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En medio de una crisis mundial de fuertes repercusiones, la confrontación entre el Gobierno y las entidades tradicionales del sector agropecuario (SRA, CRA, FAA, CONINAGRO) permanece abierta y lleva ya más de un año. Las cuatro entidades agropecuarias supieron encolumnar tras de sí a un conjunto diverso de la población y a prácticamente toda la oposición política al gobierno. Tras la ?no aprobación? de la Ley que convalidaba la Resolución 125/08 se instaló la idea de que resulta imperiosa la implementación de un "plan de desarrollo agropecuario". Por su parte, el gobierno ha reconocido también la necesidad de un cambio estructural en las políticas aplicadas hacia el sector, aceptando así el pretendido contenido y los términos del enfrentamiento impuestos por las entidades del "campo". En el presente trabajo se revisa en primer lugar, el desempeño del sector agropecuario post devaluación del peso; luego, se analizan las razones esgrimidas y se evidencia que la discusión en torno a un plan de desarrollo en realidad se reduce a un debate sobre la alícuota de las retenciones. Posteriormente, el trabajo se adentra en lo que debería ser un plan de desarrollo agropecuario, para lo cual se describen las principales medidas de política hacia el sector aplicadas por el gobierno desde que se desató el conflicto. Por último, se bosqueja un conjunto de objetivos y herramientas que debieran formar parte de un plan de desarrollo sectorial, entendiendo que éste sólo puede tener sentido en el marco de una estrategia de desarrollo económico y social del país.

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