Las disputas por los bienes comunes y su impacto en la apropiación de servicios ecosistémicos. La ?Ley de Protección de Bosques Nativos? en la provincia de Córdoba, Argentina

CABROL, D; CACERES D

ECOLOGÍA AUSTRAL

Asociación Argentina de Ecología

Lugar: Buenos Aires; Año: 2017 vol. 27

0327-5477

Partiendo de las cuatro categorías que regulan la propiedad, el acceso yla apropiación de los bienes naturales (i.e., privada, estatal, libre, ycomunal), el presente trabajo busca analizar cómo la aprobación de una Ley quepropone conservar el bosque nativo (a) genera procesos de cercamiento de bienescomunes; y (b) impacta diferencialmente a distintos actores sociales. Lautilización de técnicas cuantitativas y cualitativas y la combinación dedistintas fuentes de información (entrevistas a distintos actores sociales,medios masivos de comunicación, documentos gubernamentales), permitió analizarlos impactos sociales de la implementación de la ?Ley de OrdenamientoTerritorial para los Bosques Nativos? de la Provincia de Córdoba (Argentina).Los resultados sugieren que la nueva Ley prioriza laidea de propiedad privada, por sobre las normas consuetudinarias, los arregloslocales, y el acceso flexible a los servicios ecosistémicos, propios de lalógica productiva campesina. Los productores capitalizados, con mayor podereconómico y político, disponen de mecanismos que les permiten atenuar losefectos restrictivos del nuevo régimen legal, y están mejor posicionados pararecibir compensaciones monetarias de parte del Estado. Así, se generan nuevas condicionessociales que se traducen en nuevos procesos de exclusión social y en asimetríaseconómicas entre los productores que operan en un mismo territorio. Son los másvulnerables y con menos poder económico y político (i.e., los campesinos), losmás perjudicados en el nuevo escenario emergente. En un mundo globalizado dondedomina la lógica económica de mercado, los ecosistemas nativos están sujetos auna lógica extractivista que prioriza la rentabilidad de corto plazo. Estogenera altos costos ambientales y sociales. El Estado tiene la responsabilidadde proteger estos ecosistemas a fin de garantizar el bienestar común. Pero todanueva legislación ambiental debe también evaluar sus posibles impactossocioeconómicos.