Políticas penales, políticas de control y gestión de riesgos dirigidas hacia adolescentes y jóvenes en la Argentina.

GUEMUREMAN SILVIA

ROSARIO

Congreso; XI congreso Argentino de antropología social (CAAS); 2014

FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNR

Se propone abordar el despliegue de políticas públicas dirigidas hacia adolescentes y jóvenes cuya vulnerabilidad social los hace susceptibles de ser seleccionados por distintas instancias administrativas encargadas de mantener el orden social atendiendo e interpretando las demandas y sensibilidades sociales. Entre estas instancias, las agencias de control social penal, como la policía, la justicia y la cárcel constituyen eslabones privilegiados, pero no son las únicas instancias que tienen ingerencia en la vida de los adolescentes y jóvenes procedentes de sectores vulnerables con dudosa probabilidad de inclusión social, lo que los configura como potencialmente peligrosos de los que hay que defenderse, o preservarse. Las políticas sociales orientadas a la prevención adquieren nuevas legitimidades arrancadas al desprestigio de las políticas criminales fundamentalmente ancladas en lo punitivo y disociadas de medidas proactivas tendientes a revertir los problemas que están en el origen de las situaciones de vulnerabilidad. La circunstancia de que dichas políticas de prevención aun se encuentren enmarcadas en programas de prevención de delito es solo un indicador de la dificultad de prescindir de la asimilación entre jóvenes peligrosos y jóvenes delincuentes mancomunados por objetivas situaciones de riesgo, dificultad que se expresa a la hora de diseñar políticas públicas dirigidas hacia estas franjas etáreas. A esta dificultad se añade la fuerte tensión que deriva de la consagración de un marco legal de protección integral de derechos para niños, niñas y adolescentes en el nivel normativo-prescriptivo y un contexto de exclusión social.En este escenario la presente propuesta se propone analizar cuatro dimensiones del control socio penal sobre adolescentes y jóvenes en su despliegue efectivo en Argentina: las políticas penales, de seguridad y de "gestión de riesgos" expresadas en el nivel de producción normativa y dispositivos institucionales de programas públicos gubernamentales, la administración de justicia, el entramado institucional de restricción de libertad y el control socio-territorial a través de la/s policías y demás fuerzas de seguridad con intervención en territorio.