José Braunstein, un científico pionero en traducir sistemas normativos indígenas frente a la Justicia

José Braunstein es licenciado en Ciencias Antropológicas, Doctor en Filosofía y Letras e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dentro de su campo de estudio -la antropología lingüística- desde 1985 se especializa en estudiar a las etnias indígenas del Gran Chaco: tiene más de doscientas publicaciones en los temas de su especialidad. Además, las vueltas de la vida lo llevaron a inmiscuirse, dentro de su disciplina, en una veta poco explorada: la antropología jurídica. Braunstein traduce, como perito oficial o de parte, el sistema jurídico consuetudinario de las comunidades indígenas frente al código judicial nacional: una tarea que sólo hacen un puñado de especialistas en el país.

¿Cómo llegó a ese campo? Como alumno del Colegio Nacional Buenos Aires, tuvo profesores en asignaturas como geografía e historia que le marcaron el rumbo. Tenía apenas doce años cuando descubrió que a la vuelta del colegio estaba el edificio del Museo Etnográfico, se le ocurrió hurgar por sus pasillos. Por esa misma época, un viaje de estudios a Catamarca lo llevó a soñar con ser arqueólogo. Cuando terminó la escuela secundaria ingresó a la carrera de antropología, y ahí se dio cuenta que lo que interesaba, en realidad, era estudiar a los indígenas vivientes.

Cuestión de ley

El primer caso le surgió en 1996, en Las Lomitas, provincia de Formosa: a raíz de su trabajo en la comunidad, indígenas Pilagá le pidieron que realizara ante un juez un testimonio explicativo sobre datos relativos a su cultura que justificaran su conducta. Era un caso de una riña entre dos de sus jóvenes con criollos. Como no había tradición en el asunto, al investigador le sucedió algo insólito: en vez de tomarlo como parte pericial, el tribunal lo llamó como testigo del caso. “Eran confusiones –recuerda- que sucedían por ser las primeras pericias marginales al hecho en sí. Cuando uno trabaja en investigación se crean nexos de compromiso y solidaridad con quienes se trabaja, uno se involucra en sus conflictos”, dice Braunstein, que desde entonces trabaja con la justicia indígena en casos penales y civiles.

El punto de inflexión para que comenzara esa demanda, según puntualiza el investigador, fue unos años antes: en 1994, la reforma de la Constitución Nacional permitió que comenzaran a reconocerse y respetarse -de manera implícita- las leyes de los aborígenes: “Cada pueblo tiene su lenguaje y su sistema jurídico impreso en sus costumbres. Ante cada hecho conflictivo los pueblos indígenas respetan sus propias leyes, sus ideas del bien y del mal, y sus razones para actuar de tal o cual manera”. Antes de 1994, la ley nacional planteaba, según indica el científico, una relación de subordinación absoluta. “Los indígenas eran gente sin derecho. Con la modificación constitucional surgió la necesidad de traducir los sistemas normativos aborígenes ante la ley”.

Su trabajo pericial llegó incluso, en 2005, a la corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de tierras en Paraguay. “La antropología –insiste- permite traducir el punto de vista de los indígenas, cuestión que la justicia desconoce absolutamente desde sus elementos y normativas distintas”.

Una tarea poco común

Antes de que Braunstein emprenda su tarea, el primer peritaje en defensa de indígenas en el país se produjo a mediados de los ´60, en un caso de infanticidio en Formosa. Un poco más cerca en el tiempo, el antropólogo también recuerda como un hito al primer caso en el que se planteó la colisión entre la normativa indígena y la justicia local: en 1978, “La masacre de Lonco-Luán” fue un caso renombrado en el que una comunidad mapuche de Neuquén, en una reunión religiosa, realizó un exorcismo que terminó con la muerte de varias personas a golpes de biblia. Se conoció como la matanza de Lonco-Luán por el lugar donde ocurrió, 65 kilómetros al oeste de Aluminé, en Neuquén. Eran mapuches seguidores de la Unión Pentecostal Argentina, que mataron a una mujer y a tres chicos para quitarles a Satanás de su cuerpo.  “Intervino la Justicia y fue un verdadero escándalo”, recuerda. El juez entendió que los mapuches habían matado en estado de éxtasis místico. 

En los últimos veinte años, Braunstein se fue inmiscuyendo cada vez más en el trabajo en antropología jurídica a demanda de las comunidades. Ya tiene en su haber más de quince pericias antropológicas en causas con indígenas. “Hice asesoramiento legislativo en casos de tierras y otras cuestiones. Poco a poco guié mis investigaciones hacia cuestiones de antropología jurídica, fui integrando las cuestiones académicas casi de manera fortuita”.

Los antropólogos que, como Braunstein, se dedican a realizar pericias interpretando la ley indígenas en vista de la Justicia argentina se cuentan con los dedos de una mano. Cuando se le consulta, el investigador nombra a algunos de sus colegas, que realizan trabajos similares en Formosa, en Misiones, peritajes sobre mapuches.

Braunstein fue perito, por ejemplo, en casos civiles de “priviñado”. Según el investigador, es de las normativas que más conflicto causa entre indígenas y no indígenas, y a la vez, de las que más se repiten. El priviñado es un sistema de poligamia en el que un hombre se casa, simultáneamente, con una mujer y la hija de un matrimonio anterior de la misma. Para la Justicia argentina es un delito si la joven es menor de edad, pero para algunas comunidades originarias es una figura de matrimonio múltiple muy común. “Sucede una o dos veces por generación. Pero para nuestra ley, ese hombre es un violador”, apunta el antropólogo. Hasta el día de hoy, ninguno de estos casos penales fue aún ganado por los indígenas a pesar de que en ellos no existen personas reales lesionadas: “Ningún juez tuvo el coraje de ir en contra del código penal”, dice Braunstein.

Son numerosos los casos de “colisión normativa” -cuestiones en las que el derecho positivo se topa con los diversos sistemas de derecho indígena consuetudinario-, apunta Braunstein; entre otros está la “ley del Talión” que tanto aplican las comunidades de pueblos originarios (“la violencia ante un hecho de violencia es algo normal, parte de la venganza”), diversas formas de matrimonio no previstas en el Código Civil, variados regímenes de adopción, eutanasia, infanticidio, aborto, entre otros.

Según explica, en muchos casos las colisiones normativas se resolverán en fallos “de compromiso” que, cuanto más, ameritarán atenuantes para los indígenas. Sin embargo, poco a poco, dice el antropólogo, “con el cambio en la ley y los casos cada vez más numerosos, los indígenas van asumiendo un nuevo rol dentro de la Justicia argentina, presuntamente tienen derechos, aunque la sociedad y la justicia se resistan mucho”. Según su opinión, los partidarios del pluralismo jurídico deberán trabajar para obtener una jurisprudencia. “Que los indígenas ganen una cantidad de casos suficiente –concluye- como para permitir abrir la brecha para que una normativa nueva se aplique en sus casos”.