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Alrededor de los años 1990s., se construyeron amplios concesos acerca de la imposibilidad de hallar alternativas políticas al desembarco de procesos económicos, frecuentemente rotulados bajo la designación genérica de globalización. La quiebra del pacto fordistakeynesiano, la primacía de en la producción de bienes y servicios, los requerimientos de redes flexibles para la circulación de nuevos y ágiles capitales informacionales difundidos y generados a través de redes alimentadas por un trabajo cada vez más calificado e inmaterial, la deslocalización de las actividades productivas, la horizontalización de la gestión empresarial y la lógica cultural del postmodernismo dibujaron un horizonte de innovaciones destinadas a durar. La economía requirió de una aceleración de la circulación de capitales y mercancías. Este proceso fue facilitado por una ola de (des)regulaciones y (re)estructuraciones de las capacidades y dispositivos de intervención directa de los Estados Nacionales. En ese tránsito hubo una dupla de palabras clave: privatización y descentralización. La privatización fue producida mediante el estímulo y los subsidios a la inversión empresarial. Al mismo tiempo, contribuyó a la reducción del gasto público en áreas sociales y a su concentración en el enforcement del aparato securitario y de las garantías jurídicas para la capitalización de las inversiones. La descentralización fue acompañada por la conversión de los dispositivos estatales de regulación directa en dispositivos de control indirectos, en los que los gobiernos municipales robustecieron sus atribuciones y funciones gubernamentales. A partir de los procesos de desestructuración de las capacidades de intervención y regulación de los Estados nacionales, los estados provinciales y las municipalidades adquirieron nuevas y numerosas funciones. Bajo la expresión "gobiernos locales" emergió una formación discursiva que acentuaba las características autárticas y autogestivas que debían asumir estas instituciones. Este proceso de descentralización y empoderamiento de gobiernos locales fue ensayado en América Latina desde mediados de 1980. En el caso de Argentina, la transformación del Estado se tradujo en la reforma de las constituciones provinciales primero y la Nacional en 1994, ampliando las atribuciones de los municipios, pero perpetuando algunas de sus históricas deficiencias financieras y administrativas. En la segunda mitad de los años 1990s., la planificación estratégica fue esgrimida como una herramienta modernizadora de las ciudades argentinas. En el marco de la globalización y la sociedad post-industrial, la planificación estratégica fue concebida como el medio más eficaz para asumir, desde los gobiernos locales, el desafío de la nueva competitividad urbana y regional.La política local se caracterizó por cierta ambigüedad. Frente a algunos procesos, los municipios se transformaron en vectores eficaces de la penetración de los artefactos urbanos, económicos y culturales de una globalización que bajo las promesas de modernización encubría los componentes claves del neoliberalismo. Pero, en otros ámbitos y aspectos, las políticas locales ofrecieron una faceta menos complaciente con lo que parecía ser el imperativo de la época y ensayaron estrategias de negociación, adaptación relativa y, en ocasiones, de resistencia. En este contexto, los planes estratégicos y metropolitanos se constituyeron en dos instrumentos técnico-políticos de importancia cardinal para reflexionar y proyectar el ordenamiento territorial y el acondicionamiento de las ciudades latinoamericanas, paradójicamente, a favor y en contraste con las proposiciones de un nuevo orden urbano y de la flexibilización del régimen de acumulación del capitalismo.

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