Los derechos colectivos y la protección de los conocimientos tradicionales asociados a semillas un debate bioético en Colombia

CALDERÓN CAMILO ANDRÉS; PINEDA PINZÓN EDITH CAROLINA; LÓPEZ GARCIA HAMLET; VERGARA VIDAL JORGE; LARTIGUE LUCIANA; MAZZITELLI MARIA GOÑI; BARRIGA FLORES PAOLA; ARIAS PABLO

Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual

CLACSO

Lugar: Buenos Aires; Año: 2014; p. 9 - 328

El acceso, uso y apropiación de los conocimientos tradicionales (CT) asociados a la biodiversidad tienen un lugar central en el debate político mundial, en la economía global,en las agendas gubernamentales y en las discusiones de los movimientos sociales en América Latina. Desde el modelo de desarrollo neoliberal tanto los CT como las semillas son bienes económicos, apropiables y susceptibles de regulación y control de acuerdo a intereses comerciales particulares. Por otro lado, para muchas comunidades las semillas son patrimonio colectivo, sustento del alimento y la cultura; llevan implícita la vida, la diversidad y contienen en sí mismas conocimientos acumulados de muchas generaciones de agricultores en todo el mundo. Entendiendo que las semillas y los conocimientos alrededor de ellas son bienes comunes que conforman una unidad estructural de la vida de campesinos, indígenas y afrodescendientes, en este artículo se argumenta que los derechos colectivos pueden ser el sustento ético jurídico adecuado para su protección ante procesos de apropiación desde el sistema de propiedad intelectual individual. Para ello, se contrasta la perspectiva estatal colombiana (legislación y políticas públicas) con las propuestas normativas originadas desde diversas organizaciones sociales alrededor del tema. Del análisis de estas dos perspectivas, se caracterizan los conocimientos tradicionales desde la noción de pluralismo epistemológico, se presenta la discusión alrededor de las semillas como bienes comunes en un contexto de mercantilización y los componentes esenciales de los derechos colectivos como categoría histórica que, en el contexto colombiano, fundamentan cambios normativos y la construcción de políticas públicas de protección.