CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

Entre 1983, luego del fin de la última dictadura militar, y diciembre del 2001, Argentina atravesó un período de continuidad institucional. Esta afirmación cobra toda su fuerza frente al largo periodo de inestabilidad precedente, abierto con el golpe de estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930. La primavera política que comenzó con la retirada militar fue acompañada de un discurso público aceptado por la mayoría de la población que revalorizó la democracia como forma de hacer política y la defensa de los derechos humanos. El voluntarismo de ese tiempo, sintetizado en la mítica frase con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura potenció las expectativas más optimistas de la sociedad hasta hacerle perder de vista tanto la verdadera relación de fuerzas existente entre el nuevo gobierno y los grupos de presión, como la grave situación de la economía argentina luego de los años del llamado Proceso de reorganización nacional. Es que en diciembre de 1983 se abría una nueva etapa política. Los recuerdos demasiado presentes de la guerra interna que había atravesado al peronismo en su última gestión, del terrorismo de estado puesto en práctica a partir de 1976 (y antes también), la debacle económica y, como broche de la catástrofe, la derrota en la guerra de las Malvinas, configuraron, en conjunto, una situación en la que el horizonte democrático fue un deseo compartido por la mayor parte de la sociedad. Aun la jerarquía de la Iglesia Católica, actor de insoslayable influjo social y que había legitimado el golpe de estado, compartía este nuevo horizonte desde que en 1981 realizara un inédito llamado a la reinstitucionalización. Numerosos actores políticos, sociales, intelectuales y comunicadores sociales fueron los portavoces y los principales constructores de la condena a un pasado político inestable y traumático. Pero si alguien jugó un rol protagónico en producir esa representación colectiva fue el primer presidente electo una vez recuperada la democracia, Raúl Alfonsín. En palabras de Gerardo Aboy Carlés, el alfonsinismo articuló un discurso centrado en la delimitación de una frontera respecto del pasado (Aboy Carlés, 2001: 168 -169 ). Y el juzgamiento de los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura constituyó, sin dudas, el hecho más significativo en la construcción de esa frontera. La propuesta alfonsinista logró expresar los deseos de una enorme porción de la sociedad ansiosa por dejar atrás los oscuros años de la dictadura. En forma paralela a la disolución del régimen, se había producido un paulatino aumento de las movilizaciones- sobre todo las vinculadas con los reclamos por las violaciones a los derechos humanos- las huelgas de empleados estatales y una impresionante afiliación a los partidos políticos que, según un informe de mayo de 1983, alcanzaba al 31,4 de los ciudadanos incluidos en el padrón electoral[1][1]. Al mismo tiempo, las premisas sobre las que se apoyaba el proyecto del nuevo presidente generaron la reacción defensiva de aquellos grupos que, presentados como resabios de un pasado que se debía superar, ensayaron diferentes tipos de resistencia al intento gubernamental. Desde entonces, la continuidad institucional estuvo jalonada una y otra vez por situaciones conflictivas. Las bravuconadas de los últimos centuriones de la Doctrina de Seguridad Nacional que pusieron en vilo al país a través de cuatro levantamientos militares entre 1987 y 1990, la crisis hiperinflacionaria de 1989 que produjo el alejamiento anticipado del primer gobierno post dictatorial, los años de la fiesta menemista y sus terribles consecuencias en el plano socio-económico que sólo hicieron eclosión a fines de 2001, confrontaron a la democracia argentina una y otra vez con algunos límites que ponían en cuestión las ilusiones aparejadas al fervor del año 83. Pero sobrevivió a pesar de tales desafíos, tal vez porque habían calado tan hondo el horror del terrorismo de Estado como el discurso democrático. A dos décadas de la recuperación y la revalorización de la democracia, nos preguntamos de qué manera las percepciones de la gente que protagonizó o acompañó los años de inestabilidad institucional fueron atravesadas por el discurso democrático en cuanto al rechazo de las Fuerzas Armadas como actores políticos. Porque si bien el proceso democrático iniciado en 1983 constituyó una matriz de representación a partir de la cual pudieron ser reinterpretados los hechos del pasado y condenadas las soluciones violentas que interrumpían la institucionalidad especialmente la de 1976, por su altísimo costo social-, no es menos cierto que el contexto crítico en el que fueron realizadas las entrevistas que constituyen nuestras fuentes principales podía condicionar esas mismas interpretaciones, inclinando las opiniones a favor de las soluciones militares a las que había estado habituada la sociedad argentina. Partiendo de estas consideraciones, analizamos de qué manera nuestros entrevistados opinaron acerca de los golpes de estado de 1955, 1962, 1966 y 1976, como así también sobre la puesta en práctica del plan represivo que siguió a este último y los juicios a los militares que participaron en él. Intentamos observar si en el relato que emana de la situación de entrevista de por sí conflictiva en tanto refleja la tensión existente en el ejercicio de rememorar- sobrevive aquel discurso democratizador. Las respuestas que podemos ofrecer son limitadas, pero esperamos poder plantear una serie de ideas que, en tanto hipótesis, inviten a la discusión y permitan dialogar con disciplinas como la ciencia política o la sociología, que hasta hace algún tiempo eran quienes casi exclusivamente abordaban la inestabilidad institucional y la presencia de las Fuerzas Armadas como un actor político fundamental para explicar la segunda mitad del siglo XX. En suma, realizar una contribución a la llamada historia reciente, que invita a proporcionar un panorama exhaustivo y complejo de ese período [1][1] Clarín, 18 de mayo de 1983, p 12.

enviar mensaje