INVESTIGADORES
NEFFA Julio Cesar
artículos
Título:
Políticas públicas de empleo II 2002/2010
Autor/es:
NEFFA, JULIO CÉSAR (DIRECTOR); BROWN, BRENDA; BATTISTUZZI, AGUSTINA
Revista:
Empleo, desempleo y políticas de empleo
Editorial:
CEIL-PIETTE-CONICET
Referencias:
Año: 2011 p. 1 - 33
ISSN:
1853-0257
Resumen:
I. Introducción
Nos proponemos aquí presentar una descripción de las políticas de empleo en
el nivel nacional desde la asunción de la presidencia de la nación por el Dr.
Fernando De la Rúa en diciembre de 1999, hasta mayo de 2002.
La situación laboral del país resultó duramente afectada por las consecuencias
de la crisis económica que atravesó el país desde mediados de 1998. El
proceso recesivo tuvo como consecuencia más visible el crecimiento de la
desocupación; el constante deterioro de la oferta del mercado de trabajo se
correlacionó con el crecimiento de la pobreza y con el fuerte aumento de la
indigencia. Esto impactó en los sectores medios y medios bajos debido al deterioro de los ingresos familiares, generándose un fenómeno que se conoció
como ?nuevos pobres?.
A precios constantes, la caída del PIB fue importante (cerca del 13% entre
comienzos de 1998 y 2001) y afectó, en primera instancia, a la demanda de
puestos de trabajo (en el período analizado, la tasa de empleo cayó 0,6 puntos
porcentuales). La contracción del empleo obligó a una porción significativa
de la población económicamente activa con problemas laborales a aceptar
puestos de trabajo de menor calidad con tal de percibir un ingreso que permitiera la subsistencia.
El desempleo oculto por el efecto ?desaliento? en las personas que desisten
de la búsqueda de empleo fue el resultado del estancamiento en la PEA. Para
finales de la década, 4 millones de personas estaban fuera del empleo pleno
de 35 o más horas semanales y el desempleo se podía considerar de tipo
estructural.
El alto número de trabajadores en negro, de autónomos con baja capacidad de
contribución, de personal doméstico, los subempleados y desocupados, cuya
cantidad superó ampliamente a la de registrados, implicó fuertes límites para
los aportes previsionales; y consiguientes coberturas del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, de Riesgos de Trabajo, de Asignaciones Familiares, del subsidio de desempleo, el sistema de obligaciones sociales y el
PAMI. Esto obligó al Estado a financiar el déficit previsional vía impuestos,
a modificar el sistema de obras sociales y a implementar políticas sociales,
entre otras medidas.
Asimismo, la evolución en las prestaciones y los montos de los programas de
empleo empezaron a disminuir a partir de 1999. Esta merma se debió en gran
parte a la insuficiencia de fondos disponibles para su continuidad