Por Fabiana Bekerman*
¿Qué ocurrió con la ciencia durante la dictadura iniciada en 1976? ¿Por qué el gobierno militar aumentó el presupuesto para ciencia y tecnología y destinó un cuantioso préstamo del BID a un programa de expansión y fortalecimiento del CONICET? ¿Qué relación existe entre ese proceso y el desmantelamiento académico y presupuestario en las universidades nacionales? ¿Por qué el gobierno de facto benefició al CONICET promoviendo un cambio estructural en el sistema científico nacional? ¿Quiénes elaboraron esas políticas y cuál fue el grado de autonomía existente al interior del organismo para ejecutarlas?
Estas y otras preguntas guiaron mi investigación doctoral desarrollada entre 2006 y 2010, cuyos principales hallazgos se encuentran disponibles en el libro “La investigación científica argentina en dictadura. Transferencias y desplazamientos de recursos (1974-1983)” y un conjunto de artículos científicos elaborados en base a un trabajo empírico de revisión, sistematización y análisis de un vasto corpus documental perteneciente al organismo durante ese periodo y entrevistas a informantes clave.
Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976 el CONICET fue intervenido por la Junta Militar al igual que el conjunto de las universidades nacionales y otras instituciones estatales. Para el Consejo significó el inicio de un periodo contradictorio, donde se desarrollaron dos procesos simultáneos. Por un lado, un fuerte disciplinamiento, depuración, control ideológico y la instalación de una dinámica autoritaria y deliberada en el manejo institucional. Por otro lado, un reordenamiento de los recursos presupuestarios a través de una transferencia desde las universidades nacionales hacia el CONICET, que provocó el desmantelamiento y desfinanciamiento de las primeras y la expansión del segundo; tendencia que se profundizó con la recepción del Préstamo BID II que estuvo destinado mayoritariamente a financiar el Programa de Creación de Centros Regionales en el CONICET.
Ambos procesos formaron parte de un mismo objetivo orientado a fortalecer y descentralizar el CONICET a costa del desmantelamiento académico, político y presupuestario de las universidades nacionales. Estos procesos provocaron un cambio estructural en el sistema científico que es visible en un fenómeno aún vigente y muy caro para las perspectivas futuras de la ciencia en Argentina: nos referimos a la escisión entre investigación y docencia.
Primer movimiento: disciplinamiento y contracción
Desde los inicios del gobierno militar se implementaron en el CONICET diversas medidas para expulsar investigadores, becarios y personal de apoyo por causas ideológicas, utilizando un conjunto de artilugios jurídicos. Se recurrió, por ejemplo, a dos leyes que permitieron extender al CONICET las bajas dadas en las universidades (Ley 21.260 “Baja de personal por razones de seguridad” y Ley 21.274 “Baja de personal por razones de servicio”). Además, se utilizó recurrentemente el Artículo 11 del Estatuto del CONICET que refiere a la baja por pérdida de lugar de trabajo y, en todos los casos, se aprovechó la vigencia de la Resolución del CONICET N0687 que establecía la arbitrariedad y confidencialidad de los procedimientos administrativos. Sumado a estos mecanismos, se registraron durante el periodo renuncias masivas de personal del CONICET sin motivo o justificación específica.
El proceso de depuración del personal fue simultáneo al reposicionamiento deliberado de agentes a partir del cual la conducción del CONICET quedó en manos de un reducido grupo de investigadores que fueron acumulando cargos y cuyos nombres comenzaron a repetirse en los distintos niveles de la jerarquía institucional: en las comisiones asesoras, en el directorio, en la Junta de Calificaciones para la carrera del del investigador científico y del personal de apoyo a la investigación, etc. El análisis del listado de investigadores que integraron los cuerpos directivos y asesores del CONICET desde 1976 nos mostró que la mayoría de sus miembros eran personas que ocupaban el cargo por primera vez y muchos de ellos figuraban entre quienes recibieron la mayor parte de los subsidios entregados por el Consejo durante esa etapa, algunos bajo el cargo de directores de Institutos, Centros, Programas o Proyectos y otros a título personal.
Efectivamente, un aspecto recurrente durante todo el periodo fue la concentración de los subsidios en un conjunto de institutos dirigidos por investigadores que ocupaban cargos jerárquicos (nueve de los trece miembros del Directorio eran, además, directores de un instituto). Simultáneamente, el proceso de asignación de subsidios estuvo vinculado con un mecanismo de desvío de fondos públicos a manos privadas, a través de fundaciones creadas ad-hoc para administrar Institutos del CONICET, transformándose en intermediarias de los subsidios que el Consejo otorgaba a esos institutos y siendo presididas, al mismo tiempo, por investigadores del Consejo. Con el reinicio de la democracia estas fundaciones fueron denunciadas.
Segundo movimiento: expansión y descentralización
La información presupuestaria que analizamos nos permitió confirmar que, una vez producido el disciplinamiento inicial en todo el espacio científico-universitario, las Fuerzas Armadas se propusieron quitarle a la educación superior toda vía de desarrollo de la investigación y encauzarla hacia el CONICET.
Desde mediados de los setenta, las asignaciones destinadas específicamente para actividades científicas y tecnológicas -concentradas en un ítem del Presupuesto General de la Administración Nacional denominado “Finalidad 8: Ciencia y Técnica” – comenzaron a incrementarse progresiva y sostenidamente, pero no se distribuyó de manera homogénea entre las distintas instituciones. Algunas de ellas comenzaron a perder participación, como fue el caso del INTA, el INTI y especialmente las Universidades Nacionales. En este último caso, se produjo una pérdida abrupta dado que en 1975 absorbían el 26% de los recursos de ese ítem y en 1976 pasaron a recibir el 8%. A lo largo del período militar las universidades continuaron con esta tendencia en baja y hacia 1983 percibían tan sólo el 7%. En el caso del Ministerio de Defensa, la CNEA y el CONICET el comportamiento fue diametralmente opuesto. Las asignaciones hacia el Consejo aumentaron del 10% a 13% entre 1974 y 1975 y hacia 1976 habían llegado al 25%. Este porcentaje se mantuvo en un promedio relativamente alto, siendo el pico máximo en 1981 con el 31%. Este incremento fue llamativo porque el CONICET no estaba vinculado directamente con objetivos militares como sí los mencionados anteriormente y porque es una institución dedicada a la investigación al igual que las universidades. La consecuencia inmediata de esta transferencia presupuestaria en la Finalidad Ciencia y Técnica -desde las universidades hacia el CONICET- fue el debilitamiento de los lazos existentes entre ambas instituciones y el aislamiento de la universidad respecto de las actividades científicas y tecnológicas.
Junto con el crecimiento presupuestario creció la planta de personal (investigadores, becarios y personal de apoyo) y se multiplicó la cantidad de institutos de investigación dependientes del CONICET, al tiempo que se inició un proceso de descentralización y expansión hacia las provincias. En noviembre de 1976, el organismo puso en marcha un Programa de creación de Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica (Resolución CONICET N0217/76) que recibió un fuerte impulso a partir de 1979 con la recepción de un cuantioso préstamo del BID. Como consecuencia, de 55 institutos existentes al inicio del periodo se alcanzaron más de 100 en 1983 y se crearon cuatro Centros Regionales. La magnitud de la política de expansión institucional y la ausencia de documentación relativa a su planificación nos condujeron a preguntarnos si la multiplicación de los institutos se había correspondido con el desarrollo real de áreas disciplinares y la formación de investigadores o si, por el contrario, algunos institutos habían funcionado como una especie de carcasa creados como resultado de intereses personales y sin sustrato real. Algunas características de la política de creación de institutos fueron: desarrollo diferencial según las disciplinas, crecimiento institucional que no se correspondió con los resultados científicos obtenidos ni con el capital académico de quienes dirigieron los institutos en algunas áreas disciplinares, consolidación de un tipo de institucionalidad extrauniversitaria dado que gran parte de los nuevos institutos fueron creados bajo dependencia exclusiva del CONICET o en convenio con asociaciones privadas sin fines de lucro, entre otras.
Una política científica con pies y cabeza
La investigación doctoral realizada nos permitió demostrar que el Estado militar actuó “desde arriba hacia abajo” unidireccionalmente a través de la intromisión directa en el campo científico, afectando la autonomía más elemental de este espacio. La política militar para la investigación científica utilizó al CONICET como su principal protagonista y a la creación de institutos y la descentralización como sus principales herramientas, provocando una reestructuración completa del campo científico que dio origen a una nueva estructura de relaciones. Sin embargo, ese mismo Estado también tomó partido, pero por inacción u omisión ofreciendo ciertos márgenes de libertad al interior del CONICET, “dejando hacer” a los grupos históricos con poder institucional y reposicionando nuevos grupos.
Contrario a los lugares comunes que fortalecen la idea según la cual el gobierno militar no habría elaborado planes y no habría tenido un proyecto más allá del elemento reactivo destinado a erradicar la subversión, creemos que hay evidencias suficientes para sostener que el gobierno militar iniciado en 1976 planificó y ejecutó una política científico-universitaria que fue elaborada no sólo desde las altas esferas de los comandos militares sino que se nutrió de acciones de grupos académicos que detentaban capital científico acumulado o que fueron dotados de poder de manera exógena pero que, en ambos casos, gozaban de un principio de confianza que atravesó los distintos niveles de la jerarquía institucional permitiéndoles tomar decisiones de política científica “desde abajo hacia arriba”.
*Dra. Fabiana Bekerman
Investigadora Adjunta – CONICET
INCIHUSA – CCT Mendoza
Profesora de Teoría Sociológica Contemporánea – UNCuyo.
CECIC Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento
Integrante de la Comisión de la Memoria del CONICET
https://cecic.fcp.uncuyo.edu.ar/
fbekeman@mendoza-conicet.gob.ar
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