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Los primeros años de organización institucional y de profundos cambios en la vida económica y social de la provincia de Buenos Aires, implicaron el resurgimiento de la inseguridad en la frontera, donde se hacía poco atractiva la instalación. Esta ponencia estudia un caso en el que un grupo de vecinos se movilizó para dar origen a un pueblo, el fortín Esperanza, y luego para retener tierras del ejido, que el Estado le prometió en propiedad, sin considerar que tenían un dueño, el estanciero Luis Goya. El conflicto pasó por distintas instancias administrativas y judiciales, a lo largo de veinte años (1860-1880), y permite establecer las vías a través de las cuales los actores de la sociedad civil buscaban resolver los conflictos generados por la posesión de la tierra. Los chacareros recurrían al Gobierno central, apoyados por el juez de paz, en su carácter de presidente de la Municipalidad de su partido; sólo recurrirán al Poder Judicial cuando claramente los conflictos entre particulares y el Estado fueran competencia de la Suprema Corte. Goya presentó su reclamo ante la justicia y, aunque la criticaba duramente, creía que era el poder del Estado encargado de defender su propiedad. Esta diferencia está mostrando la falta de definición de la división de poderes y de cuál de ellos debía ser el guardián de las leyes.