Transversalizar la perspectiva de género en el Estado: la ley Micaela

MEZZADRA, LUCILA

Córdoba

Congreso; 6º Congreso Género y Sociedad. Desplazar los centros: cuerpos, territorios y saberes en Nuestramérica; 2022

Universidad Nacional de Córdoba

El sábado 8 de abril de 2017, el cuerpo sin vida de Micaela García fue hallado en el campo ?Seis Robles? de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. La joven tenía 21 años, era militante del Movimiento Evita y participaba activamente de las actividades vinculadas a Ni Una Menos. Por el hecho fue detenido Sebastián Wagner, convicto por dos violaciones. Al momento del hecho, Wagner se encontraba en libertad condicional por decisión del juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi. El 17 de octubre de ese año los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenaron a Wagner a prisión perpetua por ?abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género? . El repudio social que generó el femicidio de Micaela García no tardó en hacerse oír: miles de personas se manifestaron en las calles para reclamar el pronto esclarecimiento del crimen y exigir políticas activas para prevenir la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, la construcción mediática del caso puso el foco en el rol de la justicia y, especialmente, en la decisión del juez Carlos Rossi. En este contexto, el gobierno nacional de Mauricio Macri esbozó como respuesta a la creciente conflictividad social darle impulso a la reforma de la Ley de ejecución penal (Nº 24.660). Finalmente, en julio de 2017 el Congreso de la Nación aprobó un nuevo instituto del régimen preparatorio para la liberación (Ley Nº 27.375).Sin embargo, lejos de contentar a las organizaciones feministas y de mujeres, las medidas adoptadas provocaron el rechazo del colectivo Ni Una Menos. Ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, integrantes de dicho espacio señalaron que sus demandas al Estado, en realidad, podían ?resumirse en políticas integrales de prevención de la violencia machista y respuesta adecuada a las víctimas? . Asimismo, remarcaron la necesidad de implementar estrategias educativas y de capacitación para garantizar una respuesta estatal veloz e integral a las mujeres en situación de violencia.Un año y medio después, el Congreso de la Nación finalmente sancionó la Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes del Estado (Nº 27.499). La norma lleva el nombre de Micaela García en reconocimiento de su militancia por los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Cabe destacar que dicha ley no sólo constituye una respuesta a las demandas de las organizaciones feministas y de mujeres, sino que además se encuentra en consonancia con las disposiciones de los organismos internacionales que reconocen la responsabilidad del Estado en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.En esta línea, el presente trabajo propone un análisis de la política pública de capacitación a los agentes del Estado instituida tras la sanción de la Ley Micaela, considerando su objetivo final: la transversalización de la perspectiva de género en el Estado. En primer lugar, nos interesa dar cuenta de las tomas de posición del Estado nacional frente al repudio social que generó el crimen de Micaela García, observando especialmente los debates legislativos. En segundo lugar, nos detendremos en la formulación a la política pública y, finalmente, atenderemos a su implementación a nivel local.