Debates sobre el esfuerzo público y privado en contextos de pandemia. Controversias sobre el Aporte Solidario y Extraordinario y la Asistencia al Trabajo y la Producción en Argentina

MATÍAS LANDAU

La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia

CALAS/CLACSO

Año: 2024; p. 197 - 222

En este trabajo me interesa particularmente centrarme en los posicionamientos públicos sobre la recaudación y distribución de la riqueza. Las dos medidas analizadas son el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Aporte Solidario y Extraordinario (ASE), conocido también popularmente como impuesto a las grandes fortunas.En el primer caso, se trata de un programa estatal de asistencia, cuya particularidad es su amplio alcance que englobó a pequeñas y medianas empresas, pero también a grandes corporaciones. El carácter excepcional de la medida se asoció no solo con la magnitud del aporte, sino también con su naturaleza, que supuso que el Estado se hiciera cargo en forma directa del pago de parte de los salarios de más de dos millones de empleados privados de más de doscientos cuarenta mil empresas. Esta medida estuvo en línea con lo realizado por la mayoría de los países latinoamericanos, que al igual que Argentina adoptaron programas temporales de transferencias monetarias para paliar los efectos sociales de la pandemia.En el segundo caso, se trata de una medida recaudatoria, en la que el dinero circula de los privados hacia el Estado. Tiene un carácter excepcional por dos factores, que se asocian con que se realiza por única vez, a diferencia de un impuesto regular, y que afecta a un ínfimo sector de la sociedad, definido en la ley como aquel cuyo patrimonio fuera superior a doscientos millones de pesos (aproximadamente dos millones de dólares), y que según los cálculos finales alcanzó a aproximadamente a doce mil individuos, en un país con aproximadamente cuarenta y cuatro millones de habitantes.El artículo analiza el debate público generado en Argentina sobre estas dos medidas, entre abril y diciembre de 2020. Para ello, se ha confeccionado una base de datos con declaraciones públicas (en periódicos, radios, portales de noticias, etcétera) de cuatro tipos de actores individuales e institucionales: políticos, empresarios y sus organizaciones, sindicatos, organizaciones sociales.