que llaman compromiso es trabajo no pago: la labor de las operadoras en un dispositivo de atención a mujeres en situación de violencia

MEZZADRA, LUCILA

Congreso; XV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres - X Congreso Iberoamericano de Estudios de Género; 2023

En las últimas tres décadas, y especialmente tras la sanción en 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, los gobiernos locales comenzaron a crear dispositivos de prevención y atención a mujeres en situación de violencia conforme a lo establecido en la normativa nacional. En su artículo 10, referido a los lineamientos básicos para las políticas estatales, la norma afirma que las jurisdicciones deben garantizar unidades especializadas que brinden asistencia interdisciplinaria para el abordaje de las violencias a través de distintas actividades: evaluación y definición de estrategias de abordaje ante situaciones concretas; Grupos de Ayuda Mutua; asistencia y patrocinio jurídico gratuito; entre otras. De esta manera, los equipos interdisciplinarios conforman el núcleo de estos dispositivos y sobre ellos recae la implementación de la política pública.El trabajo que aquí se presenta forma parte de una investigación más extensa que analiza la política pública de prevención y atención a mujeres en situación de violencia del Municipio de Quilmes (2009-2024). Al respecto cabe mencionar que Quilmes dispone, desde el año 2009, de un área abocada específicamente a la atención de mujeres que, con el correr de las gestiones, ha ido ampliando notablemente sus funciones, recursos y actividades. Más allá de los cambios y continuidades a lo largo del tiempo, todas las intervenciones inician con la atención brindada por las operadoras del área, en el marco de la entrevista de admisión. La labor de las operadoras puede considerarse un trabajo de cuidado ya que se trata de una actividad relacional cuyos destinatarios directos son personas –en este caso, mujeres– que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad y que, además, posee distintas dimensiones: una dimensión material (la realización de tareas concretas), una dimensión emocional (involucra emociones y sentimientos) y una dimensión moral (la responsabilidad y sus efectos sobre la subjetividad de las trabajadoras) (Martín Palomo, 2008).Considerando el papel que desempeñan en la política pública, en esta ponencia nos interesa analizar esta triple dimensión del trabajo de cuidado que desarrollan las operadoras: ¿qué tareas realizan y qué saberes ponen en juego en ellas? ¿Sus experiencias personales se vinculan a su práctica profesional? ¿Qué lugar ocupan las emociones en su labor? ¿Qué condiciones materiales y contractuales enmarcan su trabajo? Para responder estos interrogantes, nos basamos en el análisis de un corpus de entrevistas en profundidad realizadas a doce operadoras y tres funcionarias que se desempeñaron en la unidad de atención de Quilmes en distintos momentos comprendidos en el período 2009-2022.En términos formales, la tarea de las operadoras consiste en llevar adelante la entrevista de admisión al dispositivo y realizar el seguimiento de cada uno de los casos registrados. La entrevista de admisión constituye una instancia diseñada para atender de forma privada a las mujeres que se acercan a la institución y, en ese marco, brindar contención emocional, asesoramiento, realizar una evaluación del riesgo de la situación de violencia y, en los casos en que se considere pertinente, establecer conjuntamente una estrategia de acción, articular con organismos públicos e invitar a las usuarias a participar de otros dispositivos del área (el Grupo de Ayuda Mutua, la terapia grupal y/o individual, la asesoría legal). Esta tarea se desarrolla en parejas, de manera que una de las operadoras conduce la entrevista y otra registra los datos brindados por la usuaria. Para desarrollar esta labor de acuerdo a los lineamientos del área, las trabajadoras deben apelar a sus conocimientos sobre las especificidades de la violencia de género, a sus saberes sobre el funcionamiento del aparato judicial, contar con información sobre la burocracia municipal para poder realizar derivaciones y demostrar una serie de comportamientos actitudinales.En este sentido, el trabajo de las operadoras implica la puesta en práctica de una serie de conocimientos teóricos y normativos sobre violencia de género con el fin de formular las preguntas adecuadas, seleccionar los nudos problemáticos del relato que deben quedar registrados, realizar las articulaciones correspondientes y brindar el asesoramiento pertinente para el caso. Simultáneamente, resulta necesario detenerse en cómo se ejecutan estas tareas que se destacan por su carácter relacional, es decir, donde la interacción y la proximidad con las usuarias son aspectos constitutivos. Esta labor implica entonces la demostración de competencias emocionales –sensibilidad social, empatía, represión de sentimientos negativos– y actitudinales –escucha activa, responsabilidad, capacidad de detectar necesidades– a fin de contribuir al fortalecimiento de derechos.Ahora bien, la definición de qué saberes son válidos para desarrollar las tareas de operadora y quiénes son los sujetos idóneos para desempeñar este rol está sujeto a debate. En términos generales, encontramos dos perfiles en disputa: por una parte, un perfil académico-profesional y, por el otro, un perfil ligado a la experiencia. En el primer caso, se valoran los estudios superiores, las credenciales formales y el conocimiento oficial (Bernstein, 2000). En el segundo, la cercanía personal con situaciones de violencia de género –ya sea desde la militancia profesional o como mujer en situación de violencia- se considera la fuente legítima de saber. Si bien ambos perfiles coexisten en la actualidad del dispositivo de atención, se delimitaron espacios de incumbencia específicos para cada uno: las profesionales desempeñan tareas de atención directa y las militantes se abocan las actividades de sensibilización y acompañamiento.Además de estas transformaciones en el perfil de quienes ocupan el rol de operadoras, el abordaje de las violencias y los recursos para hacerlo se fueron modificando notablemente durante el período analizado. En este sentido, proponemos desagregar la política pública en tres períodos: un momento inicial de constitución y consolidación (2009-2015); un período de abordaje desde la emergencia (2016-2019) y, finalmente, un diagrama de política de abordaje integral (2020 al presente). Si bien en estos tres momentos las tareas formalmente asignadas a las operadoras no sufrieron grandes variaciones, sí observamos transformaciones sustanciales en los marcos interpretativos necesarios para desempeñarlas, en las tareas informalmente adjudicadas, en los criterios para la incorporación de nuevas trabajadoras, en el vínculo entre equipos y en las condiciones materiales de trabajo.Por último, cabe mencionar que en función del análisis de las distintas dimensiones de las condiciones de trabajo se observa una constante en el desarrollo de la política pública: la precariedad laboral de las trabajadoras, entendida como un incremento en la vulnerabilidad tanto en la estabilidad, retribución y condiciones laborales (Diana Menéndez, 2010). En el dispositivo de atención coexisten dos formas de contratación: la planta permanente del Estado –formal y estable- y la mensualización, que consiste en la firma de contratos anuales o semestrales que pueden renovarse o no una vez finalizados. Si bien las trabajadoras afirman que la renovación de los contratos ocurre de manera automática en la actualidad, sostienen que en gestiones anteriores sucedieron numerosas situaciones de incumplimiento de los términos acordados, reducción del salario, traspaso de área y no renovación de los contratos. De acuerdo con las entrevistadas, estas prácticas se fundamentaban en el vínculo interpersonal con sus superiores; en otras palabras, los contratos y salarios operaban como una estrategia disciplinaria: la estabilidad laboral y los ingresos percibidos formaron parte de un sistema de premios y castigos basados en la relación de afinidad con funcionarias y superiores. La retribución salarial es otro de los aspectos que abona a la pauperización de las condiciones de trabajo de las operadoras. En el año 2022 se les ofreció a todas ellas el pase a planta permanente del Estado, sin embargo, muchas se rehusaron a aceptarlo puesto que implicaba una reducción del 50% del salario percibido. Los niveles salariales abonan a la extensión del pluriempleo en el área: buena parte de las trabajadoras refiere sostener uno o dos trabajos remunerados adicionales para garantizar el sostén de sus hogares. Al igual que sucede en otras labores de cuidado, las entrevistadas consideran que tienen una capacidad limitada para realizar reclamos, puesto que las acciones laborales podrían afectar el bienestar de las usuarias del dispositivo. La dimensión moral y emocional de la atención a mujeres en situación de violencia que se escuda tras la retórica del compromiso con los derechos de las mujeres se expresa, simultáneamente, de dos maneras. Por un lado, se constata un impacto negativo en la subjetividad de las trabajadoras: sobrecarga de tareas, cansancio, incertidumbre, desprotección, pérdida de autonomía sobre la proyección de sus vidas personales son sensaciones y emociones a las que las trabajadoras refieren como consecuencia de sus condiciones laborales. Al mismo tiempo, sostienen que la satisfacción de realizar una tarea que contribuye a incrementar el bienestar de las mujeres es una forma de reconocimiento simbólico que destacan como el aspecto más gratificante de su trabajo.