asambleas Patagónicas. Fruto de estas luchas en la actualidad Santa Cruz es la única provincia patagónica con minería donde la actividad no está prohibida. Por su parte, el Pacto con Chevron reabre el cuestionamiento a la extracción de hidrocarburos por métodos no convencionales, cuestionamiento que se encuentra más desarrollado en provincias de Neuquén y Río Negro. En la actualidad las resistencias organizadas desde la UAP y la UAC terminan articulando la oposición tanto al extractivismo minero y petrolero convencional y no convencional y al avance en la minería de uranio (Schweitzer, A. 2014; Valiente, S. Schweitzer, A. Godoy, P y Ensabella, B 2016). Nuestra hipótesis es que en ambos casos se trata de actividades en retroceso, en la medida que se combina un escenario internacional de baja de demandas de China por estancamiento de sus dinámicas internas (convergencia), baja de precios internacionales del petróleo (consenso de los commodities) y un escenario continental y nacional de articulación de las resistencias (Schweitzer, A. y Valiente, S 2016). En este marco nos proponemos aquí exponer la situación en la Patagonia y poner en debate las probables evoluciones en estas dinámicas y sus posibles efectos, tanto en el caso que se recupere la actividad como por el abandono de estos territorios ya sacrificados.

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