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Todo proceso constitucional tiene sus raíces en una coyuntura histórica y política determinada. Explicitar dicha coyuntura nos permite comprender mejor las posibilidades y límites del texto constitucional. En este sentido el modo en que el principio de igualdad es formulado en la Constitución de 1949 devela su sentido si lo recortamos, por un lado, contra el fondo de la fórmula liberal de igualdad concebida por Alberdi para la Constitución del 53/60 y confirmada por los intérpretes posteriores. Por el otro lado, si ese principio, se lee en forma complementaria con el desarrollo normativo y de organización administrativa y judicial que trató de apuntalarlo teniendo en cuenta las consignas del período, es decir: la justicia social en las relaciones laborales, y la justicia social en el uso y ?explotación? de la tierra en las aparcerías rurales. En este sentido, no estamos tan interesados en resaltar los límites (3) de la constitución del 49, ni tampoco los marcos generales desde la que suele ser interpretada, (4) como en mostrar que se trata de la cristalización jurídica de luchas sociales que la preceden y que la van a sobrevivir. Con ese objetivo en la primera sección analizamos los dos paradigmas de igualdad en pugna (Clérico y Aldao, 2011; Aldao, Baldiviezo, Kulekdjian, Sánchez, 2018), y en la segunda sección mostraremos el doble despliegue del principio de igualdad material en el proceso constitucional de 1949: por un lado a lo largo del texto de la constitución, y por el otro a través de las leyes e instituciones desplegadas por el primer peronismo (Sidicaro, 2002) con el fin de materializar el nuevo principio de igualdad. Es claro que la reforma de 1949 se enmarca en el constitucionalismo social de la época que empalma con reformas legales que suceden durante el primer peronismo y que ocurrieron antes y después de la reforma.

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