Poner el cuerpo. Sobre los significados de la Masacre del Puente Pueyrredón

GERMÁN PÉREZ, ANALÍA GARCÍA, MELINA VÁZQUEZ

Revista Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires

Lugar: Buenos Aires; Año: 2007 p. 36 - 38

1666-7301

El 26 de junio de 2002 distintos movimientos nucleados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTDs y la CTD), el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y Barrios de Pie, se proponían llevar adelante cortes a los distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires que formaban parte de una serie de acciones de protesta conjuntas, en las que se demandaba: pago de planes de empleo, aumento del monto de los mismos, implementación de un plan alimentario, otorgamiento de insumos a escuelas y centros de salud de los barrios, desprocesamiento de los luchadores sociales, entre otros reclamos. Durante aquel año, el modo en que el gobierno de Eduardo Duhalde se relacionaba con las diferentes organizaciones de desocupados reflejaba su intento de dar por tierra con el proceso de movilización ampliado a partir de diciembre de 2001 y, junto con aquel, con el protagonismo de dichas organizaciones. Mediante una estrategia de “planes y palos”, se acordaba con algunos sectores del arco piquetero el otorgamiento de “más planes” en función del alejamiento de las calles y el comienzo de un proceso de institucionalización. Pero aquellas organizaciones que se negaban a desmovilizarse, debieron sufrir “más palos” ante su persistencia en llevar adelante acciones de protesta. Entre enero y junio de 2002, la CTD Aníbal Verón denunció 23 hechos (entre amenazas, persecuciones y asesinatos) que involucraban a miembros de las fuerzas de seguridad y personas relacionadas con el poder político (Diario Página/12, 16 de junio de 2002). El mismo día de la brutal represión desatada en el puente Pueyrredón, el diario Clarín publicaba las declaraciones del Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el vocero presidencial, Eduardo Amadeo, dejando en claro que ya no se tolerarían los cortes de ruta y que se utilizarían "todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley" (Diario Clarín, 26 de junio de 2002). La represión en el Puente Pueyrredón fue llevada a cabo conjuntamente por la policía federal y bonaerense, gendarmería y prefectura, cuando las organizaciones intentaron cortar la circulación del puente. El saldo de la misma fue de 160 detenidos, 70 heridos de bala y 2 jóvenes asesinados: Darío Santillán (21 años) y Maximiliano Kosteki (22 años). Las fotos que aquella semana se multiplicaron en la tapa de los diarios mostraban la brutalidad de la ejecución de dos jóvenes en la estación de Avellaneda, mientras uno de ellos intentaba asistir al compañero herido. Los rostros y actitudes de los ejecutores daban cuenta de una impunidad que sólo la complicidad del poder político podía conferirles.