Julieta Rostica: la socióloga que comprobó los nexos entre militares argentinos y guatemaltecos

Si la historia es circular, la historia de la científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Julieta Rostica es la prueba fehaciente de ello. En el año 1999 -cuando tenía apenas 22 años-, Rostica viajaba por Latinoamérica y el Quetzal, la moneda de Guatemala, le llamó la atención de un modo inusual: en el medallón se dibujaba una paloma y la palabra “paz”. ¿Por qué este símbolo?, se preguntó Rostica, quien aún era estudiante de Sociología. “Algo muy complejo detrás de esta construcción identitaria”, pensó, y comenzó a indagar en las raíces de esa elección poco fortuita hasta llegar a saber que Guatemala venía de 36 años de un conflicto interno armado sangriento, con 150 mil muertes y 50 mil desapariciones, y que recién en 1996 –tres años antes de su visita al país- se había firmado la paz. Rostica no se imaginó, en ese entonces, que en marzo de 2018 terminaría participando como perito en el juicio que condenó por primera vez a cuatro militares de alto rango de Guatemala por crímenes de lesa humanidad.

“Hasta ese entonces, en Argentina no había ni un solo libro sobre la dictadura de Guatemala: era una historia profundamente desconocida –recuerda-. Entonces decidí viajar dos veces más ese mismo año y traerme montañas de libros”. Como becaria del CONICET, poco más adelante, se centró en el caso de Guatemala, para, desde el año 2013, comparar ese caso con la dictadura argentina y llegar a ser perito en la causa Molina Theissen.

EL CASO MOLINA THEISSEN

27 de septiembre de 1981. Emma Guadaulupe Molina Theissen, una joven activista de 21 años, es arrestada por el ejército e interrogada en una base clandestina en Quetzaltenando, al oeste de Guatemala. La privan de comida, la golpean, le aplican descargas eléctricas y la violan. Baja tanto de peso en la prisión que las esposas se le aflojan y logra convertirse en una de las pocas civiles que puede escapar al cautiverio. Pero la historia de vejámenes no termina ahí: al día siguiente, el ejército va a buscarla a su domicilio y como no la encuentra, mete en un saco y se lleva para siempre a su hermano Marco Antonio, de catorce años. Hoy, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, Marco Antonio es uno de los aproximadamente 5 mil niños desaparecidos por la fuerza militar durante el conflicto interno.

Treinta y siete años después, Rostica fue convocada por el Ministerio Público de Guatemala para realizar el peritaje del secuestro de Emma Theissen y de la desaparición forzada de su hermano. La investigadora le dio herramientas al Tribunal para comprender que esa desaparición forzada estuvo directamente relacionada con la fuga de Emma, hechos articulables en tiempos y espacios diferentes: lo declaró en marzo pasado, cuando participó como perito en el juicio oral y público en el que se terminó procesando por primera vez a cuatro militares de alto rango por violaciones a los derechos humanos, entre quienes se cuenta el Director de Inteligencia y el Jefe del Estado Mayor del Ejército. “Realmente es una gran noticia”, dijo Rostica cuando se enteró del veredicto, que se conoció a fines de mayo y fue festejado por los activistas contra la impunidad, “este es un día histórico”.

Para el peritaje del caso Molina Theissen, Rostica trabajó con el Grupo de Estudios sobre Centroamérica que coordina en la UBA y recibió la colaboración de su becaria del CONICET, Laura Yanina Sala, y de una investigadora-docente, la antropóloga Ana González, de la Cátedra de Adolfo Pérez Esquivel. Envió cientos de documentos desclasificados como prueba para el juicio. Su peritaje “La colaboración argentina y sus consecuencias en la lucha contrasubversiva en Guatemala, 1976-1981” se basó en documentos oficiales obtenidos del archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y de documentos militares desclasificados, entre otros, e incluyó una lista de militares guatemaltecos que asistieron a los cursos en Argentina, así como de los militares argentinos que sirvieron como militares adscritos en Guatemala. La investigadora comprobó, mediante los documentos, que los militares guatemaltecos recibieron capacitación en inteligencia militar, lucha contrasubversiva y “lugares de detención temporaria”, así como en la llamada Guerra Revolucionaria.

SOCIOLOGÍA DEL GENOCIDIO

La historia de cómo llegó a ser perito en la causa Molina Theissen es, también, la de su derrotero como investigadora del CONICET.  “Guatemala fue el primer país de América Latina en el que se usó el término genocidio, tal como lo establece la Convención, para conceptualizar los crímenes de lesa humanidad. Incluir el término genocidio fue y sigue siendo toda una discusión: en Guatemala el 64 por ciento de las masacres indiscriminadas se verificaron en un año y medio, el 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos se concentraron en tres años, alrededor de los 80, en la previa a la dictadura propiamente dicha que comenzó el 23 de marzo de 1982”, explica la investigadora, que dio sus primeros pasos en el tema con su tesis de doctorado, en la que develó cómo el racismo fue una motivación para la comisión de actos de genocidio en Guatemala, aunque prefiere hablar de “política de genocidio”.

No le fue fácil: el campo de los estudios sobre genocidio es controvertido y no todos los historiadores están de acuerdo con esa catalogación. Hay múltiples pocisionamientos en relación a la utilidad del término y a la distinción con los crímenes de lesa humanidad. Lo que motivó a Rostica a inscribir el proceso guatemalteco de violencia política dentro de un genocidio fue que en 1999, en Guatemala, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se conformó una Comisión para el Esclarecimiento Histórico –la análoga a la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina-, que presentó un informe de doce tomos con el trabajo condensado de más de 300 investigadores de todo el mundo en el que se usó el concepto de genocidio. Aquel informe probaba que más del 90 por ciento de las muertes y desapariciones sucedidas entre 1962 y 1996 habían sido perpetradas en manos de las fuerzas del Estado –desagregadas en el Ejército, las policías, los Comisionados Militares, y otros organismos- y no de la guerrilla, y que el 83% de las víctimas eran indígenas. Pero asimismo notó que las características de la violencia política perpetradas en las zonas urbanas fue muy diferente a la registrada en las zonas rurales: el modus operandi parecía tener una marca argentina.

A partir de ese puntapié, Rostica comenzó una excursión permanente al archivo de la Cancillería Argentina. Primero encontró un cable secreto de un agregado militar de 1982, cuando se produjo el golpe de Estado en Guatemala, que decía que la Embajada Argentina estaba dentro del Palacio Nacional de Guatemala. “¿Qué explica esa presencia? Los golpes no suceden de un día para el otro”, pensó Rostica. La presencia de Argentina en el país justo en ese momento le generó tantas sospechas que derivó en una nueva hipótesis para su trabajo: que Argentina tenía nexos previos con militares de Guatemala. “Era todo muy raro”, recuerda.

EL TRABAJO EN EL ARCHIVO

A partir de allí, comenzó a indagar en los documentos oficiales. “Hasta entonces –dice- se barajaba que había habido vínculos entre argentinos y países de América Central, en apoyo para derrocar el proceso Revolucionario Nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero más allá de Nicaragua, no se sabía nada sobre los nexos de la dictadura con otros países”. Lo primero que vio Rostica a partir de esos archivos fue la cantidad de viajes de delegaciones que se hacían en ambos países: más aún, teniendo en cuenta que Guatemala no era un país estratégico.

Para poder utilizar como prueba los documentos que utilizó en su trabajo con los archivos de Cancillería, en 2012 Rostica pidió la desclasificación de los mismos: se concretó a fines del año pasado. “Es muy difícil trabajar las áreas de Inteligencia de un país –asegura la investigadora-, porque sus acciones son clandestinas y secretas. Entonces te manejás con hipótesis hasta que conseguís el documento que comprueba que efectivamente fue así, eso es lo que yo quise asegurarme”.

Primero, Rostica le dio un orden cronológico a los documentos que fue encontrando: la intención de firmar convenios entre ambos países, las declaraciones conjuntas. “Todo eso me empezó a dar pistas de que había intensas relaciones diplomáticas”. Después aparecieron, directamente, los viajes de delegaciones militares. Más adelante, hizo la misma compulsa en el archivo de la Cancillería de Guatemala, para comparar y profundizar el trabajo. Pero allá le denegaron el acceso a la información que buscaba. Lo que Rostica consiguió fueron las memorias de la Cancillería, en donde se deja todo de forma expresa, y documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. “A partir de ahí comencé a ver que había más relaciones diplomáticas registradas, que acá no se registraban y allá sí. Empezamos a cruzar los datos y a recrear ese diálogo entre militares”: aparecieron convenios para fortalecer las relaciones, los intercambios, la cooperación para ampliar las becas para los cursos de inteligencia. Todo eso le permitió armar un arco temporal definido.

Después, la investigadora sumó trabajo en el Archivo General del Ejército Argentino: “Fue interesante porque al poder mirar los boletines reservados del ejército, vimos que desde Guatemala venían a tomar cursos de Inteligencia para oficiales extranjeros”. Los objetivos de dichos cursos, entre el 78 y el 82, iban desde “formar oficiales de inteligencia para la lucha contra la subversión” hasta sobre “lugares de detención temporaria”, con materias como Inteligencia, Inteligencia Exterior e Interrogatorio. Una de las personas que vino a tomar ese curso, según pudo reconstruir Rostica, fue el propio Director de Inteligencia de la dictadura guatemalteca, José Mauricio Rodríguez Sánchez, actualmente acusado de genocidio en Guatemala.

Gracias a la desclasificación de archivos, Rostica pudo ver que la sede de la Agregaduría Militar de América Central –en donde se realizaban tareas de inteligencia para varios países de Centroamérica y del Caribe-, dependía del Ejército Argentino y estuvo en Guatemala. También, comprobar la asesoría que Argentina dio a los militares guatemaltecos –un tema al que pudo aproximarse gracias al Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa- y que el plan sistemático de desaparición forzada represivo del Estado de Guatemala fue organizado de manera similar al de Argentina, que las inteligencias de ambos países tenían un rol central y que su impronta estuvo inspirada, en ambos casos, alrededor de la escuela francesa para desarrollar métodos de combatir las presuntas organizaciones subversivas. Y pudo corroborar que el Manual de Guerra Contrasubversiva de Guatemala plasmado por esos años utilizó, entre otras fuentes, un folleto argentino de instrucción de lucha contra la subversión de la década del 70.

Todo eso derivó en la participación en el peritaje del caso Molina Theissen, que terminaría en mayo pasado con la condena a cuatro de los cinco militares juzgados: 58 años de prisión en contra de Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, y Luis Gordillo Martínez, con 33 años por desaparición forzada y violación. “Cuando viajé para declarar en marzo tuve custodia todos los días. No podía caminar libremente por la calle, ni tomarme un taxi para salir del hotel. Las personas juzgadas están insertas en las estructuras criminales de la actualidad, además de que Guatemala es uno de los países que registran las tasas de homicidios más altas del mundo”, confiesa Rostica. Ahora, además, como flamante miembro del Programa Nacional Ciencia y Justicia, Rostica impulsará convenios con instituciones guatemaltecas para avanzar en investigaciones en conjunto y estudiar, por ejemplo, los convenios financieros. Todo por una moneda.