Entre el Congreso y el Ministerio. Análisis de las relaciones entre diputados y senadores nacionales, asesores legislativos, académicos y funcionarios civiles y militares en el proceso de definición de la política de defensa y militar en la Argentina (198

GERMÁN SOPRANO MANZO

Jornada; IV Jornadas de Historia Política; 2013

Universidad de la República

Desde la sanción de la Ley 23.554 de Defensa Nacional (13 de abril de 1988) los partidos políticos mayoritarios con representación en el Congreso de la Nación ?Partido Justicialista y Unión Cívica Radical- consensuaron una agenda y un marco normativo para la política de defensa y militar en democracia, aprobando también las Leyes 24.059 de Seguridad Interior (18 diciembre de 1991), 24.429 de Servicio Militar Voluntario (14 diciembre de 1994), 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (18 de febrero de 1998) y 25.520 de Inteligencia Nacional (27 de noviembre de 2001). Estos consensos no fueron producto de procesos de acuerdos lineales ni carentes de conflictos. Fueron más bien el resultado de una laboriosa y conflictiva interlocución en la que intervinieron diferentes actores sociales: diputados y senadores nacionales de distintos partidos políticos -fundamentalmente miembros de las Comisiones de Defensa Nacional-, asesores legislativos, académicos universitarios y especialistas de diversas organizaciones no gubernamentales, así como autoridades y funcionarios del Ministerio de Defensa, Jefes de Estado Mayor y oficiales de las Fuerzas Armadas. En este trabajo es parte de una investigación más amplia en la que nos proponemos identificar actores sociales clave de este proceso, dando cuenta de sus adscripciones políticas, inscripciones institucionales y/o propuestas en materia de política de defensa y política militar. El período estudiado comprende desde los debates sobre la Ley de Defensa Nacional hasta aquellos que motivaron la sanción de la Ley de Inteligencia Nacional. A modo de hipótesis, sostendremos que el Congreso tuvo en este proceso una función decisiva en la definición de la agenda de temas; contrariamente a lo ocurrido entre 2006 y 2010 ?en ocasión de la reglamentación de la Ley de Defensa- donde la primacía en las iniciativas se localizó en el Ministerio de Defensa.