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La nueva normativa migratoria afirma el derecho al acceso igualitario de la población migrante a educación en términos que podrían considerarse un avance, al menos relativo, con relación a situaciones donde la irregularidad de la documentación podía ser un criterio que justificara la exclusión. Sin embargo, tanto en el sistema educativo, como en la cotidianidad de las escuelas, continúan vigentes una serie de situaciones no totalmente visibles que obstaculizan el ejercicio pleno de este derecho. A cuestiones aplicables en general a la escolarización de la población en situaciones de pobreza (tránsito por circuitos devaluados, limitación de los mecanismos de sostén económico de la escolaridad, distancia con los modelos de crianza e infancia de sus grupos familiares de referencia) se suman, en el caso de la población migrante, y, en particular en el caso analizado de la población procedente de Bolivia que reside en Buenos Aires, una serie de cuestiones que profundizan los mecanismos exclusores: asociaciones a priori de las referencias étnicas de estos grupos con dificultades en la socialización y el aprendizaje, estilos comunicativos escolares que se distancian de los que predominan en otros espacios de socialización de los niños y jóvenes, desconocimiento sobre las trayectorias formativas previas en sus países de origen, vigencia de manifestaciones xenofóbicas del nacionalismo. Se propone por ello repensar desde estas problemáticas la categoría de inclusión tal como circula en el discurso educativo hegemónico y poner en tensión una noción amplia de inclusión con los sentidos que el nacionalismo sigue teniendo en las escuelas argentinas.

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