Los programas de prevención del delito y la criminalización de la pobreza: entre las advertencias de los expertos y las vivencias de los/as beneficiarios/as.

MEDAN MARINA

Santa Fé

Workshop; Workshop Prevención social del delito en América Latina: retórica y realidad.; 2014

Universidad Nacional del Litoral

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; } En esta ponencia me interesa discutir alrededor de la advertencia que sobre la prevención social del delito han hecho algunos analistas, específicamente, aquella que señala que estas estrategias pueden criminalizar la pobreza. Los datos que utilizaré para mi argumentación surgen de una investigación cualitativa sobre programas de prevención social del delito que se centró en una de las implementaciones del Comunidades Vulnerables en el AMBA. Entre 2007 y 2011 realicé observación participante en una de las implementaciones, y entrevistas en profundidad a beneficiarios/as, agentes comunitarios, estatales así como a funcionarios. Del análisis de los datos surgen al menos dos cuestiones en las que me interesa enfocar. En primer lugar, que la idea de la criminalización de la pobreza se asocia, en general, a la pobreza por ingresos o vinculada con carencias materiales. Con lo cual la preocupación ronda el legitimar la relación entre pobreza por ingresos y delito, mucho más cuando los programas incorporan una transferencia condicionada de ingresos (TCI) entre sus componentes. Ahora bien, cuando se analizan los datos concretos de las implementaciones se observa que, más allá que los programas entreguen una TCI a sus beneficiarios, centran su estrategia en las carencias vinculares y afectivas de los y las jóvenes como principal causa social del delito. Tal es así que niegan que la entrega del dinero sea un mecanismo para prevenir el delito, porque insisten en que no es la falta de recursos económicos el determinante último de la comisión de delitos; esto parece explicar, además, lo exiguo de los montos de dinero entregados en relación, por ejemplo, al salario mínimo. En segundo lugar, y contrariamente a esta posición, muchos de los y las jóvenes argumentan que la comisión de delitos sí tiene como una de sus razones -aunque no la única- la falta de recursos económicos suficientes para acceder a los bienes que consideran para vivir. En este punto, entre agentes estatales y jóvenes surgen controversias que deben ser gestionadas de modo tal de que la intervención pueda seguir efectuándose. Lo que resulta aún más curioso que las controversias, es la incorporación en los programas de prevención social del delito, de jóvenes que hace tiempo que no tienen prácticas delictivas, o que nunca las tuvieron -especialmente mujeres-, y que consideran que el programa en sí -con su TCI- es una ayuda más a su economía cotidiana. Dado que sólo entré en contacto con jóvenes que eran beneficiarios/as del programa o que querían serlo, no pude indagar qué imagen del mismo tendrían otros jóvenes. De lo que sí tengo evidencia, es que ninguno de los/as jóvenes que recibía la TCI de parte de este programa de prevención del delito -tanto aquellos que sí tenían prácticas delictivas como los que nunca las habían tenido-, se sentía estigmatizado o su situación de pobreza económica criminalizada. Sí manifestaban molestia o disconformidad cuando la TCI se les negaba o se demoraba el día de cobro. Si bien es atendible la advertencia respecto de la posible criminalización de la pobreza, o de otras situaciones de desigualdad, que pueden tener las políticas como parte de sus efectos no deseados, considero relevante ponderar esos probables efectos con las percepciones de las personas a las que se destinan esas políticas. Esas advertencias pueden estar formuladas en base a valoraciones que, posiblemente bien intencionadas, pueden ser muy distintas a aquellas que organizan la vida cotidiana de las personas a las que se quiere beneficiar. Por otro lado, estas advertencias también pueden, aún sin buscarlo, ser funcionales a un modelo de política pública que, amparado en las apelaciones al empoderamiento de las personas y el fomento de la iniciativa individual, terminen en las antípodas de la justicia social.