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El trabajo analiza las tendencias de la política habitacional argentina, en las últimas tres décadas. En los ´70, el sistema público nacional de producción de viviendas, estaba sostenido por un instrumento financiero central (el FONAVI). Orientado a la producción de vivienda nueva en grandes conjuntos, tuvo por destinatarias privilegiadas grandes empresas constructoras. Ya en democracia, en particular en los ´90, se enunció un "giro" a la demanda. La descentralización del FONAVI, coronada por la sanción de la Ley Federal de Vivienda sostuvo, en los hechos, diversas necesidades y estrategias políticas de los gobiernos provinciales. En paralelo, se diseñaron programas dirigidos hacia la producción social del hábitat (PSH)[1], en particular, regularización dominial y mejoramiento barrial, con alcances acotados y coyunturales. En la década del 2000, con la recuperación post crisis, un giro recentralizador define la política de vivienda nuevamente como engranaje para el desarrollo económico...de las empresas capitalistas convencionales. Los énfasis del período mantienen el divorcio entre decisión política, manejo de los recursos y satisfacción de las necesidades de los sectores populares. Las políticas de producción y acceso al suelo urbano (acciones y omisiones del estado) reforzaron esas tendencias. Pero también se acumulan históricamente experiencias y propuestas que apuntan a revertir esa separación. Como ejemplo, se plantea la Ley 341 de Ciudad de Buenos Aires, un cauce para la autogestión cooperativa del hábitat en áreas urbanas consolidadas, posibilitado por el desarrollo y la participación de organizaciones sociales que se autoconstruyen como sujetos políticos y productores de ciudad. [1] Alude a las diversas modalidades de hábitat basadas en las capacidades productivas y organizativas propias de los sectores populares, desde los asentamientos en tomas de tierra hasta los conjuntos cooperativos autogestionarios.

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