CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

Las asociaciones entre juventud y peligrosidad han sido parte de la cuestión social desde hace ya más de cien años. Desde entonces, han ido variando los acentos de las preocupaciones políticas y sociales, y también los modos de configurar dicha asociación como un problema de intervención social y estatal. Objetivos de control social, y también de cuidado y protección hacia las nuevas generaciones, se han combinado en diversos balances hasta nuestros días. Así, la pregunta sobre el gobierno de la juventud, y especialmente sobre la juventud pobre atravesada por múltiples desigualdades, no es nueva. Sin embargo, sí ha sido modulada en los últimos años alrededor de las preocupaciones sobre la seguridad pública. En efecto, el problema de la exclusión social, de las débiles inserciones educativas y laborales de los jóvenes, especialmente en Argentina, han dado origen a diversas iniciativas estatales que vinculan el desenganche de los jóvenes de instituciones tradicionales de integración social, con trayectorias o carreras delictivas. Programa de inclusión social, o de prevención social del delito se han sumado a las intervenciones de la justicia penal juvenil que, a su tiempo, también se ha transformando de la mano de avances significativos en materia de derechos infancia y adolescencia. Este trabajo procura aportar a la comprensión de los discursos y las prácticas de este conjunto de intervenciones que, aunque no agotan la actividad de gobierno sobre las juventudes pobres, sí la marcan fuertemente debido a la presencia que la estatalidad ?especialmente en su función de la regulación de la conflictividad penal- tiene en la vida de esta población. Para ello propongo un marco conceptual para analizar las formas de regulación social de la juventud en contextos de pobreza a través de políticas socio penales.

enviar mensaje