La Responsabilidad del Estado en la Crisis Social: El operativo Rescate en Tucumán

GABRIEL PEREIRA; FERNANDA DOZ COSTA

Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002-2003

Siglo XXI Editores

Lugar: Buenos Aires; Año: 2003; p. 409 - 436

La larga crisis social que vive nuestro país eclosionó en el año 2002, acompañando la crisis institucional desatada luego del estallido de diciembre de 2001. EI modelo socioeconómico de exclusión y concentración económica se profundizó llegando a límites escalofriantes. El Estado terminó de retirarse de sus funciones básicas y contribuyó con su accionar a un constante retroceso en el nivel de vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Los índices de pobreza e indigencia alcanzaron niveles vergonzosos y desconocidos para la historia de nuestro país, que se hicieron evidentes y palpables a través de las imágenes que diarios y programas de televisión mostraron de las muertes cotidianas de niños y niñas por causa de la des nutrición. A su vez, el proceso de concentración de la riqueza consolidó su manifiesto carácter regresivo. Por su parte, el desempleo y el subempleo se consolidaron como elementos estructurales de la crisis, y la reaparición del fenómeno inflacionario -producto de la devaluación- impactó principalmente en los sectores asalariados, quienes padecieron un sustancial deterioro en su poder adquisitivo. La magnitud de la crisis se reflejó en la evolución de las variables tanto sociales como económicas. Durante el año 2002 se verificaron, entre otros, los siguientes efectos concretos: a) un descenso de la actividad económica del 11%; b) un ajuste del gasto público que a valores constantes implica una reducción de diez mil millones de pesos respecto al 2001, es decir un 20% menos que en aquel año; c) una fuga de capitales que asciende a U$S 10.500 millones, transformando al año 2002 en un periodo donde la fuga incluso fue mayor que en el año 2001; y d) la consolidación de la cesación de pagos de la deuda externa. Como claro ejemplo del empobrecimiento generalizado de los sectores medios urbanos es ilustrativo analizar la situación del sistema de salud pública, que debió dar respuesta a una demanda creciente proveniente de estos grupos, con recursos cada vez más escasos. Por su parte, el Gobierno nacional enfrentó la situación declarando en emergencia alimentaria, ocupacional y sanitaria al país y puso en marcha programas sociales dirigidos a apaciguar un conflicto social de características inéditas, que parecía poner en jaque la continuidad del sistema político institucional. Sin duda alguna, estas acciones resultaron manifiestamente insuficientes para responder a la crisis y reprodujeron la lógica asistencialista de intervención estatal característica de la década del noventa. El Gobierno nacional se limitó a administrar la crisis, sin instrumentar soluciones reales que modificaran la lógica de distribución existente, y sin enfrentar la pauperización de los derechos sociales de cada vez más amplios sectores de la población. La lógica de la intervención del Estado en materia social debe apuntar a generar auténticos espacios de inclusión y a fortalecer el ejercicio de derechos tanto económicos, sociales y culturales, como civiles y políticos, evitando acciones asistenciales y de corto plazo que si bien pueden mitigar las condiciones más extremas de la pobreza estructural, reproducen la exclusión y ahondan la brecha entre los sectores sociales relegados y el sistema político.