Principales propuestas de financiamiento público para el acceso al suelo y a la vivienda

BARENBOIM, CINTIA ARIANA

Juárez

Congreso; 5to. Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos.; 2022

Universidad Autónoma Ciudad Juárez

Desde el año 2003 en Argentina, el boom inmobiliario y de la construcción se concentró en aquellos sectores sociales que no necesitaban financiamiento. La vivienda se produjo como un bien de cambio o resguardo de capital, siendo cada vez más difícil su acceso para la clase media y media-baja. Sin embargo, en el año 2009 se lanza el Programa ¨Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno¨, que reemplazo a los Programas Federal de Construcción de Viviendas I y II, orientado a los sectores de menores recursos pero que en la práctica se implementó para los sectores medio-bajos.Recién en el año 2012, el Estado lanza dos programas para la vivienda propia para dichos sectores: a nivel nacional el “Pro.Cre.Ar”, con bajas tasas de interés y seis líneas de crédito, y a nivel provincial “Mi Tierra, Mi Casa” consistió en loteos a precios inferiores a los de mercado. Posteriormente, en el año 2016 el nuevo gobierno nacional propone “créditos UVA” basados en una unidad de valor adquisitivo, regido por el índice de inflación, orientados a la compra de viviendas ya construidas.Por último, en el año 2020, se sanciona el Plan Nacional de Suelo Urbano que propone el “Programa Nacional de Producción de Suelo” orientado a la generación de suelo urbano para localizar vivienda, a construirse y/o a promoverse en forma pública.En este contexto, interesa analizar las respuestas que brindo el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, para el acceso al suelo y a la vivienda propia, describiendo los distintos instrumentos de financiamiento y analizando los datos de las primeras solicitudes, tomando como caso de estudio a la ciudad de Rosario. La intención es poder detectar los puntos críticos y las posibles alternativas para contribuir en futuras políticas y/o herramientas.Entre los principales resultados obtenidos, se evidencia que la localización de los proyectos no contribuye a consolidar el tejido urbano existente, provisto con todos los servicios, infraestructuras y equipamientos. Esto supone grandes costos del Estado para la extensión de dichas redes. Es decir que se logra acceder a un terreno y a la posterior construcción de la vivienda, concretando el derecho a la vivienda, pero en otros casos se posterga en cierta medida el derecho a la ciudad.