Un núcleo interdisciplinario para problematizar “el otro lado” del universo jurídico y carcelario

¿Qué tienen en común la Antropología con el Derecho? Leticia Barrera, Natalia Ojeda y Andrea Lombraña son tres científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que vienen de esos universos que parecieran disímiles, pero hicieron que sus caminos confluyeran en el Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones (NESDI). Es un grupo interdisciplinario que crearon en diciembre de 2017 para abordar, desde la normativa pero también desde la praxis, al Derecho y sus instituciones, y se incorporó recientemente al Programa Nacional Ciencia y Justicia con el objetivo de ofrecer aportes al mundo jurídico desde las Ciencias Sociales.

“Estamos más acostumbrados a que un psiquiatra, un psicólogo, un perito balístico contribuyan con su saber a la Justicia, pero las Ciencias Sociales también tienen mucho para dar”, advierte Ojeda, que es doctora en Antropología y estudia la mujer en el mundo carcelario. “Podemos complejizar la realidad que miramos y ofrecer una mirada distinta sobre la propia práctica de la Justicia y de los funcionarios judiciales. Para que se entienda mejor por qué pasan las cosas que pasan en las cárceles y en los dispositivos jurídicos. La idea no es quedarse solo con la letra del expediente. Si un caso tiene mucha repercusión social, eso va a influir en los peritos, en el juicio, en los discursos. Eso aporta datos. El campo jurídico es vasto y dinámico, y los límites son muy lábiles. Todo está vinculado. De ahí el NESDI”, agrega Barrera, que es doctora en Derecho, pero su camino en temáticas de Antropología Jurídica se inició con un trabajo etnográfico sobre la Corte Suprema Argentina, en el que estudió las prácticas cotidianas y rutinarias burocráticas –como por ejemplo la circulación de expedientes-, y su impacto en los sujetos y los actores del Derecho.

En rigor, el NESDI es un espacio de intercambio, reflexión y producción colectiva que persigue consolidar conceptual, epistemológica y metodológicamente las prácticas de los actores del Derecho y su contexto sociocultural como un campo de indagación dentro de los estudios sociojurídicos locales. Para eso, se enfocan no solamente en la dimensión formal e institucional, sino también en analizar el lenguaje, las ideas, los mecanismos informales y las tramas de relaciones en las que se inscriben las prácticas jurídicas.

Está integrado por más de veinte investigadores, becarios y estudiantes de grado provenientes de carreras como Antropología, Abogacía, Sociología, Trabajo Social, Filosofía, y también por estudiantes de grado detenidos en la Unidad Nº 48 de José León Suárez. Pertenecen al Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en donde las tres investigadoras creadoras de este núcleo desarrollan su tarea académica.

Caminos que confluyeron

 “Estamos convencidas de que en la estadía prolongada de cientistas sociales del CONICET en espacios como cárceles o despachos judiciales, una ve la trama de cómo ocurren las cosas, cómo circulan, y empieza a entender por qué ciertas cosas suceden de determinada manera. Eso, a fin de cuentas, permite tomar mejores decisiones respecto a esos lugares”, señala Lombraña. Ella es doctora en Antropología y como investigadora se centró en un abordaje etnográfico sobre políticas públicas en seguridad ciudadana y salud mental, en torno a la figura de “emoción” en el derecho penal y la figura de los “inimputables”. Justamente, en su experiencia, ella pensaba que aquellos sujetos que eran declarados inimputables tenían atenuaciones en su responsabilidad penal, pero al analizar las causas judiciales –y pasar una “estadía prolongada” analizando esos expedientes- encontró que, lejos de ser un “beneficio”, en la praxis esa declaración termina perjudicando a los sujetos, ya que no reciben una pena pero sí una medida de seguridad, que los expone a pasar mucho más tiempo en los servicios psiquiátricos del Servicio Penitenciario del que hubieran pasado detenidas si le hubieran declarado culpables. “El sentido común en el ámbito del Derecho dice que el inimputable ‘zafa’. Pero al analizar las causas fui desarmando la idea de beneficio. En el trabajo empírico, vi una forma de mostrar cómo ocurren las cosas, desarmar cierto sentido común compartido por los actores del poder judicial, abogados e incluso en profesionales de la salud mental que tratan a estas personas”.

Ese cambio de perspectiva a través de la indagación también les pasó a las otras dos investigadoras que participan del NESDI. En ese sentido, Ojeda recuerda que en su devenir como investigadora en las cárceles de mujeres le sorprendió, por ejemplo, que haya un alto porcentaje de reclusas que no se hiciera los controles de PAP y colposcopía. “Cuando empecé a indagar sobre esa cuestión, estaba segura que algún sentido tenía que tener para esas mujeres no hacerlo. Esto sucedía pese a las campañas de prevención. ¿Por qué? Indagando en la historia de vida de las mujeres reclusas, en su sexualidad y los problemas vinculados a la crianza de los niños en la cárcel, pude ver que había mujeres que nunca habían ido al médico. También entendí que el cuerpo en la cárcel no es lo mismo que en otros espacios. Para esas mujeres había un sentido en no hacerse los chequeos, por más de que se les insistiera. Entonces mi trabajo se trataba de visibilizar los sentidos que para estas mujeres tenía el encierro”, apunta.

En el caso de Barrera, en sus estudios sobre la práctica y el saber jurídico siempre intentó correrse del lugar estigmatizante de que la burocracia judicial solamente obstaculiza. “Si una se pone en la situación de deber ser, siempre está anteponiendo los ideales sobre cómo debería funcionar una institución, un determinado órgano del Estado, y ahí te perdés el cómo sucede realmente. Yo más bien me pregunté qué tipo de relaciones, tramas, dinámicas, existen para hacer posibles determinados comportamientos y situaciones. No era que renunciara a mis ideales, sino más bien los ponía en suspenso para analizar el problema con la densidad necesaria, ingresar al campo para ver el funcionamiento, tratar de reconstruir, analizar, interpretar. Puntualmente descubrí el rol que asumen actores que son secundarios, qué lugar tienen en la producción del saber jurídico que circula en Tribunales, particularmente en la Corte Suprema. A su vez, cómo en ese rol, esa práctica cotidiana de vincularse con expedientes, pasárselo a otro, circularlos, impacta en su subjetividad y contribuye a construir  determinadas posiciones frente sus pares”.

En ese sentido ligado a desarmar el sentido común y complejizar la realidad, quienes conforman el NESDI se reúnen periódicamente –alternan sus encuentros en el edificio Volta, sede del IDAES en la Ciudad de Buenos Aires, en la  Facultad de Sociales en el campus Miguelete de la UNSAM, y en la propia sede universitaria asentada en la cárcel de José León Suárez- para discutir sus trabajos de investigación y otras temáticas sociojuridicas que ocupan la agenda pública. El propósito de este grupo es consolidar una línea de trabajo colectiva, comprometida con un abordaje del fenómeno jurídico que contribuya a pensar el Derecho y su andamiaje institucional -tribunales, cárceles- en relación con los actores y el contexto.

“Pensamos el Derecho no solo como el monopolio del uso legítimo de imponer una verdad, sino vinculado a todo eso otro que pasa dentro del ámbito de lo judicial y la cárcel. La idea de fondo es mostrar la trama cotidiana que construye al ámbito jurídico”, concluye Lombraña.