: “Dispositivos de privación de libertad y lógica de gobierno intramuros para adolescentes: laberintos de derechos sin sujetos”

GUEMUREMAN, SILVIA; FRIDMAN, DENISE; GRAZIANO, FLORENCIA; JOROLINSKY, KAREN; LOPEZ, ANA; PASIN, JULIA; SALGADO, VANESA

SALTA

Encuentro; II Reunión Nacional de Investigadores/as en Juventudes; 2010

RED DE INVESTIGADORES EN JUVENTUD Y FACULTAD DE HUMANIDADES DE SALTA

Partimos de la idea de que las denominadas “políticas de seguridad” y en este caso en particular la política criminal, es parte fundamental del entramado de las políticas públicas dirigidas a un sector de la población que se denomina “juvenil”, no obstante la etiqueta esconde, como mínimo, una particular condición de clase que acompaña a los adolescentes y jóvenes destinatarios de este tipo de políticas públicas. La ley provincial 13.634, sancionada en diciembre de 2006, y puesta en marcha en forma gradual a partir de julio de 2008, regula en la Pcia. de Buenos Aires el funcionamiento del Fuero Penal Juvenil, creado por la mencionada disposición, y el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Pese a cierto consenso acerca de las bondades de esta normativa, en tanto aparentemente respetuosa de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás normativa internacional, y no obstante la misma  estipula que la privación de libertad para niños, niñas y adolescentes (entendidos como personas de hasta 18 años de edad) debe ser una medida excepcional y por el menor tiempo posible, esto no se ha verificado en términos cuantitativos en la jurisdicción estudiada. En este marco, nos proponemos entonces indagar sobre la situación de los adolescentes detenidos en instituciones penales cerradas de máxima seguridad de la Provincia de Buenos Aires, desde la puesta en vigencia de la ley 13.634, con la intención de problematizar aquellos discursos que sostienen, de manera más o menos explícita, una traducción lineal de la normativa en el ámbito social concreto o, lo que es lo mismo, que la solución de problemáticas sociales se sustenta en gran medida en la sanción de nuevas leyes. Entendemos que los adolescentes presos en “institutos de menores” continúan conformando  una parte importante del universo penal provincial, asumiendo relevancia en términos de política criminal y con especial atención a las especificidades que asume el poder de castigar para este conjunto etario, que representa el límite a “a partir del cuál” el estado despliega dispositivos de penalización y castigo, límite que por otra parte se encuentra actualmente en discusión, de modo tal que esperamos que este relevamiento pueda contribuir a nutrir los análisis de los decisores con respecto a esta cuestión. A fin de describir las condiciones de detención,  presentaremos una selección de resultados del relevamiento cuanti-cualitativo llevado a cabo durante el segundo semestre de 2009 en 3 institutos penales de la Provincia de Buenos Aires[1]. Dicho relevamiento se inscribe en el plan de trabajo del Proyecto POLÍTICAS PENALES Y DE SEGURIDAD DIRIGIDAS HACIA ADOLESCENTES Y JÓVENES. COMPONENTES PUNITIVOS, ENTRAMADOS PROTECTORIOS E HISTORIAS DE VIDA. PASADO, PRESENTE Y FUTURO[2]. Al respecto, se realizaron encuestas a más del 50% de los jóvenes privados de libertad en los “institutos” relevados, así como registros de campo y entrevistas más o menos formales con los directivos y “asistentes de minoridad” empleados en esas instituciones. La pretensión de este trabajo consiste entonces en poner en discusión las prácticas, rutinas y procedimientos institucionales que configuran la administración del castigo estatal penal sobre los más jóvenes. Investigar el despliegue “real” de las instituciones de castigo supone describir y de-velar aquello que allí acontece, por veces naturalizado, por veces negado y -también por veces- estratégicamente ignorado. Conocer las rutinas institucionales necesariamente pone en tensión los principios de “responsabilización” que dan sentido jurídico-conceptual a la pena juvenil, frente a programáticas institucionales que en mayor medida se asemejan a principios de neutralización y desactivación de las subjetividades adolescentes, allí entrampadas y no pocas veces, arrasadas [1]La investigación estuvo coordinada por Alcira Daroqui: “El “programa” de gobernabilidad penitenciaria: Un estudio sobre el despliegue del régimen disciplinario-sanciones y aislamiento, los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y agresiones físicas institucionalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense” y se encuentra anclada en un acuerdo interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones Gino Germani (sede del GESPYDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (sede del  Comité contra la Tortura). Esta investigación dio soporte y acceso a relevamientos previstos en proyectos varios del GESPYDH y del Observatorio de Adolescentes y jóvenes, de allí que los resultados presentados nutran, en este caso, el Proyecto PIP. [2] Proyecto PIP/ Conicet GI 1122009010006501 (2010-2012), dirigido por Silvia Guemureman y Marisa Herrera.