CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

Argentina uno de los países más avanzados de América Latina en materia de DDHH. Se destaca además por la amplia cobertura y gratuidad de su sistema educativo público en todos los ciclos educativos, incluso Educación Superior. En contraste con tantos avances en términos de DDHH y tan amplia cobertura del sistema de Educación Superior y tantas garantías de acceso al mismo, existe un entramado de inequidades históricamente construidas, de inconsistencias jurídicas y de insuficiencias de políticas públicas que vulneran los derechos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas a acceder a educación superior y completarla exitosamente. En este sentido, Argentina es uno de los ocho países americanos continentales más atrasados en la materia. Dada la escasa atención que el Estado le ha puesto a este problema contamos con un único indicador para apreciar su alcance cuantitativo. Los datos del Censo de 2010 (los más recientes disponibles) indican que el 14,5 % de la población del país de 20 o más años de edad que asistió a un establecimiento educativo cuenta con estudios superiores completos. En el caso de la población indígena este porcentaje es de solo el 10,9%. Para la población afro-descendiente ni siquiera se han producido datos al respecto, lo cual es indicativo de la escasa atención que el Estado ha concedido a este grupo de población. Pero hay 2 motivos por los cuales la diferencia entre porcentajes que acabo de destacar resulta insuficiente para apreciar la gravedad de la situación de vulneración de derechos que afecta a la población indígena en esta materia: Uno es que los porcentajes en cuestión solo refieren a la población de 20 o más años de edad que alguna vez asistió a un establecimiento educativo. Lamentablemente no hay series históricas que permitan determinar los porcentajes de personas indígenas y de población en general que en 2010 tenía 20 o más años de edad que alguna vez en su vida acudió a un establecimiento escolar. Pero, numerosos estudios permiten apreciar que este porcentaje es menor entre personas indígenas que el correspondiente a otros grupos de población. Es decir, resulta plausible afirmar que el porcentaje de personas indígenas de 20 años o más con educación superior completa sería aún menor si los datos censales no se limitaran a quienes alguna vez asistieron a un establecimiento escolar. El otro factor por el cual el porcentaje de personas indígenas antes mencionado subestima la gravedad de la vulneración de los derechos educativos de este grupo de población es que los datos disponibles no discriminan entre Educación Superior Universitaria y No-Universitaria. Numerosos estudios de alcance más acotado que el censal, muestran que la mayoría de las personas indígenas que acceden a Educación Superior, cursan estudios en Institutos de Educación Superior No-Universitaria, los que hasta la modificación más reciente de la Ley se denominaban terciarios.

enviar mensaje