INVESTIGADORES
MURGUIA Diego Ignacio
congresos y reuniones científicas
Título:
Minería, participación ciudadana y legislación: condiciones para una participación significativa en torno a proyectos mineros en Argentina
Autor/es:
DIEGO MURGUIA; MARIN, ANABEL
Reunión:
Otro; Coloquio Internacional ?Asimetrías del Conocimiento. Producción, circulación, impactos?; 2020
Resumen:
Argentina lleva dos décadas de gran minería metalífera, con conflictividad social y bajo una legislación que exige un mínimo de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión asociados a proyectos mineros. Esto representa un problema ya que dichos proyectos suponen una intervención territorial de gran escala, y si bien generan efectos positivos, conllevan elevados riesgos de impactos adversos, con especial incidencia a nivel local.La crisis socio-ecológica global, visibilizada con la crisis de la biodiversidad, el cambio climático y ahora la pandemia del Covid-19, viene ganando importancia en la definición de políticas estatales y corporativas alineada con agendas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sector minero y muchos Estados han reconocido dichos compromisos y están re-orientando sus agendas, por ejemplo, abriendo mayor participación para reducir desigualdades (ODS número 10). Sin embargo, en general la participación sigue estando limitada a instancias locales para aspectos de responsabilidad social empresaria como el empleo local, micro-emprendedores o inversión social.Desde la sociedad civil existe una fuerte demanda de participación para discutir el modelo de desarrollo, es decir, qué se quiere hacer con los recursos existentes, bajo qué condiciones la minería sería aceptable y dónde, etc. Esto refleja la brecha institucional que existe entre los procedimientos de autorización de proyectos (proceso consultivo) y un proceso institucional de tipo colaborativo que demanda la sociedad civil mediante el cual se logre una participación significativa (o bien hecha). En este trabajo se revisaron las condiciones para que el Estado pueda conducir procesos plurales y multi-actorales donde se discutan cuestiones estratégicas como el manejo de los recursos minerales bajo un marco que reduzca las asimetrías que caracterizan la participación como son la representación de los grupos más vulnerables o el acceso a información y asesoramiento técnico para la comprensión de costos, beneficios y riesgos asociados a diferentes tecnologías mineras