Del silenciamiento a la memoria social

Como gran área del conocimiento, y en pos de intentar dilucidar los por qué y los cómo de procesos o acontecimientos suscitados a lo largo de la historia de la Argentina, las ciencias sociales y humanas resultan una fuente inagotable de información reveladora y actualizada para ayudar a comprender el pasado. De ellas se desprenden, por ejemplo, las que se embarcan en estudios relacionados con los Derechos Humanos (DDHH), quebrantados en muchas ocasiones por las fuerzas represivas dirigidas por los aparatos dictatoriales que funcionaron luego de los sucesivos golpes de Estado; en especial, el de 1976 que, encabezado por la figura de Videla, demolió los cimientos institucionales y democráticos sobre la premisa de “reorganizar” la Nación.

Un ejemplo de este tipo trabajos es el que realiza el Equipo de Estudios Sociales en Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES, CONICET-UNSE), que colabora con dependencias del Estado Nacional y y de la Provincia de Santiago del Estero, produciendo conocimiento sobre violencias estatales del pasado y del presente, a partir de estudios etnográficos y del análisis de fuentes documentales. El objetivo es aportar al avance en los juicios locales de lesa humanidad y lograr un Archivo Provincial de la Memoria; finalmente, y con la mirada puesta en el estudio del sistema judicial y penitenciario, contribuir a mejorar las intervenciones estatales en esos campos.

Un esfuerzo transdisciplinar e interinstitucional

Celeste Schnyder, investigadora del CONICET en el INDES, y Luis Garay, director del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), coordinan activamente desde 2014 este grupo de jóvenes profesionales del INDES, instituto del CCT NOA Sur con una tradición de décadas en estudios culturales en la provincia, la región y el mundo.

“El avance de los juicios de lesa humanidad en todo el país impulsó distintas formas de cooperación entre el sistema científico y universitario, la Justicia y los organismos de DDHH”, cuenta Schnyder, socióloga de profesión y con un doctorado en Ciencias Políticas bajo el brazo, y agrega que eso permitió acceder a fondos documentales y a testimonios que contribuyeron a conocer los procesos represivos perpetrados a nivel local. Clara muestra de ello son las vinculaciones que mantienen con el Ministerio Público Fiscal Federal (MPF), con el IEM y con organismos de DDHH, que derivaron en la rúbrica de convenios de investigación para echar luz sobre delitos que se acometieron durante la última dictadura dentro de las fronteras del mapa santiagueño.

Schnyder explica que el accionar represivo tuvo formas clandestinas y formas legalizadas, muchas de las cuales dejaron sus rastros en documentación originada por distintas fuerzas de seguridad o por el Poder Judicial -entre muchas otras dependencias públicas-, en cumplimiento de sus funciones durante la dictadura. Precisamente, sobre esa doble dimensión ponen énfasis Schnyder y el resto del equipo del INDES que, en junto con miembros del MPF y del IEM, deconstruyen las causas judiciales a través de tareas de relevamiento y análisis de documentos provenientes del Archivo del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de Santiago del Estero, clausurado en 2004 y hoy bajo custodia de la Justicia Federal. “Con la información recogida –indica la investigadora- se presentaron documentos con valor probatorio e informes técnicos; se desarrolló una base de datos para sistematizar la información reunida. La Fiscalía me convocó (bajo la figura del testigo de contexto) para prestar testimonio en los juicios de lesa humanidad”. Asimismo, añade, mediante análisis etnográfico de otros documentos estatales mostraron prácticas por las cuales las agencias penales “construían sujetos de intervención con objetivos represivos o de disciplinamiento social”.

En este marco, y gracias a la firma de un Convenio de Cooperación y Asistencia Científica y Tecnológica, celebrado en 2014 entre el equipo del INDES; el MPF; la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE; el Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero (IEM), y la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero, se presentó un proyecto de ley para la creación del Archivo Provincial de la Memoria. El objetivo, fundamenta la especialista, es conservar el fondo documental hallado en 2004, y que se trasladará a ese nuevo edificio y estará destinado a la memoria y la investigación histórica, una vez que concluyan los juicios de lesa humanidad en la provincia. Además, está próximo a iniciarse el trabajo de equipos especializados para la conservación de archivos (es necesario detener el deterioro de la documentación y preservar su integridad) y se articulan acciones con el Archivo Nacional de la Memoria, para la digitalización de documentos incorporados como prueba de las causas.  Sobre estas bases, el Gobierno de la Provincia anunció, el pasado 24 de marzo, la creación del Museo y Archivo de la Memoria.

“También partir del análisis etnográfico de los expedientes judiciales, colaboramos en la causa que investiga presuntos enterramientos clandestinos en el territorio provincial”, cuenta Schnyder, y agrega que se trata de material que contiene los procedimientos seguidos por las agencias judiciales/policiales durante las décadas del 70 / 80 acerca de hallazgos de restos sin identificar o caracterizados como NN. “La finalidad de nuestra tarea  es identificar posibles testigos, reconocer responsables o delimitar un perímetro para realizar posibles excavaciones”, explica

Asimismo, asume que las políticas de inversión en ciencia y tecnología permitieron la instalación de nuevas líneas de investigación, y, por ende, el ingreso de nuevo personal especializado a las filas del equipo. “De este modo fue posible que los estudios iniciales vinculados a Memorias y Terrorismo de Estado, y a violencias estatales, crecieran en número. Se hizo foco en el funcionamiento y en las prácticas de la Justicia Penal y del sistema penitenciario, y sobre distintas formas de activismo por los derechos humanos en la provincia”, afirma.

La intervención en la Comisión de la Memoria del CONICET

El Equipo de Estudios Sociales en DDHH integra formalmente la Comisión Regional de la Memoria del CONICET NOA Sur, creada en diciembre de 2021 La comisión está constituida por representantes de Tucumán, y de Santiago del Estero, y próximamente se sumarán los de Catamarca. Fue fundada con el afán de realizar la reparación documental de legajos de víctimas del terrorismo de Estado que se desempeñaban como trabajadores de la institución durante la última dictadura cívico-militar. En este sentido, la socióloga señala que ya iniciaron una investigación preliminar que les permitió identificar lo siguiente: “si bien en ese período no había trabajadores del CONICET que sufrieran esa situación, sí fue el caso de docentes, no docentes y estudiantes de la UNSE”, informa. Por esa razón, presentaron un proyecto de reparación (que debe cumplir aún con ciertas instancias para ser aprobado) al personal afectado. “El proyecto incluye un plan de relevamiento documental, la conformación de un equipo para la investigación documental con perspectiva de DDHH y el acompañamiento a los familiares de las víctimas, que serán reparados mediante la inscripción de los motivos reales por los cuales cesaron la relación con la universidad y con el CONICET”, explica Schnyder, y agrega que se hará respetando el protocolo de la Comisión por la Memoria y la normativa nacional sobre este tema. “Esperamos pronto poder concretar en la UNSE y con el CONICET NOA Sur esta iniciativa impulsada a nivel nacional para hacer un aporte más a la Memoria, la Verdad Histórica y la Justicia”, finaliza.