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Pactismo Fiscal (1° Parte). La coexistencia de múltiples niveles de gobierno en un Estado federal como el nuestro, exige necesariamente de instrumentos que posibiliten y faciliten las relaciones intergubernamentales, en busca de la convergencia de voluntades tendientes a la coordinación de ciertas competencias cuya titularidad pertenece, en común, a los distintos niveles (nacional y subnacionales). Cada uno de éstos posee autonomía política. Ello significa que ante asuntos necesitados de la intervención estatal, y cuya competencia pertenezca en común a esos distintos niveles, la decisión no puede ser tomada unilateralmente, sino que debe surgir de la convergencia de voluntades de los gobiernos titulares de esa competencia. Ante ello, cobran impar importancia los instrumentos para la coordinación. Estos acuerdos interjurisdiccionales constituyen el género que engloba toda una gama de pactos, acuerdos, tratados, convenios y convenciones entre nación y provincias. A lo largo de la última década del s. XX y principios del s. XXI, se ha dado en nuestro país el fenómeno de los pactos federales en materia tributaria, que modificaron tanto el régimen de Coparticipación de impuestos como la estructura misma del sistema impositivo. Dentro del vastísimo espectro de acuerdos interjurisdiccionales existentes, las leyes-convenio y los pactos han sido reiteradamente utilizados en nuestro país para coordinar y regular las competencias tributarias de los diversos niveles de gobierno, como así también para concertar políticas comunes orientadas a la disciplina fiscal, la promoción del empleo, la transparencia fiscal, la distribución de la masa coparticipable, entre otros. Esta primera parte del artículo está orientada a analizar los aspectos teóricos de tales acuerdos, sobre los efectos que produce en el ordenamiento jurídico (nacional y provincial), los distintos tipos y modalidades, etc.

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