Karin Arbach: cómo predecir reincidencia en conductas violentas a través del método científico

Las predicciones no solo aparecen con las ciencias ocultas, consultando el horóscopo o las cartas de tarot. Así como un meteorólogo pronostica el clima para dentro de seis o siete días futuros, varias ramas científicas lo tienen en su génesis: los economistas, por ejemplo, vaticinan el rumbo de un país más a largo plazo. Y en el campo de la criminología se puede estimar la probabilidad de que una persona cometa un acto violento -en un rango de tiempo que oscila entre algunos días hasta varios meses- a través de la “evaluación de factores de riesgo”. Numerosas herramientas se vienen diseñando desde hace más de treinta años en Canadá de la mano de la Psicología Criminal y se fueron extendiendo con éxito hacia países como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Alemania, Países Bajos y España. Algunos resultados indican que permite un 13 por ciento más de precisión que lo que suele augurar el ojo clínico de un psicólogo experimentado. No obstante, en Latinoamérica su uso aún no se desarrolló: por eso, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Karin Arbach está trabajando desde su ciudad de residencia, Córdoba, con miras de adaptarlas e implementarlas a nivel de la justicia de la mano del Programa Nacional Ciencia y Justicia.

La génesis de las evaluaciones de riesgo

La psicología criminal es una rama que estudia la conducta delictiva y especialmente la conducta violenta. Hoy en Argentina, las técnicas utilizadas por los psicólogos para predecir el nivel de reincidencia de una persona son el ojo clínico o las técnicas proyectivas, como el popular test de Rorschach. Técnicas que, a juzgar por esta investigadora y en base a los acuerdos de la comunidad científica en este tema, no son específicas para esta tarea.

Si se bucea en su historia, la formación de Arbach comenzó en el ámbito de la Psicología Clínica. Su interés en la psicología criminal comenzó en 2001, cuando cursó su posgrado en Barcelona y luego un doctorado que la introdujo en las técnicas de valoración del riesgo suicida y luego de la violencia interpersonal. El puntapié fue el estudio de sistemas de evaluación del riesgo de violencia empleados en el ámbito psiquiátrico forense y correccional de Canadá. Posteriormente, se focalizó en herramientas de predicción de reincidencia delictiva para la población penitenciaria -como el Statistical Information for Recidivism Scale y el Offender Group Reconviction Scale (OGRS)-, y hasta conoció el Ministerio del Interior en Reino Unido. Por esos años, la científica trabajó como asesora del Departamento de Justicia de Cataluña, donde diseñó junto a otros catedráticos de la Universidad de Barcelona un sistema de evaluación de riesgo de violencia que evalúa riesgos múltiples en poblaciones penitenciarias y que está vigente desde 2009, pues es de uso obligatorio en la comunidad catalana, que cuenta con unos 10 mil internos penitenciarios.

Años después, ya de regreso a Argentina –y teniendo en cuenta que nuestro país tiene una tasa de femicidios cinco veces más alta que España- desarrolló un proyecto para evaluar factores de violencia de pareja en jóvenes, teniendo presente que es una población crítica para las estrategias de prevención. Actualmente trabaja para adaptar los sistemas de evaluación de riesgo de violencia de pareja para la justicia local, además de coordinar un proyecto multicéntrico para adaptar un sistema de detección de niveles de riesgo en mujeres que asisten a servicios sociocomunitarios de esa ciudad.  “En este ámbito, vemos que los factores de riesgo para la violencia de pareja son diversos: las creencias machistas no lo explican todo. También hay factores individuales de importancia que deben evaluarse, como la impulsividad, el abuso de sustancias, niveles altos de hostilidad o de disposición agresiva, rasgos temperamentales como la alta reactividad, o ciertos síntomas psicopatológicos. La ciencia nos está indicando que hay muchos factores que actúan sobre la violencia de pareja, y por eso hay que tener muy claro de qué tipo de violencia estamos hablando cuando queremos valorar el riesgo de que alguien la sufra o la cometa”.

Una herramienta para tomar decisiones

La concesión de libertad vigilada, libertad condicional, el cumplimiento en la comunidad de las penas, las órdenes de alejamiento, la adecuación de las sanciones, la concesión de permisos, la administración de tratamientos psicológicos y la rehabilitación, así como los métodos a llevar adelante para la prevención de la reincidencia delictiva, son decisiones que dependen de un juez, y detrás de él, los psicólogos son quienes tienen en sus manos los estudios y las pruebas que ayudarán a tomar dichas decisiones. “Los estudios indican que si un profesional que está en contacto con personas víctimas de violencia usa solo el ojo clínico para estimar el nivel de riesgo en las personas, cometerá más errores pronósticos que si emplea estas herramientas. ¿Cómo mejoramos el juicio de los profesionales?”, es la pregunta iniciática de esta investigadora.

La metodología para la evaluación de los factores de riesgo consiste en guías estructuradas para la evaluación de aspectos puntuales a relevar (los instrumentos más empleados en el mundo contienen entre 10 y 20 factores) para determinar con más precisión el posible grado de reincidencia: esos factores –también llamados predictores- van desde la historia de la conducta delictiva –que se rastrea a través de datos fiables como la consulta del expediente de una persona así como entrevistas con la víctima, el acusado, enfermeros que hayan atendido a la persona, guardias en caso de que haya sido encarcelado-, hasta el grado impulsividad o de insight de una persona –autoconciencia de lo hecho, de su riesgo o de su necesidad de tratamiento si la hubiera-, entre otras. Esas variables biográficas, de personalidad, psicopatológicas, socio-laborales, actitudinales, así como los factores de riesgo históricos -como  antecedentes de violencia juvenil o victimización infantil-, son la clave de una predicción acertada sobre el nivel de reincidencia de una persona. “Esos factores de riesgo son limitados: con una evaluación rigurosa de una decena de factores de riesgo podemos mejorar mucho nuestras estimaciones de que alguien haga algo malo en el futuro a la vez que identificamos las necesidades de las personas en riesgo, a fin de intervenir de manera específica”.

Hace unos años Arbach adaptó en España uno de los manuales de riesgo más utilizados en el mundo, y recientemente tradujo la nueva versión de este manual y lo está adaptando a Argentina junto con su equipo de investigación. El siguiente paso a traducirlas será la validación psicométrica: ver que funcionen. “Para comprobar que efectivamente estos factores de riesgo que componen las guías –explica Arbach- sean buenos predictores de la conducta violenta. Mi trabajo es aplicar estas guías: evaluar a sujetos con estas guías, y seguirlos a lo largo del tiempo, meses, años, y ver si en ese tiempo la violencia ocurre o no ocurre y si las estimaciones de riesgo fueron o no acertadas, por el contrario, si hubo demasiados falsos positivos o falsos negativos. Eso se llama ´estudios longitudinales de validez predictiva”.

Implementar las evaluaciones de riesgo en la Justicia, según apunta esta científica, permitiría dar transparencia a la toma de decisiones profesionales, reducir la tasa de errores pronósticos y, lo que es más importante, dar mejor información al eventual juez para su toma decisiones. “Los factores de riesgo dan información específica del contexto de la persona. Es un paradigma más científico para abordar la delincuencia, que deja de lado el paradigma clínico para trabajar en la reincidencia. Si la situación del sujeto cambia, puedo evaluar de nuevo y tener una nueva información de su riesgo”. Otro punto a favor es que sería muy barato de implementar: “No requiere más que entrenamiento para los agentes en el uso de estas guías. Los entrenamientos pueden llevar dos o tres días con supervisiones posteriores para ver que lo estén haciendo bien. No es costoso, al menos en un sentido económico. En el sentido organizacional es diferente, puesto que no es sencillo modificar las prácticas de larga tradición. Distinto sería mejorar otros sistemas en el ámbito forense: antropológicos, bioquímicos. Pero este aporte de la psicología criminal a la Justicia –remarca- es algo de bajo coste”.