Origen, extensión, intervención estatal en barrios populares. Aportes para la construcción de escenarios estratégicos

AGUSTIN ALESSIO; DANIELA CORTIZO; JESICA ESPARZA; GRACIELA VIEGAS

San Miguel de Tucuman

Congreso; III Encuentro: Emergentes y Debates en Torno al Hábitat Popular; 2023

INTEPH, UNT-CONICET

En la actualidad, las profundas desigualdades socio-espaciales y las grandes dificultades de acceso al suelo en la región Latinoamericana, producen una tendencia al progresivo aumento de los asentamientos populares, donde residen habitantes en condiciones de vulnerabilidad. En Argentina, estos asentamientos son el producto de prácticas de ocupación del suelo cuyos orígenes se remontan a la década del ´80, tras el Golpe de Estado del año 1976 (Del Cueto, Luzzi, 2008). Smolka y Mullahy (2010) definen la informalidad como fenómeno multidimensional que involucra problemas relacionados con la propiedad del suelo urbano, las normas y regulaciones vigentes, el número y calidad de los servicios provistos, la calidad ambiental del área en que tiene lugar el asentamiento y el proceso de ocupación en sí mismo. Es originada por dificultades socio-económicas, desempleo, exclusión de grupos marginados, y su localización, promovida por intereses de emergencia, se produce en terrenos periféricos de gestión estatal o privada (San Juan et al, 2022). Asimismo, la falta de regulación urbana por parte del Estado, principalmente por cuestiones ligadas al precio del suelo y la escasa utilización de instrumentos de gestión, no promueve ni asegura un acceso justo al hábitat, el cual persigue garantizar a toda la población el acceso al suelo, a la vivienda, a los equipamientos sociales, infraestructuras y servicios de la ciudad. La implementación y aplicación de instrumentos de gestión de suelo requieren de la necesidad de pensar el hábitat desde una concepción multidimensional.En el marco del acceso justo, entendemos el hábitat como un proceso multidimensional que trasciende el mero hecho de habitar una vivienda, contemplando el derecho a un “vivir” digno y saludable, al disfrute pleno de la ciudad y los espacios públicos, bajo los principios de justicia social. Además, involucra el derecho a la vivienda adecuada, a partir de la seguridad de la tenencia de la tierra y la disponibilidad de servicios e infraestructura (agua, saneamiento, accesibilidad, adecuación cultural, etc.) (Gassull, 2017). Particularmente en el Gran La Plata, caso de estudio de esta investigación, existen 199 barrios populares (RENABAP, 2018) de los cuales 162 se encuentran en el Partido de La Plata, 19 en Berisso, y 18 en Ensenada. Para este caso, así como otras ciudades de la provincia, se reconoce que existen proyectos promovidos desde distintos organismos estatales -nacionales, provinciales y municipales- en relación a los asentamientos populares, sin embargo, los mismos no se encuentran articulados entre sí, sino que se impulsan y financian de forma aislada y particularizada en determinados barrios. Ejemplo de esto son los problemas de coordinación entre organismos que se dedican a intervenir en cuestiones de hábitat popular a diversos niveles jurisdiccionales como es el caso de la SISU a nivel Nacional y el OPISU a nivel provincial. En este contexto el objetivo del trabajo es formular estrategias de gestión y políticas públicas orientadas al fortalecimiento de un acceso justo al hábitat en los asentamientos populares del Gran La Plata, a partir de la construcción de un escenario estratégico que ponga en agenda y sirva de base para pensar políticas integrales para que los proyectos de integración socio-urbana particulares se articulen con un marco general. Para alcanzar el objetivo, la metodología propone el conocimiento de la situación actual (de base y tendencial) del estado de los asentamientos populares del Gran La Plata. Para determinar el escenario tendencial, se definen diferentes variables en relación al origen, crecimiento y consolidación de los mismos, así como los tipos de intervenciones estatales.En cuanto al origen de nuevos barrios se analizará: i. cercanía a los existentes, ii. surgimiento por ocupación de la tierra (sea esta de dominio público o privado); iii. localización en áreas con fragilidad ambiental (generalmente descartadas por el mercado formal de tierras); iv. localización en áreas con conflictos de usos del suelo (ej. vías ferroviarias). En cuanto al crecimiento (en extensión) de barrios existentes se analizará: i. si son contiguos a los ya existentes, extendiendo los originales. En cuanto a la consolidación se analizará: i. el crecimiento respecto a la superficie original, principalmente cuando no hay posibilidad de extenderse territorialmente. En cuanto a los tipos de intervenciones estatales en tomas de tierras se analizará: la omisión, desalojo, relocalización, o regularización. Para la formulación del escenario tendencial, se realizan estimaciones georreferenciadas y estadísticas respecto a las diferentes dinámicas de crecimiento antes mencionadas. Se toma como base que el 36% de los procesos de ocupación de tierras terminan conformándose como asentamientos informales (Di Croce, 2018). Se estima que la cantidad de asentamientos informales en el 2040 será 276, los cuales deberían localizarse estratégicamente en el territorio a partir de la metodología propuesta. Para la construcción del escenario estratégico, se tiene en cuenta la existencia de áreas vacantes (públicas/privadas) con posibilidad de ser urbanizadas, atravesadas por los diferentes instrumentos de aplicación de gestión del suelo. Se propone una proyección en relación a una situación justa y deseable de acceso al suelo. Esto implica la ocupación de tierras vacantes con condiciones óptimas de habitabilidad respecto a su situación urbano-ambiental y accesibilidad a: servicios de infraestructura (servicios públicos, pavimento, iluminación u otros), salud, educación, cultural, religioso u otros, espacios verdes y/o recreativos. Como resultado se definen aquellos asentamientos con posibilidad de crecimiento, así como las áreas susceptibles de ser ocupadas. En forma preliminar se conoce que: el 81% de los asentamientos accederían -en un radio de 300 metros- a un equipamiento de salud, el 85% a equipamiento de educación, un 3% a equipamiento religioso/cultural, un 39% a espacios verdes recreativos. Del mismo modo, se estima que el 68% de los asentamientos informales estarían bajo riesgo hídrico de no contar con un escenario estratégico que contemple su conformación. En síntesis, esta metodología permitiría orientar diferentes mecanismos de intervención estatal en procesos de integración socio urbana de barrios populares en base a un plan integral de desarrollo urbano a partir de la premisa de la “Producción Social del Hábitat'' (San Juan, 2017), en pos de contribuir a la formulación / implementación eficiente de políticas públicas en los asentamientos populares. Se busca formular estrategias/planes integrales en articulación interinstitucional, con los actores y organizaciones sociales para orientar mejor los recursos disponibles y los esfuerzos humanos.