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En un artículo anterior abordamos las características predominantes de la política habitacional y de los desplazamientos compulsivos durante la segunda mitad del siglo XX en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra tarea aquí será adentrarnos en las modalidades de intervención estatal en materia de hábitat popular desde 2003 a la actualidad, buscando trazar las principales continuidades y rupturas con respecto a etapas precedentes, en cuanto a la tensión constante entre inclusión, desalojos y expulsiones. Proponemos una lectura de la política habitacional a partir del crecimiento del hábitat informal, que analice la intervención del Ejecutivo porteño ?la cual parece centrarse en el embellecimiento del espacio público antes que en una política activa de promoción de la vivienda social? a fin de comprender la vigencia de las políticas expulsivas hacia los sectores populares de la Ciudad.En las políticas habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires parece haberse afianzado una tendencia ?vigente desde los años 90? que articula cada vez con mayor intensidad las políticas habitacionales con la acción del mercado y de diferentes grupos sociales implicados en los procesos de renovación urbana, con la consecuente exclusión de los sectores populares y el empeoramiento de las condiciones en las que habitan.Si en un artículo anterior veíamos cómo, tras el fin de la dictadura, las políticas de erradicación, desalojos y relocalizaciones fueron cediendo lugar a tendencias de mayor tolerancia hacia las villas de emergencia, durante el presente milenio asistimos al debilitamiento de los marcos institucionales y de legalidad impulsados desde fines de los años ?80 para el mejoramiento del hábitat de los sectores populares (Rodríguez, 2009).Desde la asunción del PRO en el gobierno de la Ciudad en 2007, la política habitacional hacia las villas viene sufriendo una creciente restricción presupuestaria, así como la fragmentación de los organismos encargados de implementarla. Ese complejo entramado de competencias y superposición de funciones ministeriales genera, además, mayores incumplimientos y arbitrariedades.A las intervenciones en áreas específicas de la ciudad se contrapone el desconocimiento de otras formas de hábitat popular: mientras a los residentes de las villas oficialmente registradas se los reconoce como ?pobres legítimos? y sujetos sociales, históricos y políticos con ciertos derechos (Lekerman, 2005), a los habitantes de asentamientos no les espera sino el desalojo forzoso o la erradicación (Lekerman, 2005; Rodriguez, 2009)Según estimaciones a partir del último Censo nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires ronda el 12% de los hogares (132.570 hogares). Dentro de estas estimaciones, 73.300 familias viven en villas y asentamientos. Del abanico de opciones del hábitat popular de la ciudad, el artículo ha de detenerse en el caso de los Nuevos Asentamientos Urbanos. La expresión refiere a aquellas villas que surgieron a partir de la crisis de 2001 en espacios lindantes a los barrios precarios ya existentes, o bien en lugares que no fueron concebidos para albergar viviendas, ya sea por su alta contaminación ?en el caso de terrenos de borde de río o basurales , por ejemplo?, o por su peligrosidad, como el caso de los terraplenes de las vías férreas. Los nuevos asentamientos urbanos también se despliegan en plazas, baldíos, bajo autopistas y otros espacios libres de la ciudad. Si bien el concepto alude a procesos de ocupación informal del suelo en apariencia distintos de otras tipologías de hábitat informal, estos no son necesariamente nuevos ?los hay de más de veinte años de existencia?.A diferencia de las villas de emergencia declaradas oficiales, no se han diseñado ni implementado programas acordes a resolver la problemática de estos asentamientos. Antes bien, se han realizado escasas intervenciones relacionadas con la infraestructura, o bien se han impulsado operatorias de relocalización, fundamentalmente para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, culturales, construcciones viales y espacios públicos. Asimismo, algunos de estos asentamientos fueron desalojados judicial y administrativamente, otorgándoles como única solución habitacional magros subsidios habitacionales. Los habitantes de estos asentamientos fueron considerados más como usurpadores que como sujetos vulnerados, lo cual opera como argumento para justificar su desalojo. A lo largo de este artículo buscaremos analizar, en suma, las modalidades de intervención estatal en materia de hábitat popular desde 2003 a la actualidad, focalizando en la tensión entre las intervenciones ?por lo general erráticas e insuficientes? y las políticas de exclusión. Para ello nos centraremos en los siguientes aspectos: Políticas de omisión y tolerancia frente a los asentamientos urbanos: entre la urbanización y la expulsión.Fachadismo y embellecimiento del espacio público en ciertas áreas de la ciudad, en detrimento de la invisibilidad persistente de otros territorios. La activación de diferentes niveles de exigibilidad y obligaciones sociales.La introducción del derecho como mediador de las políticas habitacionales ante la falta de ejecución de los programas de vivienda.A partir de estos objetivos buscaremos, entonces, proponer una caracterización de los procesos recientes de desplazamientos en la Ciudad de Buenos Aires, haciendo énfasis en la operatoria del poder estatal y en la estrategia observada de deconstrucción de la vivienda social (Carman et. al, 2015).

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