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La inminente catástrofe ambiental y climática que enfrenta la humanidad suscita reacciones políticas e institucionales de diversa índole. Entre ellas, se evidencia una creciente implementación de medidas de carácter económico que buscan sancionar, mediante el encarecimiento, a aquellos productos, procesos productivos y canales de comercialización que puedan ser relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la deforestación u otras formas de impacto en la degradación del ambiente.Al enfocarse en los productos, sus procesos productivos y los canales de comercialización, estos instrumentos afectan, inevitablemente, al comercio internacional de bienes, es decir, se vuelven parte del modo de administración de los flujos comerciales internacionales, y le otorgan una nueva forma al esquema de regulación ambiental del comercio internacional.Este fenómeno no es nuevo, ya que existen desde hace décadas disposiciones ambientales que afectan al comercio internacional. Las novedades se encuentran, por un lado, en la profundización del carácter ambiental de las medidas adoptadas y, por otro lado, en la modificación del ámbito principal de determinación de la regulación del comercio. Pasando de un esquema determinado, en gran medida, por negociaciones dentro de los foros multilaterales a otro desarrollado principalmente mediante la imposición, en un marco de asimetrías de poder.La conformación de ese esquema ocurre en tres niveles: en el ámbito multilateral, principalmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio; en el ámbito bilateral o regional, a través de los acuerdos de integración comercial, y finalmente por medio de las disposiciones que los países o bloques regionales imponen unilateralmente sobre sus flujos comerciales de importación.

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