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En este capítulo analizaremos la configuración de las disputas en la Zona Núcleo Forestal (Delta Inferior del río Paraná) en torno a la producción de la ?Ley de Humedales? , una política pública que regula las formas de apropiación y uso del ambiente en los ecosistemas de humedales. Las políticas públicas se construyen a lo largo de un proceso que tiene lugar en múltiples instancias sociopolíticas, en las que convergen diversos agentes que tienen intereses específicos. En el caso de la gestión ambiental, los (des)acuerdos resultantes de estas interacciones condensan e instituyen una concepción cultural particular acerca de las relaciones que las sociedades humanas deberían establecer con el ambiente/naturaleza (Beltrán et al. 2008).Como señala Pizarro en la introducción de este libro, en las últimas décadas el paradigma ambientalista dominante contribuyó a configurar a los humedales como uno de los principales objetos de las políticas de conservación (Keddy et al. 2009). La valoración de estos ecosistemas en términos de provisión de bienes y servicios es uno de los elementos que impulsó su protección desde fines del siglo pasado (MEA 2005). Entre las funciones que se les atribuyen destacan la regulación del ciclo hidrológico, la mitigación de inundaciones, el secuestro de carbono y la provisión de hábitat para la biodiversidad, entre otras. De este modo, se plantea que los humedales son ecosistemas claves, tanto en términos globales (MEA 2005) como regionales (Stolk et al. 2006), y que por tanto deben ser objetos de políticas específicas de protección.En nuestro país, la institucionalización de la cuestión ambiental se ha caracterizado por ciclos de mayor acercamiento y otros de mayor tensión entre los representantes de ONGs orientadas a la preservación de la naturaleza y los agentes de la institucionalidad ambiental (Gutiérrez y Isuani 2013). Una de las principales herramientas a través de las cuales se produce este proceso son las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, enmarcadas en las facultades delegadas por las provincias a la Nación en el art. 41 de la Constitución Nacional. Este artículo establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas. Si bien corresponde a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales (según el art. 124), éstas ceden a la Nación la capacidad de generar normas que concedan una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional con el objeto de imponer las condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Sin embargo, la producción de leyes de presupuestos mínimos es eminentemente conflictiva, como lo son todos los espacios sociopolíticos en los que se dirimen las políticas públicas. Las posturas que promueven la preservación de aquellos espacios pretendidamente prístinos suelen entrar en conflicto con los sentidos que los agentes locales les otorgan a sus lugares/paisajes (Santos 2009; Piermattei 2013) e invisibilizan las contradicciones existentes entre distintas lógicas de apropiación y uso social de la naturaleza (Ferrero y De Micco 2011). En esta orientación, múltiples estudios han analizado los conflictos existentes en torno a diferentes leyes de presupuestos mínimos, tanto en los procesos de formulación de normas nacionales (Isla Raffaele 2016; Langbehn 2016) como en los procesos de formulación e implementación de las normas provinciales complementarias (Silvetti et al. 2013; Straccia 2017a).El objetivo de este capítulo es analizar diacrónicamente la configuración de la arena de disputas en torno a la producción de la ?Ley de Humedales?, haciendo foco en aquellas vinculadas a lo concerniente a la Zona Núcleo Forestal. En primer lugar, caracterizaremos a este proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales, que en el año 2013 ganó espacio en la agenda pública a partir de su media sanción en la Cámara de Senadores. Sin embargo, a pesar de que ya pasaron más de cuatro años, aún no ha sido sancionado definitivamente por el Congreso Nacional.Luego daremos cuenta de la configuración de esta arena de disputa, y analizaremos las posiciones de los agentes que participan en ella: las de los decisores políticos y sus asesores científicos, las de los productores forestales y las de los agentes de la institucionalidad estatal del desarrollo rural y de la promoción de la actividad forestal en el Delta del Paraná. Nos interesa este caso porque se trata de una región cuya conformación como territorio productivo fue impulsada por el propio Estado, y actualmente son esas prácticas de vida y de trabajo locales las que son puestas en discusión. Dichas prácticas ya han sido afectadas durante el proceso de institucionalización de la ?Ley de Bosques? (Straccia 2017b), y también serían afectadas por esta norma. Así, este territorio sería una de las múltiples localidades en las cuales se disputan y reconfiguran políticas concebidas en otros niveles jurisdiccionales (Peck y Theodore 2010).Los datos que aquí presentamos fueron producidos desde una perspectiva etnográfica, a través de análisis documental, entrevistas en profundidad e instancias de observación participante. De este modo, hemos podido reconocer y analizar las posiciones de los diversos agentes sociales.

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