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El trabajo analiza, desde el punto de vista de los derechos humanos, la tendencia a extender la aplicación del régimen de propiedad intelectual a los conocimientos generados en la universidad pública argentina. Se describen las propuestas en tal sentido contenidas en un crédito por 150 millones de dólares otorgado en 2009 por el Banco Mundial al Gobierno argentino, destinado a fomentar la innovación productiva. El acuerdo impulsa la comercialización del conocimiento creado en la universidad, a través de figuras del régimen de propiedad intelectual. Parte del dinero del préstamo se destina a crear la carrera de "vinculador tecnológico", dedicado a conectar a las empresas con los académicos. Estas directivas cobran relevancia porque las universidades públicas argentinas realizan la mayor parte del trabajo científico. El trabajo revisa luego la coherencia entre estas propuestas y el derecho a la ciencia y la cultura, contenido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El art. 15.1 consagra el derecho de toda persona a "participar en la vida cultural", "gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones" y "beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora" (inciso c). El trabajo enfatiza que la comercialización implica acceso y distribución basados en el mercado, mientras el paradigma de derechos humanos requiere acceso igualitario. Los derechos sociales, incluyendo el derecho a la ciencia y la cultura, implican la "desmercantilización" de ciertos bienes y servicios, en sentido contrario al impulsado por el crédito del Banco Mundial.

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