INTA y CONICET, acuerdo por la memoria

“Mirar al pasado institucionalmente, desde los organismos de ciencia y técnica, es un ejercicio interesante para recuperar la memoria y tenerla presente. Así, vemos la realidad de una manera diferente”, aseguró el presidente del CONICET, Roberto Carlos Salvarezza, tras firmar una carta de intención con su par del INTA, Carlos Casamiquela, en la que ambos organismos se comprometen a analizar lo ocurrido durante el gobierno de facto entre 1976 y 1983.
El acuerdo, rubricado la semana pasada, tiene por objetivo investigar el impacto y las consecuencias que tuvieron las políticas desplegadas durante el gobierno militar en las líneas de investigación y extensión del INTA.
“La política de derechos humanos del gobierno da un marco para que podamos realizar este tipo de acciones”, aseguró Casamiquela. “Esto se hace porque las sociedades tienen un tiempo de maduración, en el caso de las instituciones pasa lo mismo: hoy se comparte la necesidad de reivindicación”.
La carta de intención compromete a las instituciones a cooperar con la organización y mantenimiento de los archivos y documentación del INTA entre los años 1976 y 1983 y colaborar con la consolidación política del gobierno nacional de lucha por la memoria y contra la impunidad por las violaciones de los derechos humanos.
“Este convenio es el puntapié inicial”, indicó Salvarezza. “Me gustaría que se sumaran otros grupos y que se pudiera tener una visión global, para conformar una sola mirada sobre la política estratégica que aplicó la dictadura sobre el sistema científico y tecnológico”.
Según el presidente del CONICET, el proyecto que tuvo el gobierno militar fue separar el mundo académico de la realidad. “Había organismos como el INTA que trabajaban en la transferencia de conocimiento y eso se acabó con el proyecto militar”.
Para Casamiquela, hay una recuperación muy importante del tiempo perdido: “Hoy, recreamos estaciones experimentales, se multiplicaron las agencias de extensión, creamos cinco laboratorios de biotecnología en los últimos cinco años”. Y agregó que la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Agricultura fue fundamental, dado que “nos da una participación en las estrategias de desarrollo agropecuario muy importante”.

Colaboración recíproca

Desde el Instituto surgió la idea de plantear una Comisión de Reparación Histórica, y se solicitó al CONICET la posibilidad de contar con otros integrantes, becarios doctorales e investigadores, además de los propios trabajadores del INTA, para colaborar en el análisis, clasificación y archivo de la información.
Cecilia Gargano, historiadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y becaria doctoral del CONICET, explicó que “no sólo vamos a recopilar datos, sino a analizarlos: cómo funcionó la represión dentro del organismo y cómo se fueron modificando las agendas de investigación, de acuerdo a las políticas agropecuarias de ese entonces”.
El INTA es el único organismo que planteó este espacio de investigación ad hoc a esta problemática. “Dentro de la institución, el impacto fue fuerte, aparecieron nuevos datos y personas de las Estaciones Experimentales del interior del país se sumaron y manifestaron su intención de tener un espacio similar a este”.
El número total de cesantes fue de 794 personas, una quinta parte de la planta de aquel entonces. La cifra surgió de la consulta hecha a las planillas de la intervención militar. Con la investigación, “verificamos algunas disposiciones militares realizadas pocos días después de la intervención. Allí, encontramos un listado de los integrantes del organismo, diferenciados por lugar de trabajo, donde argumentan que van a ser dejados cesantes por razones de seguridad”.