CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

En el 2017 se prorroga por tercera vez y por cuatro años la Ley 26160 que originariamente había entrado en vigencia en Diciembre del 2006. La misma, aborda la emergencia en materia de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Indígenas en Argentina. Su implementación, supone un registro territorial y la elaboración de carpetas técnicas que contienen: croquis comunitarios, informe histórico-antropológico de los Pueblos y su particular vínculo material y simbólico con el territorio, estudios jurídico-catastrales, constituyéndose en una herramienta jurídico-etnopolítica en defensa de las territorialidades (Birabent Castelnovo et. al 2020). Asimismo, la legislación dispone la emergencia territorial, la preservación patrimonial y la prohibición de desalojos a los Pueblos que suelen producirse como consecuencia de la expansión del agronegocio, los desmontes, la megaminería, conflictos con las petroleras o emprendimientos turísticos e inmobiliarios.La normativa establece la participación de una serie de organismos del Estado tanto nacionales como de cada provincia, así como representaciones indígenas, disponiendo la creación de programas para su cumplimiento, comenzando este proceso con la ejecución del Programa Nacional Relevamiento Territorial. En el proceso de su ejecución, se manifestaron ciertas contradicciones y conflictos inherentes a las lógicas que imparte el Estado, sus instituciones y marcos regulatorios, junto con los intereses económicos sobre el territorio y las prácticas que despliegan las comunidades indígenas en sus espacios de vida. De aquí que, identificamos tensiones y acuerdos entre los organismos de implementación de la Ley, los intereses político y económico de los diversos actores que intervienen en la misma. Tal es el ejemplo de la provincia de Santa Fe, siendo una de las provincias con relevamiento culminado acorde al listado presentado en un comienzo .El objetivo de este trabajo es identificar estos puntos de tensión para visibilizar las problemáticas al momento de implementación de la ley con foco en la Provincia de Santa Fe. Para ello, trabajaremos con herramientas de la metodología cualitativa: análisis de documentos públicos, carpeta técnica, entrevistas a referentes que hayan participado de este proceso.