La ley Micaela y la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado

MEZZADRA, LUCILA

Tandil

Jornada; De los márgenes al centro. Procesos de Investigación, Docencia y Extensión en género y sexualidad(es; 2021

El sábado 8 de abril de 2017, el cuerpo sin vida de Micaela García fue hallado en el campo ?Seis Robles? de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. La joven tenía 21 años, era militante del Movimiento Evita y participaba activamente de las actividades vinculadas a Ni Una Menos. Por el hecho fue detenido Sebastián Wagner, convicto por dos violaciones. Al momento del hecho, Wagner se encontraba en libertad condicional por decisión del juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi. El 17 de octubre de ese año los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenaron a Wagner a prisión perpetua por ?abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género?. El repudio social que generó el femicidio de Micaela García no tardó en hacerse oír: tras conocerse la noticia, miles de personas se manifestaron en las calles para reclamar el pronto esclarecimiento del crimen y exigir políticas activas para prevenir la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, la construcción mediática del caso puso el foco en el rol de la justicia y, especialmente, en la decisión del juez Carlos Rossi. En este contexto, el Estado ?a través del poder legislativo? ensayó distintas tomas de posición frente al problema de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, formuló propuestas diversas.En este trabajo, nos proponemos analizar las implicancias de la Ley Micaela en línea con la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado. Para ello, proponemos en primer lugar analizar las distintas respuestas esbozadas por el Congreso de la Nación para atender las demandas de ciertos sectores de la sociedad civil en relación a la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, nos enfocaremos en la formulación de la Ley Micaela. Finalmente, abordaremos su implementación en el poder ejecutivo. En relación a este último punto, atenderemos especialmente a las estrategias desplegadas por el Municipio de Quilmes para garantizar la aplicación de la norma.