CIENCIA, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Aporte de investigaciones del CONICET a la Justicia que reconoce a la masacre de Napalpí como un crimen de lesa humanidad

Por pedido de la Fiscalía, científicos y científicas del Consejo brindaron pruebas como testigos de contexto que resultaron claves para el juicio.


Foto: Gentileza Télam.

El juicio por la Masacre de Napalpí, el ataque a una comunidad indígena en la actual provincia del Chaco ocurrido en 1924, culminó en la ciudad de Resistencia donde aportes de investigaciones del CONICET fueron claves para la sentencia. Se trata de un hecho histórico, ya que es el primer juicio por la verdad referido a un crimen de lesa humanidad a comunidades originarias. Cabe destacar que la jueza Zunilda Niremperger dio como hecho probado que existió responsabilidad del Estado en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre y ordenó medidas reparatorias como la continuación del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona, la constitución de un sitio de memoria y la capacitación de las fuerzas federales y provinciales en el respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y acerca de la masacre de Napalpí.

Para llegar a tal veredicto, fueron relevantes los aportes de distintas investigaciones que se realizaron desde el CONICET. A través de testimonios y documentos que constan en la causa, la Justicia Federal tomó como pruebas los resultados de trabajos académicos de diversas disciplinas, como la historia, la antropología y la sociología. Entre ellos, Diana Lenton, Carlos Salamanca, Mariano Nagy, Mariana Giordano, Lena Dávila, Nicolás Iñigo Carrera y Hugo Trinchero.

“Nosotros llegamos a participar en el juicio por invitación de la fiscalía en 2014 a través de Diego Vigay, fiscal ad hoc de la justicia federal, aportando nuestras investigaciones porque hace muchos años que veníamos trabajando en forma conjunta con la Fundación Napalpí, con Juan Chico y en contacto con comunidades indígenas de la zona con quienes hacíamos trabajo antropológico e histórico. En virtud de esto, nos convocan. Es decir, fue con mucha antelación al juicio y basado en que siempre tenemos como premisa la devolución inmediata de nuestras investigaciones a las personas implicadas en los temas y el trabajo en colaboración en el diseño de nuestros proyectos”, explica Diana Lenton, investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA). Y agrega: “Lo vivimos con una gran alegría porque es una oportunidad única para nosotros, por la oportunidad de devolver a la sociedad y, especialmente a los sectores que vienen siendo sistemáticamente relegados, de una parte del conocimiento que adquirimos gracias a la Universidad pública y al CONICET, que es algo para lo cual nos venimos preparando desde hace muchos años y que fue posible también gracias a la iniciativa de organizaciones como la Fundación Napalpí que permiten que esto tenga una aplicación concreta”.

En cuanto a su participación, Lenton expresa: “A mí me llamaron para aportar un marco teórico general acerca del genocidio de los pueblos originaros en Argentina desde una perspectiva histórica que incluya desde las campañas militares de apropiación de los territorios indígenas y de expulsión de dichas poblaciones de sus territorios a fines del siglo XIX y sus derivaciones hasta la actualidad de esas violencias estatales en la vida cotidiana de los indígenas que fueron sometidos, distribuidos y/o concentrados en la política de reducciones durante el siglo XX, incluyendo prácticas que son consecuencia del genocidios, como el racismo y las violencias de género y contra las infancias, por ejemplo”.

Por su parte, Mariano Nagy, investigador del CONICET en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue convocado por la fiscalía en función de sus investigaciones en el organismo referidas a la historia del concepto de genocidio y a los campos de concentración de indígenas en Argentina. “Mi declaración buscó contextualizar Napalpí como una masacre que tuvo lugar en el marco de un proceso genocida de la población originaria, en una periodización de mayor alcance, que se inició en la segunda mitad del siglo XIX, y que incluyó todos los avances, tratados y convenios internacionales que se firmaron para humanizar los usos bélicos, atender a los heridos, tratar a los prisioneros y juzgar a los criminales, acuerdos a los que nuestro país había suscripto y en los que había participado con antelación a 1924, cuando fue la masacre”, explica Nagy.

La participación del investigador que retomó el fiscal Federico Carniel en su alegato, es que cuando se produjo la masacre, el delito que luego se denominó genocidio ya existía con otras denominaciones reconocidas en el derecho internacional y que Napalpí, al tratarse de una acción criminal contra un colectivo “discriminado”, un grupo étnico, se encuadra en la caracterización de genocidio.

Otra contribución relevante fue la de Carlos Salamanca, investigador del CONICET en el Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, quien enmarcó sus aportes sobre Napalpí subrayando que diferentes investigaciones demuestran que las prácticas genocidas, los genocidios y los delitos de lesa humanidad contra los pueblos indígenas son propios a la historia de casi todas las repúblicas latinoamericanas y de alguna manera propios a sus procesos de constitución. En esa misma línea, los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1924 contra los indígenas Qom y Moqoit, estarían lejos de ser excepcionales, tanto en lo que se refiere al contexto chaqueño como nacional en el que la llamada Conquista del Desierto, liderada por Roca, constituye su principal antecedente.

En el contexto local y regional, y apoyado en su trabajo antropológico y etnográfico, Salamanca ofreció elementos para demostrar los efectos sociales y territoriales de lo que denomina “la violencia colonial” ejercida en Napalpí. De acuerdo con los testimonios recopilados por el investigador, para los actuales habitantes de Colonia Aborigen Chaco, hablar de “la masacre” implica referirse a todo un sistema de prácticas explotación laboral, medidas coercitivas, discriminación y violencia que se desplegaron por décadas en un universo socioterritorial del que la Reducción era uno de los principales epicentros. Finalmente, Salamanca llamó a arbitrar los medios necesarios para que los actuales habitantes del lugar puedan hacer de ese lugar de violencia que fue Napalpí, un sitio de memoria transformadora que haga audibles sus demandas de memoria, verdad y justicia.

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