EL ORDENAMIENTO DE LOS TERRITORIOS PERIURBANOS PRODUCTIVOS: RESULTADOS PRELIMINARES DE UN RELEVAMIENTO NORMATIVO PROVINCIAL EN CORDOBA

FERNANDO GONZÁLEZ CANTERO; BRENDA BALBI

Buenos Aires

Congreso; IX Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas; 2023

Instituto y Departamento de Geografìa de la Universidad de Buenos Aires.

En este trabajo presentamos las conclusiones preliminares de un relevamiento de normativas vigentes de la provincia de Córoba, asociada a los periurbanos productivos y la agricultura familiar. Se trata de un relevamiento que forma parte de un proyecto más amplio que busca generar conocimiento sobre la agricultura familiar periurbana en los principales aglomerados del país (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) en torno a cinco ejes centrales: producción, comercialización, acceso a la tierra, tramas sociales y ordenamiento territorial. Dentro de este último eje se viene realizando, además del relevamiento normativo, un mapa de delimitación de territorios periurbanos productivos a partir de un mapeo colectivo, del análisis de imágenes satelitales y la georeferenciación de encuestas a productores. En primer lugar, definimos a los territorios periurbanos productivos (TPP) como aquellas áreas dedicadas a la producción de alimentos, flores, materias primas de la agroindustria alimentaria y actividades que proveen servicios agrícolas al sector, orientados a circuitos cortos de consumo de las ciudades y/o a mercados nacionales y que se llevan a cabo mayoritariamente por agricultores familiares enmarcados en la Ley Nacional de  Reparación Histórica de la Agricultura Familiar N.º 27.118. La importancia de analizar el ordenamiento en estos territorios radica en su rol estratégico para la problemática alimentaria presente en la agenda nacional e internacional. En línea con ello, Martínez (2020: 4) plantea la necesidad de avanzar en propuestas de planificación que incorporen el abastecimiento alimenticio ya que “los sistemas agroalimentarios (tanto sean estos locales, regionales, metropolitanos o -incluso- globales), dado su carácter multifuncional, tienen profundos efectos en vastos sectores de importancia para la planificación urbana (salud pública, justicia social, energía, agua, suelo y transporte, entre los más destacados)”. Desde FAO (2016) también se enfatiza el rol estratégico de la agricultura familiar periurbana, al caracterizarse por la producción de alimentos frescos que se consumen en las ciudades, donde vive más del 50% de la población mundial, se consume el 70% de la oferta de alimentos y en torno a las cuales se concentra el 60% de las tierras bajo riego (FAO et. al, 2019). En Argentina esta tendencia se acentúa: el 92% de la población vive en ciudades y más del 40% en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, lo cual indica una profunda concentración territorial y urbana (Schweitzer, 2020). A pesar de su mentada importancia estratégica, la producción de alimentos protagonizada por la agricultura familiar en estos territorios se desenvuelve con dificultades, en un contexto de gran complejidad ligada a la competencia con otras actividades y que, en muchos casos, genera la retracción del uso productivo del suelo.En relación al ordenamiento territorial, usualmente se lo identifica como una de las diversas herramientas del Estado orientadas a ordenar equilibrada y equitativamente el territorio. En este trabajo partimos de una mirada crítica al respecto. En primer lugar, buscamos poner de relieve que el par orden/desorden refiere a categorías definidas en el marco de relaciones de poder y que el territorio expresa la relación de apropiación de la sociedad por sobre su espacio (Haesbaert, 2006), el cual se encuentra “definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder” (Lopes de Souza, 1995). En sintonía con los aportes de Moreira (2011) consideramos que, si bien, el ordenamiento nace orientado para la regulación de un estado de cohabitación asimétrico y desigual, éste se encuentra inmerso en la lucha política, lo que plantea un escenario de transformación de ese ordenamiento orientado. De acuerdo a todo ello, sostenemos aquí que la disputa entre los diferentes actores por la legitimación de “su” territorialidad (es decir de “su orden” en tanto ordenamiento territorial) se dirime en el marco de las políticas públicas, que expresan la toma de posición del Estado en relación con una cuestión socialmente problematizada, que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil (Oszlak & O´Donnell, 1995). En definitiva, en este trabajo entendemos que: (i) toda acción u omisión del Estado condiciona o afecta diferencialmente el uso del territorio, posea o no una referencia espacial explícita. En definitiva, favorece el uso de algunos sujetos sociales, en detrimento de otros; (ii) no existe un ordenamiento óptimo o ideal (en singular) como sugiere la idea de ordenamiento territorial. Sino que existen tantos ordenamientos ideales posibles como grupos sociales con intereses sobre el territorio; (c) los sujetos sociales influencian el territorio y el diseño y aplicación de las políticas públicas, produciendo cierto ordenamiento.A partir de esta definición amplia de ordenamiento territorial y una caracterización situada que se realizó previamente mediante un mapeo colectivo de cada territorio periurbano productivo, comenzamos el relevamiento normativo por el nivel provincial, incluyendo leyes, decretos y códigos. Con este criterio de búsqueda, en una primera etapa, se rastrilló la página institucional de Córdoba. La información fue captada de forma estandarizada mediante un formulario tabulado, por investigadores en formación. El mismo incluye una descripción general del objetivo, aspectos, sujetos y actividades que busca regular, estado de reglamentación, autoridad competente, si formalmente delimita zonas, cartografía de referencia, registrada en base a la lectura del texto de la normativa, y por otra parte estudios científicos que aporten a su análisis. En una segunda etapa, se verificó que todas las dimensiones identificadas en el mapeo colectivo hayan sido cubiertas y se buscaron normativas en otras fuentes de información. En una tercera etapa, se entrevistó a un informante clave para verificar que no falten normativas provinciales relevantes para la comprensión de los TPP. Por último, procedimos a realizar un análisis considerando las dimensiones de interés que organizan nuestra base de datos. Se prevé repetir el mismo proceso para el nivel nacional y municipal, adaptando esta metodología de acuerdo a las particularidades de cada nivel administrativo. Luego se analizará la incidencia de estas normativas de nivel nacional, provincial y municipal en los TPP objeto del proyecto.