Controles externos de la actividad de las instituciones de seguridad

SEBASTIÁN PEREYRA; CECILIA ALES

Regulación y control del uso policial de la coerción y la fuerza en Argentina

Ministerio de Seguridad de la Nación

Lugar: Buenos Aires; Año: 2011; p. 165 - 208

Este capítulo presenta los resultados de una exploración sobre la actualidad y la potencialidad de algunos mecanismos de control externo del accionar de las instituciones de seguridad, es decir, controles ejercidos por un poder distinto, o dentro de un mismo poder, por una institución diferente a la controlada. Con sus particulares características y modos de funcionamiento[1], estos mecanismos de control intentan influir con mayor o menor éxito sobre el desempeño policial en general y, en este marco, sobre el modo en que los funcionarios hacen uso de la coerción/fuerza, actuando de manera complementaria –e incluso muchas veces funcionando como contrapeso- del principal mecanismo de control externo de las instituciones de seguridad en la Argentina: el Poder Judicial. De manera complementaria, decimos, porque las agrupaciones de familiares, las defensorías del pueblo y las secretarías de derechos humanos tienen la posibilidad de trascender la lógica de las intervenciones caso por caso, tan típica del ámbito judicial, y analizar la actuación policial con una mirada más general y abarcadora, dándole visibilidad a situaciones que requieren de soluciones estructurales. Como contrapeso, porque la relación entre el Poder Judicial y las instituciones de seguridad, auxiliares de las primeras, se torna a veces tan próxima que dificulta el desarrollo de investigaciones exhaustivas e imparciales sobre hechos delictivos en los que presuntamente participaron funcionarios policiales. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación revisaremos algunas experiencias que muestran el rol fundamental que vienen cumpliendo los familiares de las víctimas de la violencia institucional –organizados o no- en la problematización del uso policial de la fuerza, la revelación de patrones de conducta que cuentan con un anclaje institucional y la complicidad judicial en el mantenimiento de la impunidad y, en una segunda parte, analizaremos el funcionamiento de otras instituciones  -como son las defensorías del pueblo y las secretarías de derechos humanos-que cuentan con atribuciones para, al menos potencialmente, ejercer ese control externo de modo más exhaustivo y sistemático. [1] Este funcionamiento variará en función de cuestiones tales como las bases normativas; la dedicación, competencia y experiencia del personal; los niveles de compromiso y cooperación por parte de la institución y del personal policial al cual le es aplicable el procedimiento; el nivel de conocimiento de, confianza en y voluntad de aplicar el procedimiento; la buena o mala fe de los potenciales quejosos; la cantidad de recursos asignados a la aplicación del procedimiento y el grado de apoyo político con que cuente. Stenning, Philip; “Evaluating Police Complaints Legislation: A Suggested Framework” en Goldsmith, A. & C. Lewis (eds.): Civilian Oversight of Policing: Governance, Democracy and Human Rights, (Oxford/Portland, Ore.: Hart Publishing, 2000) pp. 147-163.